En un contundente golpe contra el tráfico de fauna íctica, las fuerzas de seguridad y autoridades ambientales lograron desbaratar el miércoles una operación de transporte ilegal de pescado en la localidad correntina de Ituzaingó. El operativo culminó con el secuestro de unos 720 kilos de especies protegidas, entre las que se destacaban ejemplares de dorado y surubí, cuya comercialización es ilícita en todo el territorio provincial.
El procedimiento comenzó tras un aviso del destacamento Filadelfia de la Gendarmería Nacional, que durante un control preventivo sobre la Ruta Nacional 12 identificó irregularidades en la documentación de un camión Mercedes Benz Accelo 815.
El vehículo, que transportaba carga en un furgón térmico, había partido de Bella Vista y tenía como destino final la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones.
Resistencia y orden judicial
Ante la sospecha, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó y agentes de Recursos Naturales se trasladaron hasta la intersección de las rutas nacionales 12 y 120, en el paraje Santa Tecla, donde interceptaron el rodado.
En un momento de alta tensión, el conductor y su acompañante se atrincheraron en el vehículo y se negaron inicialmente a permitir la inspección. Ante esta situación, el fiscal Ramón Eugenio Balbastro y el juez de Garantías Néstor Óscar Anocíbar debieron emitir una orden judicial de registro y secuestro para que las autoridades pudieran avanzar con la verificación.
El botín del decomiso
Una vez habilitado el procedimiento, el hallazgo fue significativo. Dentro del furgón térmico se constató la presencia de un cargamento de gran valor ecológico que incluía:
- 20 surubíes de aproximadamente 1,30 metros (sin cabeza).
- 20 dorados enteros de diversos tamaños.
- 8 cajas de boga cortada, además de otras especies menores.
El total de la carga decomisada alcanzó los 720 kilos. La mercadería y el camión fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Dirección de Recursos Naturales, mientras se sustancia la causa por infracción a la normativa vigente que protege los recursos hídricos de Corrientes.
El caso pone nuevamente en el centro del debate la presión que sufren las especies protegidas en el sistema fluvial de la provincia, fundamentalmente por el mercado negro que se alimenta de la demanda en provincias vecinas.
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