Un pequeño proveedor de internet estaba desplegando fibra óptica en San José, Concepción del Uruguay (Entre Ríos), San Francisco (Córdoba) y Villa Constitución (Santa Fe) con un plazo de recupero de la inversión de cuatro años. Desde el viernes a la noche todas esas obras están paradas. Las PyMEs y Cooperativas que proveen ese servicio le piden como favor a los intendentes que les revoquen el permiso de obra. Académicos militantes creen que las víctimas del Decreto 690/20 que declaró servicio público internet, la telefonía móvil y la TV paga son las grandes empresas de telecomunicaciones. Nada más alejado de eso. Las telco tienen suficiente espalda para aguantar. Por ejemplo, Telefónica mantiene su operación en la Venezuela de Nicolás Maduro.
Académicos militantes salieron a blandir que en Estados Unidos se declaró internet como Servicio Público para justificar la jugada. Confunden los principios del derecho anglosajón donde una Public Utility se declara en función de resguardar la competencia y el derecho del consumidor. En ese país es conocido un caso judicial donde proveedores privados acusaron a municipios que también proveían internet por prácticas monopólicas. Los privados lo ganaron. En Argentina, nuestro derecho administrativo proviene del modelo Francés donde el concepto de Servicio Público implica la posibilidad de revertir una concesión. Aquí, los activos estatales de las telecomunicaciones fueron vendidos en los 90s. Por ese motivo no hay una concesión, se dan licencias, una figura del derecho anglosajón.
Cuando una actividad es declarada servicio público donde no hay concesión, aumenta el riesgo de inversión ya que queda en manos de quién está gobernando el Estado de si los activos de la empresa serán expropiados. Con el caso de Vicentin ya sabemos los vicios de este gobierno. El decreto 690/20 aniquila a Cooperativas y PyMES que proveen internet, telefonía móvil y televisión paga haciendo patria en localidades donde las grandes empresas no invierten. El peso de estos actores es enorme sin embargo no se los convoca. El 37% de los enlaces de internet por hogares es provisto por Cooperativas y PyMES. Si tenemos en cuenta la densidad del hogar, conectan al 40% de la población ya que las familias en el interior tienen un mayor número de integrantes. Debajo de localidades de 50 mil habitantes, estos actores están presentes en el 80% de los hogares.
Durante el gobierno de Macri, junto a mi equipo, desarrollamos programas financiados con el Fondo del Servicio Universal para fortalecer la competencia de estos pequeños actores con aportes no reembolsables para el despliegue de la interconexión y la ultima milla. Además financiamos el despliegue troncal e iluminación de la Red Federal de Fibra Óptica de Arsat para prevenir la estrangulación de precios mayoristas que sufren estos pequeños jugadores de mercado.
Esta es una actividad es capital intensiva y necesita actualización. Importar insumos es clave. Con el encarecimiento del dólar, la restitución de los permisos de importación y, ahora, la instauración de la figura de servicio público, el gobierno nacional acaba de declarar la aniquilación de estos actores ya que se verán impedidos a reinvertir su recaudación por el congelamiento de precios bajo la decisión monolítica del Estado.
*Director Nacional de Fomento y Desarrollo del Enacom (2016-2018)
