Las inundaciones, las olas de calor y los incendios forestales se han multiplicado por cinco en los últimos 50 años. Esta misma semana los diarios anuncian olas de calor, de frío y tormentas de granizo en nuestro país, afectando nuestros territorios y economías. El panorama hacia adelante no es mucho más alentador: la ONU calculó que los desastres naturales crecerán 30% hacia 2050 debido a la crisis climática y la degradación ambiental.
La dependencia, los impactos y los riesgos relacionados con la naturaleza son generalizados, pero no se visibilizan ni valoran, por lo que tampoco se compensan adecuadamente. Así, en un contexto de crisis generalizada, el debate comienza a considerar y poner en valor el aporte que presta la naturaleza al desarrollo.
Enfrentamos una triple crisis de la salud: la humana, la del planeta y la de los sistemas económicos. Un reciente informe del Foro Económico Mundial sobre riesgos naturales muestra que 44 billones de dólares en generación de valor económico (más de la mitad del PBI total del mundo) dependen de la naturaleza y sus servicios en forma moderada o alta.
La misma institución, en su Informe de Riesgos Globales 2022 presenta una lista de preocupaciones de expertos y líderes mundiales, en la que establece que, a largo plazo (5 a 10 años), 5 de los 10 principales riesgos globales son climáticos o relacionados con el ambiente: fracaso de la acción climática, clima extremo, pérdida de biodiversidad, crisis de recursos naturales y daño ambiental provocado por las personas.
Enfrentamos una triple crisis de salud: la humana, la del planeta y la de los sistemas económicos
Estas consideraciones están impulsando una reevaluación profunda del riesgo, de los valores de los activos, y se están observando rápidos cambios en la asignación de capital. Con el aumento del impacto de la sostenibilidad en el rendimiento de las inversiones, la integración de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) resultan la base más sólida para las carteras de inversiones.
El cuidado ambiental no solo es un imperativo moral, sino que aparece como una necesidad económica para que el desarrollo sea sostenible. El riesgo climático y el riesgo financiero están entrelazados. Una crisis climática puede dañar la capacidad financiera de pago de un país al deteriorar la sostenibilidad del desarrollo. La relación inversa también se verifica: los países en crisis financiera disponen de menos recursos para invertir en mitigación y adaptación climática, nutriendo un círculo vicioso. La inversión en sostenibilidad ambiental no solo es una conducta socialmente responsable, es una condición necesaria para la prosperidad y la paz social.
El camino al desarrollo sostenible precisa que concedamos a la riqueza natural el valor que efectivamente tiene. Este es el objetivo de los pagos por servicios ecosistémicos, que buscan incentivar que los beneficiarios de los servicios ambientales paguen a los propietarios y usuarios locales por llevar adelante prácticas que aseguren la conservación y restauración de los ecosistemas.
En Argentina ya se pusieron en marcha proyectos en el marco del mecanismo de Reducción de Emisiones Procedentes de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) y en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos.
Hacia adelante, a partir de la presentación que hicimos el pasado martes en la provincia del Chaco del mecanismo de Pago por servicios ecosistémicos en la República Argentina se abre una etapa de oportunidades que nacen de vincular la riqueza ambiental con las nuevas tecnologías.
Blockchain, una de las tecnologías de la cuarta revolución industrial que más ha permeado en el sistema económico, permite identificar y vincular bienes ambientales a través de tokens digitales, que no son sino identificadores únicos de activos.
Los tokens nacieron y se multiplicaron para asignar valor monetario a elementos digitales, como obras de arte, diseños, música y videos originales. Este mismo mecanismo se comenzó a usar también para “tokenizar” activos ambientales tales como los servicios ecosistémicos porque ofrece transparencia y confiabilidad en los intercambios, a través de uso de otras tecnologías, como la inteligencia artificial y big data con imágenes satelitales.
Como ejemplo concreto en América Latina, el BID se asoció con la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) en la creación de un fondo capitalizado por la venta de tokens. El valor inicial de los tokens llamados «Indii» se basa en la valoración del capital natural de una hectárea de selva amazónica. A través de campañas de comercialización, el público puede comprar tokens vinculados a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades indígenas y a la conservación y restauración de los ecosistemas amazónicos.
La compra de estos tokens ofrece al inversor la posibilidad de hacer contribuciones financieras rastreables para mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales y el cuidado del medioambiente.
Cuando una persona o empresa compra un token ambiental no se trata de una mera donación, sino de una inversión que irá variando su valor según sea el interés por contribuir al crecimiento de los servicios ecosistémicos.
El destino de la inversión en tokens será definido por las autoridades locales, acordado mediante procesos participativos y su utilización será transparente y trazable, basado en un contrato inteligente (smart contract) que establecerá las categorías en que podrán ser utilizados. Los recursos se utilizarán para fortalecimiento de la resiliencia territorial, investigación científica, manejo de incendios, así como mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades (acceso al agua, salud, vivienda, conectividad o actividades agroecológicas, entre otros).
Con esta modalidad no se altera ni se comercializan los activos naturales, sino que se ofrece un instrumento de inversión en los servicios que estos bienes naturales generan a través de un registro confiable y que permite la trazabilidad del uso de los recursos, permitiendo construir un mercado que valorice la economía del cuidado, de las personas y del ambiente, generando valor compartido de manera transparente, a través de activos de base digital
La iniciativa que se pondrá en marcha en nuestro país, a través del Estado nacional, en conjunto con las provincias que se vayan sumando y agentes financieros a cargo de la comercialización de los tokens, se encuentra en la vanguardia de lo que puede representar un punto de inflexión para la puesta en valor de la riqueza natural. Cuenta además con la asistencia técnica del Banco Mundial, CAF, BID, las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
De forma paralela tenemos por delante la tarea de consensuar nuevas métricas. El PBI mide crecimiento económico, pero no refleja elementos como la degradación y el agotamiento de activos (tales como los activos naturales) y, por lo tanto, no es un indicador adecuado para medir la sostenibilidad del desarrollo. Como consecuencia, en la actualidad se busca valorizar el ambiente e incorporar la riqueza (incluyendo el capital natural) en las cuentas nacionales.
Muchos países de la región tenemos la doble identidad de ser deudores financieros y acreedores ambientales
Con la aplicación de innovaciones tecnológicas con sentido humano y responsabilidad ambiental se abren múltiples oportunidades para el desarrollo de la Argentina que suscitan interés internacional, como se vio reflejado en la recepción positiva que tuvo el programa en la presentación de esta semana realizada en la Embajada Argentina en Washington ante referentes del sector.
Es el mismo optimismo que mostró en su visita Jeffrey Sachs, miembro internacional del Consejo Económico y Social (CES). Frente a representantes del mundo del trabajo, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil, uno de los economistas más influyentes del mundo aseguró que no existen grandes obstáculos para iniciar un nuevo periodo de crecimiento en la Argentina.
En palabras de la economista Mariana Mazzucato, también asesora del CES, en su libro El valor de las cosas, “si el objetivo consiste en producir un crecimiento que se guíe más por la innovación, que sea más inclusivo y sostenible, necesitamos que nos encamine una mejor comprensión del valor”.
Muchos países de la región enfrentamos la doble identidad de ser deudores financieros y acreedores ambientales. Mecanismos de innovación financiera como la emisión de tokens ligados a los servicios ecosistémicos pueden contribuir a equilibrar esa balanza al poner en valor la riqueza ambiental que proveemos.
*Secretario de Asuntos Estratégicos. Presidente del Consejo Económico y Social.
