Siempre he valorado el compromiso militante de la diputada Fernanda Vallejos, y hemos intercambiado ideas sobre temas que son motivo de preocupación respecto de la economía argentina, coincidiendo en algunos de ellos. Eso no me impide cuestionar muchas de las expresiones de la nota que publicara en Perfil el 21 de octubre, debido a que incurre en demasiadas inexactitudes, y su adscripción al FDT la hace silenciar aspectos que muestran la ambivalencia de los gobiernos kirchneristas en muchas cuestiones importantes, y las contradicciones entre lo que sostuviera públicamente la Dra. Fernández de Kirchner y los documentos que firmara.
No voy a referirme a las extensas consideraciones de la diputada sobre el 17 de octubre, ya que es una fecha cuyo simbolismo nadie discute, pero si me interesa efectuar algunas puntualizaciones sobre todo lo referido al FMI y los aspectos legales de su contratación, ya que es un tema que conozco minuciosamente, aunque los que habitualmente se refieren al préstamo contraído por Macri, o desconocen la legislación, o la ignoran deliberadamente para construir un discurso que pueda convencer sobre ilegalidades que no son tales.
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Es cierto que es central el irresponsable préstamo contraído por el gobierno de Macri con el FMI, ya que se sabía que no se lo iba a poder pagar, obligando al país a por sumas que estaban muy por encima de su capacidad, teniendo que efectuar negociaciones para extender sus compromisos debiéndose someter a las habituales condicionalidades del Fondo. Sobre estos las responsabilidades políticas del ex presidente y sus ministros no admite discusión.
Ahora bien entiendo que es necesario precisar lo siguiente sobre afirmaciones de la diputada Vallejos.
1.- No es cierto que YPF fuera estatizada, sino que se expropió el 51% de su capital accionario, pagando mucho más de lo que correspondía, y a pesar de los perjuicios causados por Repsol a la petrolera estatal.
2.- El Dr. Kirchner canceló la deuda con el FMI, porque la institución le reclamó el pago a través de un documento conocido, y no debido a una súbita inspiración como equivocadamente se cree.
3.- No hubo aprobación parlamentaria del préstamo con el FMI, en razón de que el art. 60 de la Ley 24.156 en su parte final, autoriza a tomar prestamos con organismos internacionales sin la autorización del Congreso. Esa ley del año 1992, fue ratificada por ambas Cámaras del Congreso en el año 2014, cuando el Frente para la Victoria tenía mayoría parlamentaria, y su validez ha sido ratificada hasta el año 2020, por legisladores que responden al FTD. Jamás se quisieron tratar proyectos para modificar esa parte de la ley a pesar de los que preparé en los cuatro años que estuve como asesor en la Cámara de Diputados y en los seis en el Senado de la Nación. Parece que la diputada Vallejos ignora que el Congreso hace años delegó en el Poder Ejecutivo a través de esa ley todas las negociaciones relacionadas con el sector externo, y si bien esa norma puede ser tachada en esos aspectos de inconstitucional, hasta que un juez no lo declare tiene plena vigencia.
4.- Contrariamente a lo que dice la diputada Vallejos, no hubo violación alguna de la contratación publica, ya que el procedimiento para la firma del acuerdo con el FMI, fue exactamente igual al acuerdo firmado con esa institución por Néstor Kirchner en el año 2003, y todos los acuerdos anteriores, ya que esas operaciones tienen una modalidad especial y no se rigen por las normas de la Ley 19.549. Si leyó el excelente libro de la Dra. Brenta sabrá que es así.
5.- El amparo fue rechazado porque, mas allá de manifestaciones más compatibles con discursos militantes que con la legalidad, carecía de todo fundamento normativo.
6.- Habla del secretismo de las negociaciones, olvidando que no solo fueron las de Macri, sino en general todas las negociaciones que se hicieron al respecto, además de otras que han comprometido seriamente el patrimonio público. La diputada Vallejos debiera saber que el gobierno de la Dra. Fernández de Kirchner se negó reiteradamente a mostrar el contrato firmado por YPF con Chevron sobre Vaca Muerta, y hubo que recurrir a la justicia para que después de dos años la Corte Suprema de Justicia ordenara su exhibición. Lo mismo ocurrió con el contrato firmado con Dow, por la segunda reserva mundial de gas no convencional en el año 2013, y así con otros que oportunamente denuncié en la justicia. El secretismo no ha sido privilegio del gobierno de Macri, sino de sus antecesores, lo que está absolutamente probado.
7.- Hasta que no haya una auditoría sobre los fondos del FMI, no se puede decir que se fugaron, ya que sino tan afirmación no pasa de ser una pura especulación al respecto. Y si se fugaron como dice la diputada, el gobierno tendría la posibilidad de pedir una opinión consultiva a la Corte de Justicia de la Haya, mostrando como el FMI violó el artículo VI de su Convenio Constitutivo que le prohibía seguir prestando fondos que se fugaban. ¿Porqué no lo hace el gobierno si esa supuesta fuga está probada?
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Y como señalaba al principio respecto a las contradicciones del espacio en el que milita, sería bueno que la diputada Vallejos explicará, porqué la Dra. Fernández de Kirchner firmó un documento en el año 2009 apoyando “la supervisión sincera, equilibrada e independiente del FMI de nuestras economías y de nuestros sistemas financieros, de las repercusiones de nuestras políticas para los demás… Esto exigirá un reforzamiento considerable de las instituciones financieras internacionales, en especial el FMI” y en un proyecto de ley enviado al Congreso en el año 2013 enfatizaba el papel del FMI para “fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos y poner a disposición de los países miembros con dificultades los recursos de la institución”. Finalmente sería bueno que explicara, porqué desde el 2003 hasta el 2015 se rechazaron invariablemente todos los proyectos presentados para auditar la deuda pública. De igual manera se había hecho antes durante la gestión de Alfonsín y de Menem, como si hubiera una continuidad estructural en no conocer como se endeudó al país y tampoco establecer responsabilidades políticas sobre quienes lo endeudaron.
* Alejandro Olmos Gaona. Investigador, historiador y especialista en derecho internacional.
