“Una revolución es tan imprevisible como un terremoto. El magma social acumulado en largos períodos encuentra un día su cauce subterráneo y busca la luz, para mostrar todo el poder de su energía transformadora. Luego de esa explosión nada vuelve a ser igual”.
Así abre “El 17”, el último capítulo de su maravillosa obra Juan y Eva (2011), el entrañable Jorge Coscia, a quien despedimos hace pocos días, pero que jamás dejará de estar entre quienes tanto aprendimos de él y de esa fructífera corriente política y de pensamiento que es la Izquierda Nacional, responsable, además, de que muchos y muchas peronistas nos hayamos visto cara a cara con la verdadera Historia de nuestra Nación, gracias al prodigioso trabajo de sus autores revisionistas, rescatándonos del oscurantismo de la historia falsificada por Mitre.
En ese capítulo, el número cuarenta y seis de una exquisita novela histórica, Jorge relata los acontecimientos que transcurren entre la detención arbitraria del General Perón en la Isla Martín García y la revolución protagonizada por las trabajadoras y los trabajadores argentinos el 17 de octubre de 1945. Como si se tratara de parte del ADN de nuestro movimiento, Perón fue el primer preso político del peronismo, desde donde germinó la revolución que transformaría la historia de nuestro país: “El 17 de octubre fue, para algunos, una maravillosa anomalía de la Historia, y un despertar inevitable para muchos más. A partir de ese día, la Argentina no volvería a ser la misma. Y eso es lo que caracteriza a una revolución: podrá ser detenida parcialmente e, incluso, en apariencias, derrotada, pero nunca podrá volverse al día anterior a su explosión”.
El profundo significado histórico de la gesta popular del 17 de octubre, explica la densidad de la que está cargada esta fecha que, cada año, con la Plaza de Mayo como epicentro que se replica en tantas otras plazas a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio federal, encuentra a millones de hombres y mujeres, niños, jóvenes y mayores, reconociéndonos como peronistas o como argentinos y argentinas que forman parte de un movimiento nacional y popular que trasciende las fronteras de los partidos, en una remembranza de Pedro Arnaldi, aquel dirigente forjista que, por indicación de don Arturo Jauretche, encabezara una columna de trabajadores peronistas con la bandera de FORJA. El domingo pasado no fue la excepción. Y no podía ser menos: las argentinas y los argentinos que salimos a encontrarnos para seguir haciendo Historia, estábamos, además, recuperando los abrazos, las miradas y el abrigo de la pertenencia colectiva sintetizada en el vocablo “compañero”, todo eso que la pandemia nos tenía vedado desde marzo de 2020.
Día de la Lealtad: el 17 de octubre de 1945 a través de testimonios
Esta vez la convocatoria había sido lanzada por las Madres de Plaza de Mayo, con una consigna: “no al pago de la deuda con el FMI”. En su libro, Jorge Coscia, dice sobre aquel 17 de octubre, setenta y seis años atrás, que “…fueron sólo un puñado reducido de hombres y mujeres -Mercante, Russo, Blanca Luz, y hasta Eva-, con su activa desesperación, quienes habían puesto en marcha la movilización de millares de argentinos. El resto lo había hecho una multitud anónima de trabajadores devenidos en protagonistas de su propio destino”.
La del domingo fue una movilización consciente de la proximidad de las elecciones del 14 de noviembre, donde el Frente de Todos, la coalición de gobierno de la que forma parte el peronismo, con la líder del movimiento como vicepresidenta de la Nación, tiene importantes desafíos después de la derrota de las PASO y donde el resultado en aquellas provincias donde se ponen en juego senadores nacionales es crucial para preservar la mayoría en el Senado, así como la disputa por los senadores provinciales tiene un significado especial para las y los peronistas bonaerenses y nuestro gobernador, Axel Kicillof. Pero fue, sobre todo, una movilización consciente de los peligros que acechan a nuestra Patria y de cómo la manera en que pueblo y gobierno los enfrentemos determinará el futuro de la Argentina. Por eso, que la deuda con el FMI tuviera centralidad en la convocatoria, no fue casualidad. El Peronismo sabe las implicancias que tiene un acuerdo con ese organismo multilateral.
