Treinta años después, la pregunta sobre la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no es cuánto de su texto se cumplió. Es más incómoda: ¿la Ciudad que construimos se parece a la que esa Constitución se propuso instituir?
Una Constitución no es solamente una carta de derechos ni un catálogo de instituciones. Es un acuerdo sobre cómo una comunidad distribuye el poder para hacer efectivas las libertades y capacidades de quienes la integran. Por eso, revisar estos treinta años exige mirar menos las normas y más la realidad que produjeron –o que no pudieron producir–.
La Constitución porteña nació de un momento político difícil de imaginar hoy. Fue aprobada por unanimidad, en un clima de acuerdos, conflictos y audacias que atravesaban a todas las fuerzas. De aquel sistema político queda poco. También se debilitó el imaginario igualitario y participativo que acompañó aquel proceso.
Hay tres cuestiones desde las cuales evaluar lo ocurrido: el autogobierno efectivo, la igualdad sustantiva de la ciudadanía y el equilibrio social y territorial.
La autonomía jurídica avanzó. La Ciudad tiene instituciones propias, produce normas y administra enormes recursos. Pero autogobernarse significa algo más: tener capacidad material para ejecutar decisiones frente a otros poderes públicos, los mercados y los intereses privados. Y, sobre todo, que los ciudadanos puedan intervenir efectivamente en la formación, evaluación y control de esas decisiones.
Allí el balance es bastante menos alentador.
Buenos Aires construyó cada vez más metros cuadrados sin aumentar significativamente su población. Mientras tanto, la vivienda se convirtió en un problema cada vez más grave, el capital financiero ganó peso en la actividad inmobiliaria y en la apropiación del espacio urbano, y persistieron fuertes desigualdades en infraestructura, transporte, salud, educación y acceso a los bienes públicos.
El problema no es cuánto se construye. Es quién decide la ciudad qué se construye y para quién.
Porque no existe autogobierno efectivo sin igualdad efectiva.
Una democracia en la cual todos poseen formalmente los mismos derechos pero capacidades radicalmente diferentes para ejercerlos termina distribuyendo también de manera desigual el poder.
La Constitución pretendía distribuir poder para garantizar derechos; la práctica fue desplazándose hacia el racionamiento de derechos mientras se concentraba el poder.
El territorio muestra ese desvío con especial crudeza. La Constitución no ordenó simplemente tratar a todos por igual: estableció la obligación de compensar desigualdades zonales. Sin embargo, treinta años después, el lugar donde se nace y se vive continúa condicionando la expectativa de vida, la vivienda, la educación, el trabajo, la infraestructura disponible y hasta las posibilidades de proyectar el futuro.
“El Sur también existe”, escribió Benedetti. En Buenos Aires, treinta años después, el Sur subsiste.
Por eso ya no alcanza con enumerar incumplimientos ni con señalar instituciones que deberían perfeccionarse. Una deuda supone una promesa todavía pendiente. Un desvío es otra cosa: significa que en algún momento se cambió de dirección.
Y eso es lo que ocurrió. Un progresivo alejamiento entre aquello que la Constitución quiso instituir y la ciudad que efectivamente fuimos construyendo.
Hay una vieja idea, el clinamen, que puede ayudarnos a pensar estos treinta años. Es el pequeño desvío que rompe una trayectoria que parecía inevitable y permite que aparezca algo nuevo. En 1996, la Constitución porteña fue precisamente eso: una ruptura con la inercia existente, una apuesta por ampliar los márgenes de libertad, igualdad y autogobierno.
Después vino otro desvío, de signo contrario: silencioso, persistente, capaz de conservar las instituciones mientras vaciaba parte de sus propósitos.
A treinta años, medir la distancia recorrida quizá sea sencillo. Basta una pregunta: ¿aumentó la capacidad real de los iguales para gobernar en común o las desigualdades y la concentración del poder alejaron a la democracia de la vida?
La Constitución sigue allí.
El desvío no tiene por qué ser irreversible.
*Economista. Constituyente y exlegislador de CABA.
