El histórico conflicto por la denominada "aduana paralela" de Misiones escaló a una batalla judicial de proporciones federales. El Grupo Las Marías, con sede en la localidad de Gobernador Virasoro, inició una demanda contra el gobierno misionero cuestionando la constitucionalidad de los regímenes de pago a cuenta de Ingresos Brutos (IIBB), cuya desproporción —afirma la empresa— pone en jaque su plan de inversiones en Corrientes.
Según consta en el expediente, la firma líder en la producción de yerba mate y té detalló que la Agencia Tributaria de Misiones le detrae mensualmente un promedio de $333 millones mediante retenciones bancarias, frente a una obligación real de apenas $2 millones.
Al sumar otros conceptos como anticipos por ingreso de mercadería y percepciones, la cifra anualizada de pagos adelantados asciende a $7.171 millones, lo que representa un 30.718% por encima de su impuesto definitivo.
"Equivale a 307 años de impuestos adelantados", contrastó la firma en su presentación, subrayando lo absurdo de la cifra frente a los 99 años de duración que tiene la empresa por estatuto.
Freno a la producción y "gravedad institucional"
El conflicto trascendió lo estrictamente contable para transformarse en un choque político entre provincias. El Gobierno de Corrientes se presentó en la causa como "tercero interesado", adhiriendo al reclamo de Las Marías.
Desde el Ejecutivo correntino alegan que la voracidad fiscal de Misiones "anula" los planes de expansión yerbatera en territorio correntino, afectando la autonomía provincial y la generación de empleo local.
Las Marías sostuvo que esta "exacción" le impidió cumplir con cronogramas de inversión ya comprometidos en programas de desarrollo productivo impulsados por la gestión de Corrientes.
La provincia, por su parte, advirtió que la situación genera riesgos en su sistema financiero y constituye un caso de "gravedad institucional" al afectar el sistema de liquidación de divisas.
El laberinto judicial: de Libres a la Corte Suprema
La causa tuvo un recorrido sinuoso. Inicialmente, el Juzgado Federal de Paso de los Libres dictó una medida cautelar a favor de la empresa, frenando el cobro de los anticipos. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones intervino declarándose competente y anulando dicha protección, lo que volvió a activar la carga impositiva sobre la firma correntina.
Actualmente, el expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Procuración General ya dictaminó que el Máximo Tribunal debe abocarse al caso, dado que se trata de una puja que involucra los intereses de dos provincias y afecta la libre circulación de bienes.
Tras pasar por la Secretaría de Asuntos Originarios, la causa entró en el giro de las vocalías de los ministros de la Corte, quienes deberán definir si ponen límites al sistema recaudatorio misionero.
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