En cuanto a las Malvinas, siempre he considerado que nuestra reivindicación de las islas era muy débil (…) se basa en la fuerza y nada más”. Con estas palabras, el embajador británico en la Argentina en 1928 desnudaba con claridad meridiana la posición británica respecto a Malvinas. Quitar el eje de la cuestión jurídica para llevarlo al ámbito de lo político/práctico ha sido la posición que el Reino Unido ha mantenido históricamente para evitar resolver la cuestión de soberanía.
La posición argentina está fundada en sólidos argumentos jurídicos. Si las Malvinas son argentinas es porque el derecho nos da la razón.
Sin embargo, nos encontramos con ciertas voces agoreras que, bajo falsas diatribas “patrioteras”, proponen fórmulas que se han demostrado inútiles, salvo para alimentar la inercia y el inmovilismo a que el Reino Unido nos ha llevado desde hace más de tres décadas.
Dentro de ese espectro de opiniones se propone siempre la misma receta imprudente: “no modificar el statu quo y esperar a que en algún futuro la disputa se solucione”.
Esta propuesta es cómoda, porque traslada la responsabilidad de su resolución hacia las generaciones futuras, y por la misma razón está cargada de una gran irresponsabilidad.
Este año se cumplieron cuarenta años de un conflicto armado que truncó la vida de miles de jóvenes. No nos podemos permitir, ni por su sacrificio, ni por su memoria, dejar de hacer algo concreto para avanzar en la solución de la controversia. Una política responsable es hacer frente a los problemas buscando soluciones, no dejándolos para un futuro incierto.
Convivir con la disputa es una opción. Negarla, como Londres, también. Lo que hay que perseguir es su solución como lo hacen los Estados que confían en su posición jurídica y en la justeza de sus reclamos.
En ese sentido, la política de la República de Mauricio ante su controversia con el Reino Unido –comparable a la de Malvinas– por el archipiélago de Chagos es un claro ejemplo y un espejo en donde debemos mirarnos, pese a ser catalogada por algunos como muy “juridicista”.
Este pequeño Estado del océano Índico, que alcanzó su independencia en 1968, que solo tiene 19 embajadas en el mundo y que está lejos de ser una “potencia”, apeló a todas las herramientas que el derecho internacional y las relaciones internacionales ofrecen, y logró con el tiempo que la Asamblea General de la ONU, la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar reconocieran su soberanía sobre Chagos y dejaran al Reino Unido aislado como un Estado en flagrante violación del derecho internacional. Esto lo puso en mejores condiciones para lograr la restitución de su territorio: su posición ya no fue solamente suya o de la región, sino la de la comunidad internacional toda.
Finalmente, esta política paciente, constante y contundente tuvo sus frutos. El jueves 3 de noviembre el gobierno del Reino Unido manifestó su intención de reanudar las negociaciones para la restitución de la soberanía de Chagos a Mauricio, su legítimo dueño.
Londres se vio obligada a cumplir con sus obligaciones internacionales y tuvo que dejar de lado la prepotencia imperial que, hasta hace poco, la llevaba a decir que “no tenían dudas sobre su soberanía sobre Chagos”. Lo mismo que viene diciendo sobre Malvinas desde hace cuatro décadas.
La Argentina, al igual que Mauricio, cuenta con el apoyo de la comunidad internacional y con la justeza de su posición. Al igual que Mauricio, exige el cumplimiento de poner fin al colonialismo en todas sus formas y de resolver las disputas por medios pacíficos. Es hora de que el Reino Unido sea, también aquí, responsable y cumpla con sus obligaciones.
Nos deben resonar las palabras de Olivier Bancoult, activista mauriciano, quien tras la decisión de Londres les manifestó a los argentinos: “Que nuestra causa sea la de ustedes, nuestra esperanza la inspiración de ustedes, y nuestra fe vuestra motivación”.
La visión ética de la Justicia en la que prevalece la fuerza del derecho, y no el derecho de la fuerza, ha vencido. Se ha demostrado, una vez más, y frente a aquellos que ponen en duda la eficacia del Derecho Internacional, que tenemos las herramientas necesarias. Y que más temprano que tarde, el anacronismo del colonialismo en pleno siglo XXI llegará a su fin. Eso sí, no lo hará por generación espontánea, dependerá de nuestro actuar, de saber aprovechar la coyuntura y de ser proactivos en la búsqueda del cumplimiento del mandato constitucional.
*Abogado en derecho internacional, magíster en relaciones internacionales y profesor de derecho internacional.