La vicepresidenta lo recordó con toda claridad el sábado 16 en su discurso ante jóvenes militantes, en el mismo sentido que lo expresamos en el proyecto que presenté el 7 de mayo de 2018, para citar a Dujovne, Caputto y Sturzenegger a dar explicaciones, cuando nos enteramos del acuerdo que, de espaldas al pueblo argentino, el entonces presidente Macri negociaba con el FMI:
“…Argentina, bajo la entonces presidencia de Juan Domingo Perón, rechazó la participación en los acuerdos entre las potencias capitalistas y socialistas, y mantuvo su tradicional neutralidad o Tercera Posición. Asimismo, la tradición del gobierno peronista era el desendeudamiento, en el marco de la doctrina de independencia económica. Por lo tanto, dicho gobierno rechazaría, hasta su derrocamiento en 1955, los préstamos condicionados del FMI. Nuestro país suscribió los acuerdos de Bretton Woods en 1956, durante la dictadura conocida como ‘Revolución Libertadora’ por los dictadores, y ‘Revolución Fusiladora’ por quienes defendían el mandato democrático y constitucional frente a la proscripción del peronismo. Recién en 1958, durante la presidencia del Dr. Arturo Frondizi, se tomó el primer préstamo Stand By.”
El 17 de octubre en la épica fundacional de las trabajadoras argentinas
Entre esa fecha y 1976 se concretaron siete acuerdos Stand By y una ampliación, durante las presidencias de Frondizi, Guido y la dictadura de Onganía. El número de condicionalidades fue creciendo: la exigencia superávit fiscal se tornó cada vez más rigurosa, al incorporar las empresas públicas; se fijaron techos a los activos domésticos del Banco Central, y un piso para las Reservas Internacionales. En los préstamos con la autodenominada “Revolución Argentina” se impuso la unificación del mercado de cambios.
A partir de los años ’70, el sistema financiero internacional comenzó a mutar. Con la eliminación de los controles de capitales y la aparición de los “petrodólares”, los sistemas financieros nacionales fueron erosionados, y los actores dominantes pasaron de ser los bancos a los mercados de capitales desregulados, junto con la expansión de las finanzas extraterritoriales, la proliferación de guaridas offshore y la emergencia de “fondos buitre”, que aprovechan la cesión de soberanía en las emisiones de deuda para litigar y obtener ganancias usurarias.
El FMI colaboró en el proceso de transformación de los mercados financieros globales. En Argentina, esos cambios se impulsaron durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983, cuyos responsables (y beneficiarios) civiles aún permanecen impunes.
En ese período, se tomaron tres empréstitos con el Fondo Monetario (agosto de 1976, septiembre de 1977 y enero de 1983). Los primeros dos, permitieron a la dictadura sostener un esquema, con la famosa “tablita”, que consistía en ofrecer altas tasas a los especuladores en un contexto de tipo de cambio anclado. Esas políticas, combinadas con la apertura comercial y de la cuenta capital, concluyeron en una fuerte reversión de los flujos en 1981, que finalizó con un importante ajuste y la estatización de la deuda privada de importantes grupos económicos, entre ellos el Grupo Macri.
Recordando el 17 de octubre de 1945 | Un día diferente en la historia argentina
Los acuerdos de los años ’70 introdujeron nuevos criterios: en 1976, se obligó a mantener la liberación de precios y congelar los salarios. En 1977, se impulsó la reducción de los aranceles de importación. La apertura importadora que generaba desempleo, y el atraso salarial, se impuso con una feroz represión y la desaparición de 30.000 argentinos y argentinas. El FMI fue garante financiero de un plan económico y político que incluyó el terrorismo de Estado, la tortura, la muerte, el robo de bebés y el exilio de miles de compatriotas.
Aquellos acuerdos y el veloz endeudamiento, determinaron el fracaso del gobierno democrático del Dr. Alfonsín. Entre el 10 de diciembre de 1983 y el 9 julio de 1989, el gobierno radical firmó tres empréstitos Stand By. Esos acuerdos tuvieron 11, 12 y 13 condicionalidades, en creciente número a lo largo del tiempo. Entre los criterios cualitativos, se destaca la convalidación por parte del Estado argentino de la deuda ilegítima contraída por la dictadura cuya ilegalidad, más tarde, determinaría el juez Ballesteros en el marco de la “Causa Olmos”.
En las presidencias del Dr. Menem, que llegó bajo el signo del peronismo y rápidamente abandonó la doctrina para abrazarse al programa neoliberal del Consenso de Washington, se acordaron tres Stand By (noviembre de 1989, julio de 1991 y abril de 1996) y dos créditos de Facilidades Extendidas (marzo de 1992, ampliado hasta 1996 y febrero de 1998). El primero de los préstamos de Facilidades Extendidas, ligado al Plan Brady del Tesoro de los Estados Unidos, contuvo una gran cantidad de condicionalidades: entre ellos, la reducción de las contribuciones patronales a la Seguridad Social, y la privatización del sistema previsional. En los años ’80 y ’90, el FMI defendió el interés de los acreedores, de los Estados Unidos como país exportador y emisor de inversión extranjera, y de las empresas privatizadas.
