Las transferencias del Estado chaqueño a fundaciones, las posteriores extracciones de efectivo y la adquisición de vehículos a nombre de terceros fueron parte del circuito que la Justicia federal reconstruyó para condenar a Lucas Alexis Torales Cordeiro, conocido como el “Piquetero VIP”. El Tribunal Oral Federal de Resistencia le impuso este martes cinco años de prisión por lavado de activos agravado, tras un acuerdo en el que admitió los hechos y su responsabilidad.
La sentencia fue dictada por el juez Enrique Jorge Bosch, quien también condenó a José de Jesús Torales y Marcos Gabriel Torales Cordeiro a tres años de prisión de ejecución condicional, como partícipes secundarios. Los tres deberán responder solidariamente por una multa equivalente al doble del valor de los bienes involucrados en el lavado, cuyo importe aún debe establecerse.
El tribunal tuvo por acreditado que la operatoria buscó dar apariencia legítima a fondos provenientes de actividades vinculadas con fraude a la administración pública provincial. Para ello se utilizaron compras de bienes, depósitos, transferencias y colocaciones financieras que no encontraban respaldo suficiente en los ingresos declarados.
Cuatro fundaciones y más de $231 millones en transferencias estatales
La investigación examinó los movimientos de Árbol de la Vida, La Revolución, 11 de Febrero y Jóvenes Líderes, cuatro fundaciones vinculadas con Lucas Torales. De acuerdo con la documentación reunida, esas organizaciones recibieron más de $231 millones del Estado chaqueño entre 2019 y 2023.
Los investigadores identificaron una secuencia que se repetía: ingresaban pagos electrónicos provenientes de la Provincia, se retiraba dinero en efectivo de las cuentas de las entidades y luego aparecían depósitos y transferencias en la cuenta personal del principal acusado.
Los informes detallaron extracciones realizadas por Torales por $50.627.000 de Jóvenes Líderes, $43.670.820 de Árbol de la Vida y $6.869.400 de La Revolución. También registraron acreditaciones en sus cuentas por más de $32,7 millones durante 2024, entre ellas unos $16,9 millones correspondientes a un plazo fijo.
El análisis patrimonial y fiscal detectó, además, inconsistencias en la actividad de las organizaciones. En Árbol de la Vida y Jóvenes Líderes había diferencias entre la facturación emitida y recibida, además de una estructura de bienes y personal insuficiente para las tareas declaradas. En La Revolución, los retiros de efectivo se acercaban al total de los pagos estatales.
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Otra parte de la documentación abordó operaciones de comercialización de cesiones de ocupación de tierras fiscales y de soluciones habitacionales financiadas con recursos provinciales, canalizados a través de las fundaciones.
Autos registrados a nombre de otros y movimientos con dólares y criptomonedas
La utilización de vehículos inscriptos a nombre de los demás acusados fue otro de los elementos considerados por el tribunal. La Justicia estableció que Lucas Torales usaba un Honda Civic y una Ford Territory registrados a nombre de José de Jesús Torales, además de otro Honda Civic cuya titularidad correspondía a Marcos Gabriel Torales Cordeiro.
Las tareas de investigación y los registros migratorios permitieron verificar el uso de esos vehículos y viajes a Paraguay y Brasil. En el caso de la Territory, Lucas figuraba también como tomador del seguro, mientras que no se había aportado documentación suficiente para justificar los fondos utilizados en la compra.
El expediente reunió asimismo informes sobre visitas con bolsos a domicilios donde se efectuaban operaciones cambiarias, compras de dólares, traslados a Paraguay y adquisición de criptomonedas USDT, con su posterior conversión a pesos.
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Para Bosch, la continuidad de las operaciones y la intervención coordinada mediante una estructura familiar y de fundaciones justificaron los agravantes de habitualidad y organización. Dentro de ese funcionamiento, atribuyó a Lucas Torales el control de las maniobras.
El reconocimiento de los acusados y las penas
El acuerdo de juicio abreviado fue presentado en una audiencia el 29 de septiembre. Según consignó la sentencia, los tres acusados aceptaron el procedimiento con asistencia de sus defensores y reconocieron los hechos, sus respectivas participaciones y la calificación jurídica convenida.
El juez aclaró que esa admisión no bastaba por sí sola para condenarlos. Antes de homologar el acuerdo, evaluó los informes bancarios, fiscales y patrimoniales, junto con los aportes de la Unidad de Información Financiera (UIF), y consideró que las pruebas respaldaban las responsabilidades reconocidas.
En el caso de José de Jesús Torales y Marcos Gabriel Torales Cordeiro, el acuerdo implicó una modificación en el grado de intervención: habían llegado a esa instancia acusados como partícipes necesarios y recibieron condenas como partícipes secundarios.
Lucas Torales permanece detenido en la Unidad 7 de Resistencia. Para establecer las penas, el magistrado valoró la cantidad y duración de las operaciones y la función de cada acusado, así como la ausencia de antecedentes condenatorios y el reconocimiento de los hechos.
Los otros dos condenados conservaron la libertad y deberán cumplir reglas de conducta durante tres años, entre ellas mantener actualizado su domicilio, no abusar del alcohol ni consumir estupefacientes y no cometer nuevos delitos. Además de la multa solidaria, la sentencia dispuso el decomiso de una motocicleta Honda Wave de José de Jesús Torales.
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