En cuanto al corto proceso de negociaciones, que comenzó realmente el 12 febrero de 2020 con “la ley para la restauración de la sostenibilidad de la deuda” y que debe terminar a más tardar a finales de agosto/principios de septiembre, hoy no caben dudas que más allá de discusiones sobre el manejo de tal o cual aspecto “coyuntural”, la estrategia de Argentina ha sido responsable, razonable e inteligente. Responsable porque, en el marco de la pandemia decidió no ceder al supuesto facilismo de un Stand Still. Razonable porque hizo una propuesta inicial sensata a pesar de que algunos la hayan considerado “agresiva”: un período de gracia más corto que el que descontaban en los mercados, una quita muy baja a nivel del capital y un cupón promedio muy bajos de los nuevos bonos que deberían surgir del acuerdo que, a todas luces, ofrecía espacio para la negociación; a su vez, el gobierno argentino insistía sobre su apertura para escuchar propuestas de los acreedores y en su disposición a modificar los términos de las diferentes dimensiones de su propuesta siempre y cuando se asegure la “sosteniblidad de la deuda futura”. Es inteligente porque se constituyó un buen equipo negociador y se logró concitar un amplio apoyo académico y político, tanto nacional como internacional, incluida la existencia, por diversas razones, de muy buenas relaciones del gobierno con el FMI, un fenómeno inédito en condiciones de crisis de deuda soberana de Argentina.
Del lado de los acreedores hay como es sabido una gran diversidad de intereses y de exposición al riesgo argentino. Pero los posicionamientos más duros fueron cediendo terreno y por aproximaciones sucesivas los principales fondos de inversión adoptaron posiciones cada vez más realistas. Con el incremento de la aversión al riesgo indisociable del deterioro de la coyuntura internacional y, por ende, de la situación patrimonial y de pagos de numerosos agentes económicos y Estados, un acuerdo razonable tendía a hacer menos atractiva la perspectiva de abrir un largo período de litigios en los tribunales de Estados Unidos para tratar de exprimir una Argentina empobrecida o esperar el eventual advenimiento de un gobierno “market friendly” en un futuro más que incierto. Y, obviamente, el acercamiento progresivo de posiciones fue generando cada vez más incentivos para acordar.
La estrategia de Argentina ha sido responsable, razonable e inteligente
Desde el punto de vista de los acreedores un resultado como el que se alcanzó respeta el criterio de obtener un rendimiento de los nuevos bonos que constituya un subóptimo aceptable. Desde el punto de vista de la comunidad internacional se puede considerar que el acuerdo es un ejemplo de negociación de buena fe que implica concesiones mutuas: la primera oferta de Argentina era de casi 40 en términos de valor presente neto –VPN- mientras que los acreedores partían de 75, para llegar al 54,8 con el que se selló el acuerdo. Además de habilitar, por ejemplo, un nuevo avance en la discusión y la implementación de las cláusulas de acción colectiva, el acuerdo va más allá del caso argentino ya que desactiva una fuente de tensión internacional y constituye una contribución a la estabilidad financiera global.
Desde el punto de vista de Argentina los resultados han generado polémicas. Está claro que a corto plazo el acuerdo permite atenuar una de las fuentes de presión sobre el tipo de cambio y por ende sobre los precios internos. También, a corto y a mediano plazo, incrementa los márgenes de maniobra en el plano fiscal, liberando recursos para, en especial, orientarlos hacia gasto social en la lucha contra la pandemia y la pobreza y, más generalmente, sostener la reanimación de la economía. Pero lo más significativo es que, al “aplanar” la curva de vencimientos que estaban fuertemente concentrados en el periodo 2020-2024, gracias una fuerte disminución de los intereses y a una extensión de los plazos, se obtiene un respiro considerable en el frente externo que deberá ser consolidado con el próximo acuerdo a negociar con el FMI.
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Por supuesto, algunos podrán insistir hasta el cansancio con el argumento de que se hicieron concesiones excesivas. Por ejemplo, que la oferta original implicaba pagos entre 2020 y 2023 y que ahora habrá que desembolsar en este periodo 2,8 mil millones de dólares. Pero este monto no debe ser analizado respecto de una oferta inicial que, como ocurre en estos procesos, se hace para ser modificada, habida cuenta de que, obviamente, “el equipo de enfrente también juega”. En realidad, el monto final establecido en el acuerdo debe ser contrastado con las decenas de miles de millones de dólares que había que desembolsar en el período inicial en el escenario pre-renegociación.
También se argumenta a veces que se hubiera podido alcanzar un alivio superior al ahorro global obtenido que es de aproximadamente 32 mil millones de dólares. Supuestamente este podía haber sido mayor si se tomaba mejor tal o cual viraje en la ruta hacia el acuerdo final. Claro, desde la tribuna todo se ve siempre fácil y en el terreno, aunque se tenga la estrategia clara, no es sencillo coordinar y hacer converger multiples actores financieros y políticos descentralizados. Pero más allá de esto, ¿quién dijo que una renegociación de deuda internacional de la deuda exterior de un país tiene que traducirse necesariamente en una quita considerable (en este caso a través, esencialmente, de las reducción de los pagos de interés)?
Otro punto muy importante: antes del acuerdo Argentina estaba comprometida con una deuda hasta 2117 con un cupón de 7,125% (que reflejaba una sombría perspectiva en el muy largo plazo). Ahora, con menores tasas de interés, se limita el servicio de la deuda al 2046, vale decir que se desendeuda a las próximas generaciones…
Por sobre todas las cosas no es un hecho menor que la renegociación exitosa cierre la puerta al accionar de los fondos buitres y aleje la perspectiva del default
Pero, por sobre todas las cosas no es un hecho menor que la renegociación exitosa cierre la puerta al accionar de los fondos buitres y aleje la perspectiva del default. Desde algunos sectores se ha minimizado este aspecto de la cuestión. Además de la reducción de la presión cambiaria ya mencionada, sin el default se hace menos difícil y oneroso el endeudamiento de las empresas que necesitan acceder al financiamiento del comercio y más generalmente al crédito internacional. Asimismo, entre otros factores, un default durable hubiera complicado aun más la renegociación de las deudas externas de las provincias y del sector privado. Y dependiendo de sus características, el default podía también afectar las relaciones y la posibilidad de acceder a los créditos de los bancos de desarrollo y otras instituciones financieras internacionales.
A su vez, la previsibilidad asociada a la normalización de las relaciones financiera externas genera efectos reputacionales positivos y da a la Argentina, país miembro del G20, la posibilidad de ir despejando su agenda de política exterior para aportar su contribución a la gobernanza regional y global, debilitada y amenazada en el grave contexto de la crisis sanitaria y económica global. En el marco de la post-crisis de la deuda soberana el gobierno del presidente Alberto Fernández aparece cada vez como un interlocutor serio y confiable en el plano regional y ante los grandes centros de poder mundial.
*Profesor de economía en la Universidad Sorbonne Nouvelle, Vice-Presidente del Instituto de las Américas, Francia.
