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Democracia y derechos humanos: un compromiso ineludible para la Argentina

En estas casi cuatro décadas vivimos sometidos a serios problemas y crisis recurrentes que se reflejan en la actualidad.

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Nuestro país recuperó la democracia hace 38 años, tras un largo período de inestabilidad institucional y luego de una dictadura siniestra, autora de horrendos crímenes de lesa humanidad que jamás deben olvidarse. La memoria es esencial para que esa tragedia no vuelva a repetirse.

En estas casi cuatro décadas vivimos sometidos a serios problemas y crisis recurrentes que se reflejan en la actualidad. La pobreza alcanza a amplios sectores de la población, la inflación se mantiene como un fenómeno incontrolable –y, a esta altura, extraño en el mundo-, la situación económica y social es por demás compleja y las perspectivas generan angustia en la mayoría de los argentinos.

Sin duda la pandemia ha venido a agravar la delicada problemática que enfrentamos y añade una amenaza sanitaria que ya ha costado muchas vidas. Podríamos agregar que tenemos hoy un PBI per cápita similar al de 1974 y continuar con una extensa serie de datos negativos y preocupantes.

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Sin embargo, en paralelo con esa triste enumeración de debilidades y dramas cotidianos, la sociedad argentina ha logrado consolidar la idea del Estado de Derecho democrático. Más allá de las “grietas” que suelen potenciarse desde los extremos, de la tendencia a no respetar las opiniones que no compartimos y hasta de culpabilizar y demonizar al que piensa diferente, el respeto por la democracia como sistema de gobierno es notable en la inmensa mayoría de las personas y de la dirigencia. En esa línea puede entenderse la ampliación de derechos lograda a través de distintas normas en el mismo lapso.

"La pandemia ha venido a agravar la delicada problemática que enfrentamos"

Se impone así la antigua reflexión de Churchill relativa a que la democracia es el peor de los sistemas pero sólo si se excluyen todos los demás. La fina ironía del notable líder británico es particularmente válida en el duro contexto que vive la Argentina.

La adhesión al sistema democrático incluye, obviamente, la exigencia de un respeto pleno por las libertades individuales y el repudio de la violencia como metodología política. En nuestro país es inconcebible la detención arbitraria de opositores al gobierno de turno, mucho más la persecución, violación de sus derechos y asesinato de los mismos. Por tal razón, se ha construido una postura clara en la materia a nivel internacional.

"La sociedad argentina ha logrado consolidar la idea del Estado de Derecho democrático"

Los gobiernos sucesivos plantearon sus alineamientos en función de la ideología y propuestas que los motivaban pero eso no impidió que coincidieran en una firme postura de respaldo a la democracia y de rechazo enérgico por las conductas autoritarias y violatorias de los derechos humanos.

Tal debe seguir siendo la base de una política exterior argentina coherente con la afirmación democrática que nos caracteriza y ha sido uno de los pocos –y fundamentales- acuerdos de la sociedad que es imprescindible preservar.

En ese sentido, las recientes posturas asumidas por nuestro país respecto de groseras violaciones a las más elementales reglas de la democracia perpetradas en Venezuela y Nicaragua son lamentables y preocupantes. La reciente advertencia de una organización del prestigio mundial de Amnistía Internacional es una muestra de la gravedad de ese apartamiento de principios que parecían definitivamente consolidados.

Poco –nada en rigor- deben importar las supuestas razones que se aleguen para violar los derechos o el signo político de quienes circunstancialmente gobiernan en los países en los que tales violaciones se perpetran. Esto vale tanto para el actual gobierno como para quienes hoy están en la oposición, el repudio “selectivo” de los actos autoritarios y criminales implica apartarse de la idea de verdad y justicia, agraviándose así la memoria de la tragedia que vivimos en carne propia.

La condena y el protagonismo en favor de la vigencia de las garantías para todas las personas son parte esencial del compromiso democrático. No se trata sólo de una cuestión de solidaridad sino de auto preservación.

 

* Abogado, especialista en ética pública