La medida cumplió su fin, puesto que ayudó a evitar contagios y muertes. Pero ahora es momento de que el Estado deje de lado su rol paternalista y confíe en los ciudadanos, para evitar el daño aún más grave en la alicaída actividad económica.
El Artículo 14 de la Constitución Nacional establece varias de nuestras libertades más sagradas: la libertad de comercio, de culto, de trabajo y el desarrollo de toda actividad lícita. También de navegar, de entrar y salir del país, de transitarlo. Es por eso que las medidas excepcionales, dispuestas por decreto desde el 20 de marzo a raíz de la expansión del coronavirus, ya cumplieron su ciclo y su función educativa.
Durante las 24 horas, los medios de comunicación repiten información para educarnos acerca de los cuidados que debemos adoptar para evitar los contagios. Por eso, instalar una cuarentena estricta fue útil cuando había cierto desconocimiento sobre el Covid-19 y su diseminación, pero ya es momento de aceptar que estos niños (los ciudadanos) han crecido y aprendido a cuidarse solos.
Cuando el Estado asume un rol paternalista, considera a sus “súbditos” seres incapaces de pensar y por eso “la autoridad¨ se cree con derecho a decidir por ellos, alzando la voz y amenazándolos con represalias. Omitiendo que le habla a una sociedad formada en derechos que no quiere enfermarse, porque precisamente lo que busca es trabajar y producir. Esta peligrosa omisión de no considerar al otro un ser libre y pensante genera esa falsa dicotomía entre salud y trabajo, disfrazada de bonanza.
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A esta altura, resulta insólito que se sigan utilizando slogans peligrosos para confrontar a la población, siempre pidiéndoles que se crucen a una u otra vereda de la discusión, como si esa división generara algún beneficio. Para los ciudadanos que simplemente les concedimos la administración del país por un tiempo limitado. Y es que el único problema indiscutible es reconocer que esos recursos se están acabando y por lo tanto el gobierno ya no tendrá nada más que administrar ni tampoco razón de ser.
Los cierres de comercios y empresas se cuentan de a miles, al igual que en todo el mundo. Sin embargo, la capacidad de recuperación de nuestro país se ha visto mermada gracias a las políticas económicas que se vienen practicando desde hace más de 70 años. La Argentina estaba golpeada y la pandemia vino a darle un knockout en esta pelea sin cuartel que viene librando la clase productiva del país.
Los comercios están con las persianas bajas desde que se declaró la situación de emergencia. Sin embargo, sus dueños siguen pagando el alquiler, pagaron la “llave” del local, el mantenimiento de la planta laboral y los servicios. Además de afrontar los gastos de su propia vida diaria, el sostenimiento de su familia, el pago del colegio de sus hijos, alquileres de vivienda, hipotecas, etc.
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Prevención y acuerdos
La recuperación debe llegar, una vez más, de la mano de la libertad. La posibilidad de negociación que debe reconocérseles a los involucrados permitiría que se genere la empatía entre ellos. Los trabajadores advierten que las empresas están a punto de quebrar por la falta de ingresos, que los ahorros se terminan, y por ello ven con buenos ojos la opción la de repactar las condiciones laborales.
En cambio, cuando las condiciones se imponen, se crea una falsa dicotomía donde supuestamente la fuerza de este país son únicamente los trabajadores y no los empresarios, generando así un conflicto donde no lo hay, porque el primero no puede subsistir sin el segundo y viceversa.
Sin dudas el mercado y la industria deben abrirse en su totalidad. La actividad productiva es la que ofrece caminos de los más innovadores para salir de esta debacle económica y darle paso al progreso que necesita la Argentina, bajo el cumplimiento de distintos tipos de protocolos.
La gran carta la deben jugar las asociaciones profesionales y las cámaras empresarias, a través de medidas de salubridad, que deberán ser estrictamente cumplidas por sus trabajadores. Esta visión colaborativa es fundamental.
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Por eso, resulta esencial que el Estado minimice su influencia. Porque aquellas personas que tienen una pyme, son artesanos o tenían un emprendimiento no quieren recibir dádivas ni asistencialismo. En cambio, quieren generarse sus propios recursos que sean suficientes para obtener ganancias que les permitan pagar los sueldos a sus trabajadores. Actualmente el Estado no sólo lo impide, sino que quiere que le agradezcan sus limosnas.
Por todos estos motivos, estas medidas sanitarias y económicas, que en principio todos aceptamos, deben terminarse en beneficio del trabajo, del comercio y del cumplimiento de las garantías constitucionales.
La libertad en todas sus expresiones es la que va a permitir afrontar con éxito esta crisis y sacar adelante al país, porque las empresas tienen una clara urgencia que debe ser atendida y es que necesitan abrir sus puertas antes de que mueran. No se trata de una postura política, sino de una visión legal, constitucional y razonada.
* Dra. Déborah Huczek. Abogada penalista, Maestra Internacional de Derecho con especialización en Litigación Civíl y Penal, recibida con honores en CWSL, EEUU.