Estos créditos se otorgaron en el marco del Plan de Convertibilidad, que limitaba las facultades del Banco Central, y la Reforma del Estado, que llevó el desempleo a picos históricos, junto con la privatización y extranjerización de las empresas públicas. Entre 1991 y 2001, cuando el país acató todos los mandatos del organismo, de acuerdo con la Dra. Noemí Brenta, la pobreza aumentó de 21,5% a 35,4%, la indigencia de 3% a 12,2%, el desempleo de 5,3% al 19%. La reducción de la tasa de inflación se hizo a costa de sustituir producción nacional por importada, multiplicar el desempleo y la pobreza, y cercenar la soberanía y los instrumentos del Estado para planificar y conducir el desarrollo.
El Día de la Lealtad y la necesidad de un nuevo 17 de octubre
En la presidencia del Dr. Fernando De La Rúa, en el marco de un creciente deterioro económico y social, se firmó un Stand By en marzo del 2000, una ampliación en agosto de 2001, y un Servicio de Complementación de Reservas (Blindaje) en enero del 2001.
El Blindaje por US$ 40.000 millones, incluía US$13.700 millones del FMI, condicionados a la reforma previsional, la “racionalización” de la administración pública, el ajuste del gasto público, un “Compromiso Fiscal” de las provincias, la desregulación de las obras sociales y la reestructuración de ANSES y PAMI.
El Blindaje terminó con corridas cambiarias y bancarias y una fuga de capitales de U$S 26.000 millones de los grandes bancos y empresas transnacionales, un corralito para los ahorristas minoristas, el default de una deuda externa impagable, una megadevaluación y la pesificación asimétrica.
A partir de 2003, con las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, las prioridades se invirtieron: se renegoció la deuda externa con una quita histórica para garantizar aumentos del gasto social por sobre el pago de intereses, se generaron políticas de empleo, producción nacional e inclusión social, se recuperaron herramientas de administración del tipo de cambio y la cuenta capital, de política monetaria y comercial, y se estatizaron empresas de sectores estratégicos como AySA, Aerolíneas Argentinas, YPF y las AFJP, recuperando el sistema previsional solidario.
Quién fue Cipriano Reyes, el sindicalista que se atribuyó la creación del 17 de octubre
Néstor Kirchner canceló en 2006 la deuda con el FMI. Durante la presidencia de Cristina, denunciamos a los fondos buitre y avanzamos hacia la constitución de un marco regulatorio internacional en materia de deuda soberana, al que el FMI se opuso.
Sin esas medidas no se podría haber realizado la obra de redistribución del ingreso, fomento del mercado interno, reindustrialización, creación de empleo y reducción de la pobreza y la desigualdad, que caracterizó el periodo 2003-2015.
Al FMI lo trajo de vuelta Macri en 2018, con el rechazo del 80% de la población y sin aprobación parlamentaria, violando la manda constitucional (artículo 4 e incisos 4 y 7 del artículo 75), como denunciamos en el proyecto que presenté el 8 de mayo de 2018, donde repudiamos las negociaciones con el organismo y en el amparo judicial que, con el patrocinio de Dr. Barcesat, realicé antes de la consumación de la estafa, en junio de 2018. Pese al reclamo de nuestro bloque, el acuerdo nunca pasó por el Congreso. La sesión especial que convocamos a ese efecto el 19 de junio, fracasó por falta de quórum, ante la negativa del macrismo y sus aliados de entonces. En aquella jornada, que terminó con expresiones en minoría, denuncié el acuerdo y la complicidad del FMI, en los términos planteados en un tercer proyecto (del 14 de junio), donde proponía el rechazo del Stand By. Es historia conocida que el gobierno avanzó unilateralmente en el acuerdo por U$S 50.000 millones que fracasó en pocos meses y, de forma inaudita, fue celebrado uno nuevo, esta vez por U$S 57.100 millones. El 9 de octubre de 2018, en un nuevo proyecto en el que reclamaba al Poder Ejecutivo que diera a conocer el contenido de la Carta de Intención, el Memorándum de políticas económicas y financieras y el Memorándum de entendimiento técnico, señalaba que “el nuevo acuerdo contiene metas aún más leoninas que las contenidas en el anterior”.
