La cita es en Madrid. Jefes de Gobierno o de Estado del mundo han sido convocados para la 25.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) entre el 2 y 13 de diciembre. Desde un inicio estipulada para llevarse a cabo en Brasil aunque por razones económicas, Bolsonaro dio un paso al costado en su organización. Chile tomó la posta en la Presidencia. La crisis política y social obligó a Piñera a suspender la realización en su territorio.
Europa, hoy centro donde se suscitan los debates que ponen en vilo a la gobernanza climática encuentran a una Unión Europea (UE) más activa que nunca. La conferencia también incluirá la 15.° reunión de las partes del Protocolo de Kioto (CMP15) y la segunda reunión de las partes del Acuerdo de París (CMA2). Se espera para diciembre de 2020, la COP26 donde todas las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) deben aumentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París.
En ese contexto y con la antesala de la Resolución del 14 de marzo de 2019 del Parlamento Europeo (PE) que abarca una visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra de conformidad con el Acuerdo de París, cobra preponderancia magnánima la emergencia climática y ambiental.
El pasado 28 de noviembre, el órgano electo que representa a los 500 millones de habitantes de la UE y ejerce la supervisión política de las actividades de la Unión participando en el proceso legislativo emitió la Resolución 2930 a partir de la cual se considera fundamental limitar el calentamiento global a 1,5 °C y evitar una pérdida ingente de diversidad biológica. La resolución del PE fue aprobada con 429 votos a favor, 225 en contra y 19 abstenciones. A través de la misma, declara la situación de emergencia climática y medioambiental con claras implicancias políticas y económicas: solicita a la Comisión Europea, a los Estados miembros y a todos los agentes mundiales que adopten con carácter urgente medidas concretas para combatir el cambio climático evaluando con ello el impacto climático y medioambiental de todas las propuestas legislativas y presupuestarias “debiendo estar en consonancia con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C y no contribuyan a la pérdida de diversidad biológica”.
La Comisión Europea representa el interés común de la UE, es el principal órgano ejecutivo. Goza de un considerable grado de independencia para el ejercicio de su labor. No debe seguir instrucciones de ningún gobierno nacional de la UE. La originalidad institucional de la Comisión consiste en que dispone del poder de iniciativa, vela por el interés general de los Estados miembros y controla la implementación de las políticas. Constituye una institución fundamental para el proceso de integración europea. En la dinámica de interacción institucional, detenta el monopolio de la iniciativa legislativa a través de las proposiciones de reglamentación y de directivas dirigidas al Consejo de Ministros. Es la depositaria del interés común, centro impulsor de la acción comunitaria y garante de su aplicación. Por regla general, la Comisión tiene el monopolio de la iniciativa de las decisiones comunitarias.
El 1 de diciembre asumió la presidencia de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen quien presentará el 11 de este mes en la Eurocámara, el Pacto Verde Europeo cuya prioridad es la lucha contra la crisis climática. El objetivo más ambicioso: que los 28 Estados miembros de la UE confluyan en la meta del fin de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 y, como punto intermedio, reducir 55% para 2030. En junio el acuerdo había fracasado por la renuencia de Polonia, Hungría y la República Checa. Esta vez será un nuevo intento.
La Resolución 2019/2930(RSP) reconoce la responsabilidad institucional del PE para reducir su huella de carbono: “propone adoptar sus propias medidas para reducir las emisiones, entre otras, la sustitución de su flota de vehículos por vehículos de cero emisiones y pide a los todos los Estados miembros que se pongan de acuerdo sobre una sola sede para el Parlamento Europeo”. Considerando que a la fecha las sesiones extraordinarias se celebran en Estrasburgo y las ordinarias en Bruselas.
Uno de los puntos más interesantes es el tono en que el PE se dirige a la Comisión al hablar de incoherencias de las actuales políticas de la Unión en materia de emergencia climática y medioambiental. Aquí se insta a una amplia reforma de sus políticas en los ámbitos de agricultura, comercio, transporte, energía e inversión en infraestructuras.
Los Parlamentos de los Estados miembros no quedan exentos de tal responsabilidad. Por el contrario, lo que emana del PE tiene una escalada comunitaria entendida como piso de mínima, andamiaje sobre el cual deberán partir el resto de los países de la UE en sus políticas nacionales.
La positiva receptividad de China e India para la implementación de compromisos específicos a través de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) para reducir los gases de efecto invernadero (GEI) abre un escenario prometedor. Según la ONU, solo las naciones del G20 acumulan el 78% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Únicamente cinco miembros del G20 asumieron el compromiso de cero emisiones para 2050. Se destacan Francia, Alemania, Italia y España. Del 60% de la contaminación global, China genera el 26,8%, Estados Unidos 13%, la UE 9%, India 7% y Rusia 4,6%.
La nota de color la protagoniza Donald Trump. Desde noviembre comenzó gestiones para la retirada de los Estados Unidos del Acuerdo de París. Pese a ello, ningún otro país siguió sus pisadas. Por el contrario, varios Estados, alcaldes y empresas americanas abrazan el compromiso por la lucha contra el cambio climático. Participará de la COP25, la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.
Recientemente el Departamento de Medio Ambiente de Naciones Unidas, conocido por las siglas PNUMA, presentó un informe donde alerta a la comunidad toda sobre la necesidad de reducciones anuales del 7,6% a partir de 2020 para llegar al objetivo de temperatura global de 1,5°C.
Central se espera sea la discusión en torno a los aportes al Fondo Verde del Clima. Para el PE, los países de la UE deberían duplicar las contribuciones al Fondo contra el cambio climático. Los principales proveedores de financiación pública contra el cambio climático son los países comunitarios.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres siguiendo la línea de las metas fijadas reclamó mayor compromiso de la comunidad internacional:“Lo que nos sigue faltando es la voluntad política para ponerle un precio al carbono, para detener los subsidios a los combustibles fósiles, para dejar de construir plantas de carbón y cobrar impuestos por la contaminación”.
Alcanzar la neutralidad del carbono para todos los países de la UE sería un escenario prometedor. El Gobierno argentino será parte de la COP25. En 2015, Argentina firmó el Acuerdo de París y propuso llevar emisiones netas de carbono a cero para 2050. Más cooperación internacional, más conciencia de la problemática en la cual estamos todos imbuidos. La sostenibilidad convertida en un imperativo categórico moral.
Analista Política. Magister en Relaciones Internacionales Europa – América Latina (Università di Bologna). Abogada, Politóloga y Socióloga (UBA).
Twitter: @GretelLedo
