Durante décadas, en la Argentina, el Estado encontró razones para intervenir cuando estaban en juego intereses económicos considerados estratégicos. Absorbió deudas privadas, reestructuró pasivos, garantizó obligaciones, compensó al sistema financiero, asistió empresas en dificultades y aprobó sucesivos regímenes de regularización patrimonial. La historia económica argentina ofrece numerosos ejemplos de esa capacidad estatal para acudir al rescate cuando una crisis amenazaba con arrastrar sectores considerados relevantes para el funcionamiento de la economía.
La pregunta que debemos hacernos hoy es sencilla: ¿por qué esa misma decisión política no puede ponerse al servicio de quienes se endeudaron para comer, pagar el alquiler, comprar medicamentos, sostener la educación de sus hijos o evitar que les corten la luz, el gas o el agua?
La propuesta de declarar la Emergencia Nacional por Deudas Esenciales de las Personas y los Hogares parte de una realidad que ya no puede ser ignorada. Millones de familias dejaron de endeudarse para comprar una vivienda, mejorar su patrimonio o realizar una inversión. Se endeudan para sobrevivir. La deuda dejó de ser una herramienta de progreso y se convirtió, para muchos hogares, en un mecanismo de subsistencia que termina atrapándolos en un círculo de intereses, refinanciaciones y nuevas deudas.
Esta iniciativa propone reconocer jurídicamente la existencia de una categoría específica: la deuda esencial
Y aquí aparece una cuestión política de fondo: no estamos hablando de personas que asumieron riesgos empresariales o especulativos. Estamos hablando de trabajadores y familias que utilizan el crédito para cubrir necesidades esenciales. El propio proyecto distingue expresamente estas deudas de las obligaciones comerciales, empresariales o financieras asumidas con fines de inversión o lucro.
Cuando el Estado rescató a los que tenían deudas
La Argentina conoce perfectamente el concepto de rescate. En 1981-1983, el Estado absorbió parte de la deuda externa privada mediante mecanismos que terminaron transformando obligaciones empresariales en deuda pública. En 2002, frente al colapso económico y financiero, el Congreso y el Poder Ejecutivo adoptaron medidas extraordinarias, entre ellas la pesificación asimétrica y mecanismos de compensación destinados a preservar el sistema financiero.
Durante las privatizaciones de los años noventa también se produjeron procesos de absorción de pasivos de empresas estatales antes de su transferencia a operadores privados. Y hubo, además, salvatajes y reestructuraciones de pasivos empresariales cuando se consideró que la continuidad de determinadas compañías respondía a un interés público.
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Más recientemente, se utilizaron instrumentos como los BOPREAL para afrontar deudas comerciales acumuladas por empresas importadoras. Y desde el retorno de la democracia se sucedieron distintos regímenes de regularización y blanqueo de capitales.
No se trata de decir que todas esas medidas fueron iguales, ni que tuvieron las mismas causas o consecuencias. El propio proyecto advierte que cada proceso debe analizarse en su contexto y que esos antecedentes no constituyen precedentes jurídicamente obligatorios. Pero sí demuestran algo fundamental: el Estado argentino nunca fue ajeno a la utilización de herramientas extraordinarias para afrontar crisis y proteger intereses económicos considerados de interés público.
Entonces, la discusión que corresponde dar hoy es otra.
¿No son también de interés público las deudas de millones de familias que ya no alcanzan a pagar lo indispensable para vivir?
Esta vez, el rescate tiene que ser para los trabajadores
El problema es que mientras históricamente se encontraron mecanismos para rescatar empresas, bancos, capitales y determinados sectores económicos, hoy hay trabajadores que necesitan endeudarse para llegar a fin de mes.
El deterioro del poder adquisitivo convirtió al salario en una variable insuficiente para cubrir necesidades básicas. Cuando el ingreso no alcanza, aparece la tarjeta de crédito. Después el préstamo personal. Luego la billetera virtual, la fintech, el refinanciamiento. Y finalmente, una deuda que se paga con otra deuda.
Así se construye una nueva forma de pobreza: la pobreza endeudada. Una familia puede tener ingresos por encima de la línea estadística de pobreza y, sin embargo, después de pagar cuotas, intereses, alquiler, servicios, medicamentos y alimentos, encontrarse sin recursos suficientes para sostener una vida digna.
No pedimos que el Estado regale nada: pedimos que haga justicia.
Por eso la iniciativa propone reconocer jurídicamente la existencia de una categoría específica: la deuda esencial. Es aquella contraída para garantizar alimentación, vivienda, salud, educación, servicios públicos y otras necesidades indispensables para la subsistencia.
No se pretende premiar la irresponsabilidad ni desconocer los contratos. Se pretende evitar que la deuda contraída por necesidad termine convirtiéndose en una condena permanente, en una suerte de “muerte civil” para quienes ya no pueden salir del circuito del sobreendeudamiento.
La deuda dejó de ser un problema privado
Cuando alguien pide un crédito para ampliar una empresa, asume un riesgo económico propio de una actividad empresarial.
