Las imágenes de un operativo policial contra una familia qom en Chaco tuvieron repercusión nacional durante el aislamiento por la pandemia. Más de seis años después, diez efectivos comenzaron a ser juzgados este lunes en Resistencia por su presunta responsabilidad en los hechos: desde el ingreso sin orden judicial a una vivienda hasta las agresiones que, según la acusación, continuaron en una dependencia policial.
El debate se desarrolla ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. Allí se examinará la actuación de los agentes involucrados en el procedimiento del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, una localidad del Gran Resistencia.
Las imputaciones incluyen vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, detención ilegal, falsedad ideológica y encubrimiento agravado, con diferentes cargos según la participación atribuida a cada acusado.
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De la vivienda a la comisaría: qué se investiga
La reconstrucción de la acusación sitúa el inicio del operativo alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando policías de la Comisaría Tercera de Fontana llegaron a la casa de Elsa Fernández. La mujer estaba con sus hijos, varios de ellos menores de edad.
Según esa hipótesis, los efectivos irrumpieron sin autorización judicial y agredieron física y verbalmente a los integrantes de la familia. El procedimiento terminó con dos varones y dos mujeres detenidos, entre ellas una adolescente, que fueron trasladados a la comisaría.
Los testimonios incorporados al expediente describen una continuidad de los abusos dentro de la dependencia. Las víctimas denunciaron golpes de puño, patadas, amenazas de muerte e insultos racistas y discriminatorios.
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Entre las pruebas que deberá evaluar el tribunal hay grabaciones del operativo y registros de las cámaras de seguridad de la comisaría. La difusión de imágenes de aquella madrugada contribuyó a que el caso trascendiera la provincia en 2020.
Qué cargos enfrentan los diez policías
El expediente llegó al debate oral con acusaciones diferenciadas. Cristian Eduardo Foschiatti enfrenta cargos por allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, detención ilegal y falsedad ideológica agravada por su condición de funcionario público.
A Sebastián Alberto Vallejos se le atribuyen vejaciones y falsedad ideológica agravada, mientras que Claudia Beatriz Lucena está acusada de encubrimiento agravado y detención ilegal.
Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Omar Benítez y Cristian Ariel Flores serán juzgados por allanamiento ilegal y vejaciones agravadas. Los otros cuatro imputados, Sofía Daiana González, Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres y Diego Adrián Latorre, enfrentan cargos por vejaciones agravadas.
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El juicio deberá establecer la responsabilidad individual de cada efectivo a partir de los testimonios y las pruebas presentadas durante las audiencias.
Las postergaciones y el reclamo de las víctimas
El comienzo del proceso estuvo precedido por sucesivas demoras. Aunque la causa había sido elevada a juicio años atrás, las fechas previstas para el debate durante 2026 sufrieron modificaciones.
La última suspensión ocurrió cuando faltaban pocas horas para la audiencia programada para el 22 de septiembre. Un cambio en la defensa de Cabrera llevó a su nuevo abogado a solicitar tiempo para estudiar el expediente. El tribunal fijó entonces el inicio para este lunes 5 de octubre.
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que interviene como querellante institucional, cuestionó las postergaciones y reclamó un abordaje con perspectiva de derechos humanos e intercultural.
El organismo también advirtió públicamente sobre el temor que mantienen las víctimas, al señalar que algunos de los acusados continuaron integrando la fuerza policial durante estos años.
Una intérprete qom y la participación de Amnistía Internacional
El tribunal está presidido por Dolly Fernández e integrado también por Cristina Pisarello y Ernesto Azcona.
En el proceso intervienen Guillermo Cuellar, por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura; Maximiliano Almirón, por la Secretaría de Derechos Humanos y Género; y la defensora oficial Karina Paz, en representación de las víctimas.
Las audiencias cuentan con Yolanda González como intérprete de lengua qom. Además, Amnistía Internacional Argentina participa como “amicus curiae”, una figura mediante la cual puede presentar argumentos y aportes al tribunal sin asumir el carácter de parte.
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