OPINIóN
Conflicto Rusia-Ucrania

El uso de armas prohibidas

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Estadísticas. Entre el 10 y el 40% de las submuniciones fallan al explotar y lo hacen después. | AFP

Aún están en nuestra visión las imágenes de la destrucción causada por las municiones en racimo por parte de Rusia en la población de Járkov, donde cientos de civiles murieron o resultaron heridos por su utilización.

A pesar de haberse negado en numerosas ocasiones al envío de municiones en racimo a Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden finalmente autorizó hace pocos días las transferencias de estas armas como parte de un nuevo paquete de ayuda militar.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Departamento de Defensa, Estados Unidos proveerá al ejército ucraniano de Municiones Convencionales Mejoradas de Doble propósito (Dpicm en inglés, municiones en racimo). Éstas contienen ochenta y ocho submuniciones y abarcan un área de 30 mil m2  una vez lanzadas. Desde el conflicto con Irak, Norteamérica no utiliza estas armas, por lo que se estima que tiene almacenadas cerca de tres millones.

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Esta decisión generó el repudio, desde el gobierno de Canadá y Alemania, hasta de países sumamente contaminados por el uso de municiones en racimo como Camboya y Laos.

Asimismo, organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Cluster Munition Coalition (CMC), la red Sehlac (Seguridad Humana en Latinoamérica y el Caribe), quienes trabajaron por más de una década para su prohibición, condenaron la decisión de Estados Unidos.

Una munición en racimo es un arma que contiene múltiples submuniciones que pueden ser lanzadas desde el aire, tierra y agua, se dispersan en un área de una amplitud tal que matan o hieren gravemente tanto a objetivos civiles como militares.

Entre el 10 y el 40% de las submuniciones fallan al explotar y pueden hacerlo muchos años después del conflicto, lo que genera una contaminación de la tierra, altamente peligrosa. Como es el caso de Laos y Vietnam, donde todavía hay submuniciones que pueden detonar cincuenta años después de su uso.

Uno de los pilares fundamentales del Derecho Internacional Humanitario (DIH) es el que se aplica en situaciones de conflicto para limitar los efectos y proteger a las personas que no participan en el combate que es el principio de distinción. Éste prohíbe el uso de métodos y medios militares que no distingan entre combatientes y no combatientes, como es el caso de las municiones en racimo.

Si bien ni Rusia, ni Ucrania, ni Estados Unidos son parte del Tratado de Prohibición de Municiones en Racimo, que ya tiene diez años como ley internacional y del cual son parte, la mayoría de los aliados OTAN, todos los países están obligados por el Derecho Internacional Humanitario a no utilizar armas que tengan efectos indiscriminados y que puedan, por su naturaleza ser un peligro para la población civil.  

La contraofensiva lanzada por Kiev no está dando los resultados esperados y la munición convencional provista por Occidente, comienzan a agotarse; el ejército craniano cree que con estas armas puede detener el avance ruso y reducir la superioridad de la artillería de ese país, además de llevar adelante una intensa campaña diplomática para formar parte de la OTAN.

Durante una visita a Kiev, en mayo pasado, el senador republicano, Lindsey Graham, dijo en declaraciones a la prensa: “No existen armas mágicas, es la combinación de armas la que crea la magia. Es imperativo que apoyemos a Ucrania con municiones en racimo.”

El conflicto ya lleva quinientos días, se está prolongado más de lo esperado, tanto Rusia como Ucrania están utilizando armas prohibidas, violando el Derecho Internacional Humanitario. Ambos países se acusan mutuamente de utilización de: fósforo blanco, minas antipersonal y ahora masivamente municiones en racimo americanas. El ministro de Defensa de Ucrania dijo que no comentará la utilización de ningún arma hasta la finalización del conflicto, algunas acciones se van a juzgar como crimen de guerra y ésta será una de ellas.

*Coordinadora de la Red de Seguridad Humana en América Latina y el Caribe (Sehlac), directora de la Asociación para Políticas Públicas (APP). Especialista en temas de seguridad internacional y control de armas.