Ya está probado que el mundo de los absolutos no existe, mandan los relativos. Y en materia de discusión laboral estaría cumpliéndose también esa regla. Por un lado, están los que afirman que los costos laborales en Argentina son altos y que deberían reducirse para dinamizar la actividad económica. Por el otro, están aquellos que opinan que la flexibilidad laboral atenta contra el alicaído sistema previsional y lo que se destina a las obras sociales.
La ANSES, además de atender las jubilaciones con los aportes que efectúan los trabajadores que están en el circuito formal, sostiene los planes sociales, pero no hay que olvidar que recibe la recaudación del 100% del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, que justamente está venciendo este año y espera de un trámite de renovación que está en este momento en el Congreso junto con la prórroga de otros tributos.
Hay opiniones sobre que en épocas de caída de la actividad económica deben flexibilizarse las normas laborales. En sentido contrario, se piensa que cuando hay crisis en la economía, ninguna empresa va a contratar más trabajadores por el simple hecho de lo que diga una ley; lo van a hacer en la medida de que haya más ventas. No siempre una tesis tiene que llegar a un único resultado, luego del análisis puede llegarse a diverso tipo de conclusiones.
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Entonces, todo depende del cristal con que se mire, o dicho de otra forma del lugar en donde se esté parado. La opinión de un jubilado o la de un trabajador activo, que están atentos a cómo será su jubilación en el futuro, seguramente irá en la dirección de no desfinanciar al sistema previsional. En cambio, y con razón, un empleador pyme priorizará que se bajen los tributos y entre ellos, los llamados costos laborales que se deben afrontarse mes a mes junto a los demás costos para el desarrollo de la actividad.
Basta con citar un ejemplo que lo expresa todo, mientras en 2016 se hablaba del alto costo laboral y se proponían medidas para intentar aliviarlo, simultáneamente hubo un reconocimiento para los jubilados que necesitó de los fondos recaudados por el blanqueo de capitales destinado a cancelar los ajustes retroactivos de las jubilaciones. Sintetizando, se pensaba en reducir los costos, pero se necesitó de un aporte extra para aliviar a los jubilados.
Otro proyecto del gobierno anterior proponía diferentes medidas que, con el argumento de fomentar el registro formal sin límites de los empleados y la contratación de los jóvenes, otorgaba como beneficio la desgravación y la condonación de las contribuciones patronales destinadas a la seguridad social. Asimismo, se proponía crear un fondo de cese laboral que reemplace a las indemnizaciones que generan bruscos sacudones económicos para las empresas.
Los blanqueos laborales siempre reconocen una cierta antigüedad que aporta tiempo al momento de solicitarse la jubilación, a pesar de que no exija aportes que lo financien.
Qué sucedió anteriormente:
Estas ideas no son nuevas, comenzaron en el año 2001, con la sanción del decreto 814, cuando se diferenciaron los porcentajes de contribuciones patronales destinados a la seguridad social con el argumento, según se decía, de “establecer las bases para el crecimiento sostenido, y la competitividad y el aumento del empleo y que para alcanzar tal objetivo, resulta particularmente necesario instrumentar medidas que tiendan a la reducción del nivel de los costos de producción” .
Luego, el ex ministro Cavallo implementaba los planes de competitividad, permitiendo computar como crédito fiscal para el Impuesto al Valor Agregado, las contribuciones patronales de la seguridad social que pagaban las empresas. Por otro lado, en el mes de julio de 1994, con la privatización del sistema previsional, la AFIP comenzó a cobrar y a administrar los fondos jubilatorios y los destinados a las obras sociales (aportes y contribuciones). A partir de ahí, las transferencias realizadas a las obras sociales en general tuvieron demoras y se hacían discrecionalmente, afectando el desenvolvimiento normal de esos sistemas de salud.
Más tarde, en el año 2008, la ley 26.476 creó un blanqueo laboral y en otro capítulo un régimen de fomento para las nuevas contrataciones de trabajadores. Este régimen que estuvo vigente era similar al que intentó llevar a cabo sin éxito el gobierno de Macri, y que extrañamente fue muy criticado por la oposición que antes lo aceptó sin mutarse. Esto demostró una vez más la vigencia del “teorema de Baglini”, que dice que cuanto más cerca del poder se está, más cuesta tomar ciertas medidas.
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Por ese blanqueo, se condonaba la deuda y las multas previsionales para las empresas que blanqueaban hasta 10 empleados y a éstos se les permitía computar cantidad de años de aportes para el momento en que tramiten su jubilación. Asimismo, se daban beneficios, relacionados con la disminución de cargas sociales, a las nuevas contrataciones que se realicen el los años siguientes. No debe omitirse que existió vigente desde el año 2014 una ley (26.940), que otorgaba una reducción del 50% sobre las contribuciones patronales de la seguridad social para los pequeños empleadores (personas físicas, sociedades de hecho y de responsabilidad limitada) con hasta 5 empleados, cuya facturación anual no superara $ 2.400.000.
Sin embargo, los datos que surgen de un estudio del Ministerio de Trabajo, relacionado con la evolución del empleo no registrado, excluyendo a los beneficiarios de planes sociales, demostró que en el período 1997 a 2002 la tasa se mantuvo en el 38%, y luego a pesar de las medidas aplicadas en el año 2008, la tasa se mantuvo también en el 36%.
Estas estadísticas comprueban que el hecho de implementar medidas económicas, en los años 2001 y 2008, de reducción de contribuciones patronales no aseguraron, por sí solas, que se incremente la contratación de trabajadores, ni tampoco que se reduzcan los niveles de empelados no registrados en la economía. Por otro lado, especialistas en demografía aseguran que nuestro país goza de un período de bono demográfico. Esta situación se consigue cuando en un país existen más habitantes en la población económicamente activa con relación a la población infantil y anciana.
Como este período para Argentina concluiría en el año 2035, deberían aprovecharse todos estos años para generar ahorro, incluidos los fondos destinados a la previsión social, para cuando la situación cambie.
A través de la reforma tributaria del gobierno de Macri (ley 27.430), se introdujo la figuras del mínimo no imponible previsional para que las empresas desde febrero del año 2018 puedan descontar de la contribución de la seguridad social un importe que comenzó a ser de $ 2.400 por cada empleado. Este monto se actualizaba anualmente por el costo de vida y se iba a ir incrementando hasta llegar a $ 12.000 (históricos) en el año 2022.
Actualmente, el importe que se deduce por cada trabajador es de $ 7.003,68 y en algunas actividades afectadas por la crisis se les autoriza descontar el total que llegó a $ 17.509,20, en las cargas sociales que se abonan por cada empleado en relación de dependencia. El actual gobierno no ajustó por inflación esta deducción, que se sigue computando a valores históricos: $ 7.003,68.
Además con esta reforma del gobierno anterior todas las empresas, independientemente su tamaño, se iban a encontrar en el 2022 pagando la misma alícuota de contribuciones de la seguridad social: el 19,50%. Pero esta medida fue modificada por el actual gobierno, que estableció alícuotas inferiores para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Como se puede observar, desde el año 2001, se viene intentando reducir el impacto de las contribuciones de la seguridad social bajo diferentes formatos, medidas que son necesarias para las empresas. Pero en contraposición está en peligro la solidez que debe mantener el sistema previsional para poder solventar las jubilaciones actuales y futuras. Las dos visiones van en sentido contrario, sólo una mejora de la economía colocará inexorablemente a ambas en la misma dirección.