El acuerdo con el FMI, como había ocurrido siempre, implicó un fuerte deterioro de las condiciones de vida del pueblo. Por entonces, el ex ministro Dujovne sostuvo: “si no hay pesos, no habrá con qué comprar dólares”. Es decir: se le retiraron los pesos a los sectores populares y medios, restringiendo la compra de alimentos, vestimenta, el pago de servicios o alquileres, con precios ajustados por la inflación y la devaluación, a pesar de que las estadísticas oficiales del Banco Central demostraban que menos del 1% de las personas accedían a la compra de divisas. El gobierno de Macri nunca pudo justificar por qué solicitó créditos en moneda extranjera, con el supuesto fin de afrontar gastos corrientes del Estado en moneda nacional. La emisión de deuda interna en moneda doméstica en el mercado local debió ser suficiente (así lo evidenciaba el stock de bonos emitidos por el BCRA) para afrontar un déficit fiscal acorde con un sano nivel de actividad económica. En el proyecto citado, del 9 de octubre de 2018, advertí que “existe el riesgo concreto de que los recursos provenientes del endeudamiento externo sean utilizados (como lo han sido hasta ahora) para financiar indirectamente la fuga de capitales del sector privado…”.
Qué pasó y por qué existió el 17 de octubre
Desde el primer desembolso a mitad de 2018, hasta la finalización del mandato de Macri se fugaron, entre Formación de Activos Externos (FAE) y salida neta de capitales especulativos, según el balance cambiario del BCRA, U$S 6.000 millones más que la totalidad de los desembolsos realizados por el organismo en nuestro país. He allí el destino de los dólares que el FMI le prestó a Macri. De esos hechos emana el reclamo de un pueblo que se niega a pagar con más sufrimiento, una deuda de la sólo se benefició una ínfima minoría privilegiada.
El gobierno de Juntos por el Cambio dejó a la Argentina en una encrucijada que debe resolver el gobierno del Frente de Todos. No es difícil comprender, que el peronismo saliera el 17 de octubre a ponerse a disposición para la lucha, cuando están en juego el presente y el futuro de la Patria. Sabemos, además, porque así lo expresó el mensaje de las urnas, con un elevado porcentaje de voto ausente y una izquierda trotskista que se posicionó como tercera fuerza nacional, que existe un imperativo de rectificar el rumbo de la política económica para reconducirla por el sendero de las aspiraciones del pueblo, algo que la experiencia histórica demuestra que no será posible en el marco de las condicionalidades que vienen asociadas a los acuerdos con el FMI.
Dicen que de los laberintos se sale por arriba. Frente a estos acuerdos, donde el secretismo en las negociaciones es la regla, junto con la opacidad sobre las condiciones técnicas y de política económica implicadas, tal vez, la manera de salir por arriba sea aceptar la mano tendida del pueblo en la Plaza del 17, y hacerlo partícipe y protagonista -profundizando una Democracia sustantiva- de las decisiones que determinarán el presente y el futuro del país donde deben desarrollarse nuestros hijos e hijas; reincorporar al menú de opciones la auditoría de la deuda, y recuperar el espíritu con el que impulsamos el tratamiento de un marco jurídico multilateral para las reestructuraciones de deuda soberana, en la ONU en 2014-2015, promoviendo una política exterior para la deuda y la fuga de los países en desarrollo, como la que sugiere Alicia Bárcena desde la CEPAL, para combatir la evasión, las guaridas fiscales e incautar los activos del saqueo, teniendo al Comité Fiscal de la ONU como ámbito intergubernamental, lo que permitiría asegurar el espacio fiscal para las políticas de desarrollo económico y justicia social que reclama nuestro pueblo, y recuperar los dólares fugados para devolver, entonces sí, lo que pudiera corresponder. Sin que estas acciones impliquen desconocer los caminos legales, nacionales e internacionales, para determinar las responsabilidades de los funcionarios macristas que violaron las normas que rigen la contratación de deuda pública, así como las del organismo y sus autoridades. Sería una forma de construir el genuino consenso que necesita la Argentina: el consenso con el pueblo trabajador, único capaz de reconstruir una mayoría nacional alrededor de un proyecto de país soberano, que impida el retorno de un gobierno de derecha en 2023 y nos arrebate el sueño de volver a ser felices.
* Fernanda Vallejos, Diputada Nacional y Economista.
