El 15 de julio del 2010, el Senado argentino aprobó la ley 26.618 y permitió que la Argentina sea, en la actualidad, uno de los 32 países que permiten matrimonio entre personas del mismo sexo. Una lista que aún es muy corta si consideramos que las Naciones Unidas tiene 193 miembros.
Pero en unos días un nuevo país podría iniciar el camino hacia la sanción del matrimonio igualitario. Ucrania considerará legalizarlo a raíz de una petición que tiene más de 28 mil firmas y que le da al presidente Volodímir Zelenski un plazo de 10 días para responder.
En Ucrania, cualquier petición que superé las 25 mil firmas obliga al presidente a considerarla. Sin embargo, esto no garantiza ningún cambio en la legislación vigente.
Actualmente, la homosexualidad no es ilegal en Ucrania, pero no se reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo ni las uniones civiles.
La última encuesta dada a conocer por el Instituto Internacional de Sociología de Kyiv, en los últimos seis años, el número de personas que tienen una “visión negativa” de la comunidad LGBT+ ha mermado, notoriamente, del 60,4 % al 38,2 %.
Zelensky, sin posición clara
La posición de Zelensky sobre el tema no está clara. A pesar de posicionarse como liberal durante su campaña electoral, aún mantiene entre sus asesores a Oleksiy Arestovych, quien es rechazado por la comunidad homosexual porque en una entrevista los consideró de “personas con desviaciones”.
De aprobarse el matrimonio igualitario impactará directamente en el Kremlin y también acercará a Ucrania a países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza donde ya está vigente.
En Rusia, Vladímir Putin, quien afirmó: “Mientras yo sea presidente, no habrá matrimonio homosexual” cuenta con la última enmienda de la Constitución rusa que prohíbe cualquier tipo de matrimonio entre personas del mismo sexo y bloquea cualquier legislación al respecto.
La homosexualidad, en Rusia, fue un delito en Rusia hasta 1993 y se clasificó como enfermedad mental hasta 1999. Durante la presidencia de Borís Yeltsin, parecía que Rusia continuaría por el camino de aceptación social de las personas LGBT+ que estaba ocurriendo en Europa y el mundo, pero con la llegada de Putin al poder frenó cualquier avance en materia de inclusión.
Víctimas de esa intolerancia fueron Anastasia y Anna, quienes escaparon de la homofobia de Putin y llegaron a Buenos Aires en enero pidiendo asilo por ser personas LGBT+ y gracias a la Ley de Matrimonio Igualitario pudieron rehacer sus vidas y criar a sus hijos con libertad.