Pero cuando una madre o un padre se endeuda para comprar alimentos, adquirir medicamentos, pagar el alquiler o evitar el corte de un servicio esencial, estamos ante una situación completamente diferente.
En ese caso, la deuda no nace de una expectativa de ganancia. Nace de la insuficiencia del salario.
Y cuando millones de personas atraviesan esa misma situación, deja de ser un problema individual. Se transforma en un problema social, económico y político.
El propio proyecto señala que el sobreendeudamiento deteriora el mercado interno, profundiza la desigualdad, incrementa la exclusión financiera, afecta la salud, perjudica las trayectorias educativas y compromete la cohesión social.
Por eso el Congreso no puede mirar para otro lado.
Más de 40 organizaciones salen a las plazas
Frente a esta realidad, la Alameda y más de 40 organizaciones de todo el país estamos impulsando una campaña nacional de recolección de firmas, en las plazas, en los barrios y también a través de las redes sociales, para exigir que el Parlamento trate la Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales.
No estamos pidiendo un privilegio.
Estamos reclamando que el Congreso discuta una respuesta excepcional frente a una situación excepcional.
La iniciativa propone crear un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE), establecer mecanismos extraordinarios de protección, suspender durante la emergencia ejecuciones y otras medidas que profundicen la vulnerabilidad y establecer mecanismos de condonación, estatización, quita de intereses, reducción de capital y refinanciación según la situación económica de cada hogar.
Es una propuesta que coloca en el centro una pregunta elemental de justicia: si el Estado pudo intervenir extraordinariamente para proteger intereses económicos poderosos, ¿por qué no puede intervenir ahora para proteger a quienes se endeudaron para sobrevivir?
No pedimos que el Estado regale nada: pedimos que haga justicia.
La Constitución Nacional no obliga al Estado a ser indiferente frente a las desigualdades extremas. Por el contrario, reconoce la protección integral de la familia, la igualdad real de oportunidades, el progreso económico con justicia social y los derechos vinculados con la alimentación, la vivienda, la salud y una vida digna. La verdadera discusión, entonces, no es si puede existir una política excepcional.
La historia demuestra que puede
La discusión es para quién se utiliza esa excepcionalidad. Durante mucho tiempo, frente a las crisis, se socializaron pérdidas y se protegieron determinadas estructuras económicas. Se estatizaron deudas privadas, se compensaron sectores financieros, se absorbieron pasivos, se facilitaron reestructuraciones empresariales y se aprobaron blanqueos y regularizaciones patrimoniales.
Ahora es el momento de cambiar la dirección de esa política. Ahora hay que rescatar al trabajador endeudado.
Al trabajador cuyo salario perdió capacidad de compra. A la familia que usa la tarjeta para comprar comida. Al jubilado que necesita financiar medicamentos. Al hogar que se endeuda para pagar la luz, el gas o el alquiler. A quien quedó atrapado en una cadena de préstamos porque el ingreso mensual ya no alcanza para cubrir las necesidades más elementales.
La pregunta ya no es si el Estado debe intervenir. La pregunta es de qué lado debe ponerse.
Que el Congreso escuche
La historia argentina también demuestra que cuando una demanda social logra convertirse en una movilización amplia, plural y federal, puede abrirse camino en las instituciones democráticas. Los propios fundamentos recuerdan la experiencia del FRENAPO y la consulta popular de diciembre de 2001 como un antecedente de cómo una demanda nacida de la sociedad puede terminar impulsando respuestas concretas por la vía democrática. También demuestra que cuando el Estado quiere, puede como ocurrió con el pago de salarios de trabajadores registrados con el REPRO o de los trabajadores no registrados con el IFE durante parte de la pandemia donde estuvo paralizada la actividad productiva.
Hoy tenemos que volver a hacer ese camino. Por eso estamos juntando firmas.
En las plazas. En los barrios. En las redes. En cada lugar donde haya trabajadores, jubilados, comerciantes, familias y ciudadanos dispuestos a decir que endeudarse para comer no puede ser una condena.
La Emergencia Nacional por Deudas Esenciales no pretende borrar las responsabilidades individuales. Pretende reconocer una responsabilidad colectiva: cuando los ingresos dejan de alcanzar para garantizar derechos básicos, el Estado tiene la obligación de intervenir.
Si hubo recursos, leyes y decisiones políticas para rescatar deudas privadas, empresas y capitales, tiene que haber voluntad política para rescatar a quienes se endeudaron para sobrevivir.
Esta vez, el rescate tiene que empezar desde abajo.
Que el Parlamento trate la ley. Que escuche a la sociedad. Que discuta la emergencia. Y que, por una vez, el salvataje sea para los que trabajan y no llegan a fin de mes.
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Para sumarse a la campaña nacional: https://tufirmadesendeuda.s.gy/AhoraLeTocaAlPueblo
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* Gustavo Vera es presidente de la Fundacion Alameda, ex legislador y ex titular del Comite de lucha contra la trata y explotacion de personas y para la asistencia y protección a las victimas.
