El Fondo Monetario Internacional se reunió estos días en su sede en Washington para reafirmar el plan de tres partes del FMI: estabilidad financiera, solidez económica y –como afirmó recientemente su directora gerente, Kristalina Georgieva–, solidaridad internacional. “Estoy decidida a apoyar a nuestros miembros como podamos”, dijo Georgieva sobre el nuevo espíritu del FMI. “Ahora es el momento de aprovechar esta oportunidad para construir un mundo mejor”. Georgieva tiene razón: es ahora o nunca.
La “mayor oleada de crisis de deuda” en una generación se cierne sobre el hemisferio sur. Dos ingredientes componen esta bomba de relojería de la deuda: un aumento veloz de los niveles de deuda pública en los países más pobres del mundo y un porcentaje igual de veloz del aumento de esa deuda emitida a tasas de interés variables. La combinación de estos dos componentes significa que incluso aumentos menores de las tasas en los países ricos tendrán consecuencias explosivas en todo el mundo en desarrollo. También que las cadenas de suministro se paralizan, los precios de los alimentos se disparan y la pandemia de la covid-19 arrasa con las poblaciones que no consiguieron vacunas suficientes para vacunar a la mayor parte de sus ciudadanos.
En resumen, las naciones del hemisferio sur nunca necesitaron de más apoyo en su búsqueda de estabilidad, fortaleza y solidaridad que en este momento. Pero incluso una mirada superficial a la actividad global del FMI revela una violación sistemática de este mandato declamado, y en lugar de resolver las crisis de salud, hambre y hábitat que se combinan en los países más pobres del mundo, les echa nafta para potenciarlas.
Un ejemplo de esto es Argentina. En 2018, el FMI ignoró las advertencias de su propio equipo e impulsó un préstamo de 57.100 millones de dólares a Argentina, por entonces bajo la presidencia de Mauricio Macri. Ese fue el préstamo más grande en la historia del FMI.
¿El préstamo cumplió con el mandato de estabilidad financiera que promueve el FMI? Todo lo contrario: la inflación aumentó, el empleo cayó y el capital extranjero huyó del país a tasas récord. Ahora, mucho después de que Macri fuera destituido de su cargo, el pueblo argentino sigue pagando el precio de la deuda. El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, lo expresó sin rodeos en su carta a Georgieva el mes pasado: “Ninguno de los objetivos del programa del FMI se logró”.
¿Y la fortaleza económica que declama el FMI? Al comienzo de la pandemia de covid-19, el FMI declaró su ambición de desplegar un billón de dólares para combatir el virus, proteger a las poblaciones vulnerables del mundo y sostener sus economías durante la crisis global. “Esto es muy inusual para el FMI. Yo saldría y diría: ‘Por favor, gaste’. Gaste todo lo que pueda y luego gaste un poco más”, dijo Georgieva en abril de 2020. Es cierto, es inusual, sobre todo demasiado inusual para ser verdad: de los 85 países que recibieron apoyo pandémico del FMI, 73 de ellos se vieron obligados a imponer medidas de austeridad en nombre de la “consolidación fiscal”.
El informe de Oxfam de 2021 es una gira mundial de la promesa incumplida del FMI de construir y mantener economías sólidas: reducción de salarios en Túnez, reducción de las prestaciones sociales en El Salvador, eliminación de los subsidios a la energía en Egipto. La austeridad del FMI deja económicamente más fuerte al 10% de los que más ganan, e hizo más pobre al 90% de los que menos ganan.
Estas estadísticas significan problemas para la propuesta de solidaridad del FMI. Pero quizás la mejor ilustración del enfoque de solidaridad del FMI está en sus “recargos”: las tarifas punitivas, procíclicas y completamente innecesarias que el FMI les pide a los países más endeudados con ese organismo. Uno podría imaginar que el FMI reduciría –e incluso eliminaría– esos “recargos” para ser consecuente con su “nuevo espíritu de solidaridad”. Pero otra vez sucede lo contrario: las tarifas de “recargo” se duplicaron: de 1.000 millones de dólares a 2.000 millones de dólares entre 2019 y 2021, y el número de países que tiene que pagarlos aumentó de 9 a 16. Para 2025, el FMI espera que ese número aumente a 38. Los recargos del FMI afectan directamente a los países vulnerables del mundo.
En Ucrania, por ejemplo, donde el gobierno de Volodimir Zelenski lucha contra la invasión rusa mientras brinda asistencia a más de 7 millones de personas desplazadas, el FMI habrá obtenido “recargos” por valor de 423 millones de dólares en solo dos años: el 25% de todo el presupuesto de atención médica de Ucrania. “Los recargos van exactamente en contra de lo que se supone que el FMI debe hacer”, dijo el premio Nobel Joseph Stiglitz. “Se supone que el FMI está ayudando a los países… no extrayéndoles rentas adicionales debido a su extrema necesidad”.
El mandato incumplido del FMI puede afectar más al sur global, pero sus consecuencias son planetarias. En países como Mongolia y Mozambique, por ejemplo, el FMI impulsa la extracción de carbón y gas con exenciones fiscales para las empresas de combustibles fósiles. Serán las comunidades más pobres de esos países las que más sufrirán el colapso climático. Pero todas las naciones se calientan al unísono. Incluso los países con más aire acondicionado no pueden darse el lujo de ignorar el historial climático del FMI como un problema exclusivo de los pobres.
Entonces, ¿cómo se sale con la suya el FMI? El FMI es una institución pública financiada con dinero de los contribuyentes y controlada por los gobiernos miembros. Desde Argentina a Ecuador, Pakistán a Egipto, personas de todo el mundo se organizaron para protestar contra las medidas del FMI y exigir un rumbo diferente para esa institución financiada con fondos públicos. Los expertos sumaron argumentos legales a este ultraje generalizado, documentando las violaciones del derecho internacional y préstamos fuera de toda regla, como el que el FMI dio a la Argentina.
Ante esto, el FMI simplemente se encoge de hombros. “El FMI no respeta las resoluciones de la ONU ni la carta de la ONU”, dijo el economista Andrés Arauz ante la investigación de Progressive International la semana pasada. Esto no es un secreto: en una carta a Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el FMI expone claramente el caso de su impunidad: “El FMI no ha aceptado la Declaración sobre Derechos Humanos. Los derechos como principio motivador de nuestras operaciones”.
El abuso de poder del FMI, entonces, no sorprende. Es una respuesta natural de una institución desligada de las leyes de sus Estados miembros y de las Naciones Unidas que los conecta. Ajustar el mandato del FMI no funcionará. Solo mecanismos sólidos de rendición de cuentas, que cambien quién decide y cómo, pueden acabar con la impunidad del FMI. Afortunadamente, no faltan propuestas para este mecanismo, desde el Consejo Económico y Social de la ONU hasta la Corte Internacional de Justicia. Lo que ha faltado hasta ahora es voluntad política, en particular, del mayor accionista del FMI y el único con poder de veto, es decir, Estados Unidos.
También es posible tener motivos para cierto optimismo. El gobierno de los Estados Unidos parece haber redescubierto su pasión por los derechos humanos, el derecho internacional y la carta de la ONU. Tal vez esta pasión selectiva se transforme en una pasión universal, y Estados Unidos exija la aplicación de estos principios al FMI. Las reuniones de primavera (boreal) de esta semana son una oportunidad para esa intervención de parte de ese país.
*Economista político y coordinador general de Progressive International, creada en 2020 para organizar y movilizar fuerzas progresistas en todo el mundo.
