La detención de la denominada “Rímolo chaqueña” volvió a poner en foco un caso que generó fuerte impacto en el sistema de salud del norte argentino. Se trata de Lidia Mabel Ojeda, una profesora de plástica acusada de ejercer ilegalmente la medicina, quien fue arrestada en el partido bonaerense de Tres de Febrero.
El operativo fue realizado por la Policía de la provincia de Buenos Aires y, tras los procedimientos de rigor, la mujer será trasladada en las próximas horas a la provincia del Chaco, donde avanza la investigación judicial.
Ojeda está imputada por usurpación de título y honores, una figura contemplada en el Código Penal que prevé penas de entre 15 días y un año de prisión.
Según la investigación, la mujer habría trabajado en la guardia del hospital de la localidad de Quitilipi, desempeñándose como médica sin contar con formación ni habilitación profesional. Según se indicó, llegó a recetar medicamentos y a firmar actas de defunción, y hasta podría estar involucrada en la muerte de pacientes.
La causa en su contra se inició cuando una enfermera comenzó a sospechar de sus conocimientos profesionales y lo informó al director del hospital de Quitilipi, quien a su vez transmitió esas inquietudes a su superior, el director de Zona Sanitaria II, Orlando Di Núbila. Al verificar los datos de la supuesta médica, Di Núbila se encontró con que la matrícula MP 6822, con la que Ojeda atendía a los pacientes, pertenecía en realidad a otro profesional, el doctor Horacio Daniel Vázquez, según el Ministerio de Salud Pública. Por ese motivo, decidió hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales.
El fiscal subrogante de la causa, Gustavo Valero, solicitó su traslado inmediato a la provincia para continuar con el proceso judicial.
Una causa que podría agravarse
El expediente principal está a cargo del fiscal Marcelo Soto, quien se encuentra de licencia y retomará sus funciones en los próximos días.
Sin embargo, en las últimas horas surgió un elemento que podría complicar la situación judicial de la acusada: la denuncia del hijo de un paciente que falleció en diciembre pasado mientras Ojeda se encontraba de guardia. Este hecho abre la posibilidad de una nueva imputación por homicidio culposo, lo que elevaría considerablemente la gravedad del caso.
La defensa de la acusada está a cargo de los abogados Felipe Fontanetto y César López, quienes fueron designados recientemente. En los próximos días, la Justicia deberá avanzar en la recolección de pruebas y determinar si se amplían los cargos en función de los nuevos elementos incorporados a la causa.
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