Un Estado constitucional es aquel en el que todos los procesos públicos se encuentran determinados por la autoridad de una ley fundamental, la más alta del orden jurídico. Será democrático en tanto la Constitución se asiente auténticamente en la soberanía de los ciudadanos que integran el pueblo, con respeto irrestricto de los principios de mayoría y minoría.
Entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983 existió en la Argentina un “régimen autocrático, burocrático y terrorista” que actuó como aparato de dominación hegemónico, ejercido mediante violencia sistemática sobre la ciudadanía y en desprecio de las instituciones. El Estado constitucional y democrático dejó de existir y el proceso público de supremacía jurídica de la Constitución quedó quebrado. No hubo Estado de derecho ni duplicidad estatal. La dictadura, mediante sus actos, normas y decisiones, vació radicalmente el principio de supremacía constitucional y consumó la negación de la Constitución como contradicción constitutiva de su propio régimen. Ese vaciamiento de la forma jurídica de un poder democrático, operado por el poder autocrático, constituyó la antítesis misma del constitucionalismo, como instrumento para la limitación del poder con su inherente división y la garantía inmaculada de que todos y cada uno de los ciudadanos del pueblo sean igualmente libres.
En ese sentido, lo sucedido en la Argentina entre 1976 y 1983 representa la cesación misma de la Constitución como forma jurídica y como determinación política. La corrupción de la dictadura –acaso, en la línea de aquello que Immanuel Kant denominó en 1793 el “mal radical”, que corrompe el fundamento de todas las máximas– se proyectó institucionalmente como negación de la supremacía constitucional y devastó por completo el orden jurídico.
Ese mal radical desplegado por la dictadura militar no fue un desborde. Fue un plan sistemático. Un sistema del mal contra la vida y la libertad de los argentinos y contra las instituciones de su país. Cada actor, civil o militar, del régimen dictatorial y cada engranaje del plan cumplió una función dentro de una arquitectura coherente de dominación: la violencia clandestina, la supresión de garantías, la intervención de instituciones, la censura, la persecución, la reorganización económica, la entrega del patrimonio nacional y la manipulación del discurso público. Sin Constitución, sin democracia y sin integración ni funcionamiento constitucional del Congreso y la Corte Suprema de Justicia.
La guerra de las Malvinas en 1982 constituyó otro eslabón de aquella trama de poder. Fue una decisión adoptada sin legitimidad democrática ni un cálculo responsable, que condujo al país a una derrota dolorosa y a la pérdida de vidas humanas cuyo sacrificio merece memoria y respeto a perpetuidad.
El plan represivo desplegado por la dictadura comprendió secuestros, desapariciones forzadas, centros clandestinos de detención, torturas, asesinatos, encarcelamientos arbitrarios y exilios forzados. A ello se sumó el silencioso exilio interior de miles de personas que debieron apartarse de la vida pública, intelectual o profesional para preservar su integridad y la de sus familias.
Durante más de siete años, la política económica desarticuló el aparato productivo, sepultó la industria, debilitó el trabajo, anuló la inversión y destruyó el ahorro. En paralelo consolidó un endeudamiento externo de magnitud que condicionaría durante décadas las decisiones soberanas del Estado.
La educación y la salud públicas padecieron un deterioro profundo. Se persiguió el pensamiento crítico, se censuró la creación cultural y se instalaron prácticas de vigilancia y control sobre el ámbito universitario y científico. Este clima debilitó la trama de solidaridad que sostiene a toda comunidad política.
Las consecuencias de ese período dictatorial no se agotaron con el fin de su hegemonía del terror. Lamentablemente, sus perniciosos efectos se proyectaron durante años en la vida institucional, económica y cultural del país.
A cincuenta años del mal radical. Nunca más sin respeto a la civilidad. Nunca más sin la fuerza de la razón. Nunca más sin igualdad real. Nunca más sin fraternidad genuina. Nunca más sin la solidaridad plena que permita sostener la vida en común. Nunca más sin la autoridad máxima de la Constitución federal de la Argentina, único instrumento capaz de garantizar la unión duradera y la vida en libertad de los ciudadanos argentinos y de todos quienes deseen habitar este suelo.
* Profesor titular de Derecho constitucional UBA. Doctor en Derecho.
