Los fundamentos jurídicos del fallo condenatorio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no son los que pasarán a la historia. No hacen un aporte significativo a la teoría jurídica, ni una gran contribución a la jurisprudencia nacional, ni ofrecen nuevos elementos de juicio. Lo verdaderamente histórico de este fallo son sus consecuencias políticas.
Al nivel de las percepciones colectivas, no cambia nada: quienes ven en este proceso una suerte de reparación histórica de estricta justicia que no tiene nada que ver con intereses políticos partidarios, sino con el pleno funcionamiento de las instituciones democráticas, adoptaron esa perspectiva mucho antes de que el fallo saliera y por lo tanto la fortalecerán de aquí en adelante.
De igual manera, pero en sentido contrario, quienes ven en este fallo un proceso de proscripción y censura, lo hacen, inclusive, antes de siquiera poder leerlo, desde una posición ya formada y muy difícil de modificar, que sostendrán en el tiempo basados en apelaciones a instancias internacionales que llevarían años.
Sin embargo, al nivel de la organización del sistema político y sus formas de relación, esta sentencia lo cambia todo y no son buenas noticias para nadie.
En primer lugar, los conflictos políticos sólo pueden resolverse por medios también políticos, a través de la construcción de consensos y mayorías sociales indispensables que respalden de forma más o menos activa la orientación elegida. La sentencia de un tribunal no puede sustituir esa función.
Por lo general, y los ejemplos históricos abundan en ese sentido, cuando las sentencias son utilizadas políticamente, tienden a agravar la situación que pretendían resolver.
En segundo lugar, aunque en el corto y mediano plazo recupere cierta centralidad en la opinión pública y se transforme en una especie de gran electora, organizando la agenda opositora, la crítica económica y articulando el descontento creciente de diferentes sectores sociales, el precio que CFK pagará por ello desde su nuevo rol de observadora no participante es altísimo, ya que a la prisión y la probable pérdida de muchos de sus bienes personales, se le suma que quedará afuera de toda posibilidad de representación política directa, que es algo así como la razón de ser de cualquier militante.
Esta situación podría abrir un ciclo de inestabilidad del sistema político y replantear la construcción de las identidades en disputa, acelerar la conflictividad social y aumentar los ya elevados niveles de violencia represiva simbólica y material.
Luego de fetichizar durante años la figura de la ex presidenta, asignándole capacidades y atributos que no le eran propios, sino el producto de relaciones sociales, las identidades políticas alternativas tanto dentro del espacio peronista como fuera de él, se fueron construyendo casi exclusivamente en contraposición a lo que CFK significaba para los distintos sectores.
Ese abuso de construcción de identidad por la negativa, vacío de proposiciones novedosas, estallará ahora por los aires, ya que sin antagonismo no hay afirmación identitaria posible. La energía vital que animaba ese movimiento colectivo apasionado e intenso se ha acabado, lo que obliga a barajar y dar de nuevo.
Sobre el carácter irreversible e inapelable de la decisión judicial, permítanme decir que no existe tal cosa. Todas las situaciones sociales y sus formas jurídicas son siempre y en todo lugar, modificables. Cuando cambian las relaciones de fuerza, cambian las formas jurídicas y políticas que las sustentan.
Aunque en la actualidad no se verifican condiciones similares, pesa sobre esta mismísima corte un antecedente importante al respecto: cuando en 2017 quiso computar al 2 por 1 la pena de los genocidas presos por los delitos atroces y aberrantes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar, lo que en la práctica equivalía a dejar a muchos de ellos en libertad, la reacción inmediata de lo más profundo de nuestra memoria colectiva, no se lo permitió.
La detención e inhabilitación de CFK no ha tocado ese nervio y está lejos de hacerlo en el corto plazo, aunque allí apunten sus cañones. Sin embargo, si se continúan profundizando las relaciones sociales de exclusión, las relaciones económicas de explotación y las relaciones políticas de dominación, al tiempo que se disuelven las identidades alternativas y se postergan las necesidades de mejores condiciones de vida para los sectores populares, en el mediano y largo plazo, se estarán generando las condiciones propicias para que ello ocurra. Como en Brasil.
