“Lo que se difiere no se evita”.
Thomas More
Inflación al 6/7% mensual; actividad económica planchada en un nivel similar al de 12 años atrás; escasez de dólares, tanto en el stock (de reservas del BCRA) como en el flujo por una sequía histórica; una inmensidad de pesos en títulos de corto plazo que hay que endulzar empalagosamente para que no busquen dolarizarse; y un presidente débil (sin chances de reelección) en un año electoral, lucen una receta segura a una inestabilidad nominal que puede resultar imposible de controlar.
Sergio Massa no difiere sustancialmente de Martín Guzmán en su afán de tranquilizar la economía (léase tranquilizar el dólar). Es como si el objetivo de la política económica fuese a evitar que la cotización del dólar y de la brecha ocupe los zócalos de los canales de TV (sobre todo de los programas de aire por la tarde). La lectura es que a los argentinos nos moviliza más lo nominal que lo real; e, incluso en un año electoral, lo que les pase al dólar y a la brecha es más importante que lo que suceda con la actividad económica o el empleo.
En consecuencia, la gestión Massa intenta, infructuosamente, esconder (debajo de la alfombra) cualquier indicio que pudiera gatillar la fase de aceleración nominal de la crisis. Contuvo la brecha trabajando sobre la oferta de dólares a través de las dos fases de dólar soja (pronto habrá una tercera) y apelando a anuncios de fondos frescos de organismos internacionales, la activación del swap chino y otras operaciones cosméticas. Y reforzó el cepo sobre las importaciones, a costa de condenar a muchos sectores a reducir sus niveles de actividad, con el fin de contener la demanda de dólares del mercado oficial. Pero ninguna de sus iniciativas han sido suficientes para evitar que las reservas internacionales netas del BCRA puedan despegarse consistentemente del preocupante umbral de los US$ 2 mil millones. El cual hemos perforado nuevamente (hacia abajo) como resultado de una autoridad monetaria que se ubica permanentemente en la punta vendedora del mercado desde que se cerró la ventana de la fase dos del dólar soja.
Ahora enfrenta el desafío de evitar que los tenedores activos financieros en pesos se inclinen, como ha sido usual en circunstancias similares de incertidumbre, de falta de dólares y año electoral, por dolarizar parte de dichas tenencias. Para ello realizó un nuevo canje de deuda (el tercero durante su gestión) para descomprimir vencimientos de los próximos cuatro meses (cuya concentración se había visto agravada por sus propios canjes anteriores). Pero la participación del sector privado fue muy baja. Mientras que el sector público, los bancos y las compañías de seguros entraron con más del 80% de sus tenencias, el sector privado solo lo hizo con alrededor del 25% de los títulos elegibles que poseían. De los $ 7,5 billones previos de vencimientos ahora quedan $ 3,6 billones de aquí a fines de junio, de los cuales la mayoría está en manos de agentes privados. Tengamos presente también que en el tercer trimestre vencen otros $ 6,9 billones de títulos en pesos (seguramente habrá otro canje) de los cuales un 25% son tenencias privadas. El sector privado (sin contar bancos y compañías de seguros) posee alrededor del 40% de los $ 10,5 billones de títulos que todavía vencen de acá a las elecciones. Incluso suponiendo tasas bajas de dolarización de esas tenencias, la presión sobre los mercados alternativos del dólar, la brecha (y a partir de allí, sobre los precios) será inevitable. Y esto solo como consecuencia de la dolarización de stocks. Ya que además tendríamos la eventual dolarización de flujos típica de años electorales y de lo que podría dejar de liquidez en pesos un eventual “dólar soja III”.
A pesar de la floja participación del sector privado, el Gobierno hizo alarde de los resultados del canje. Aunque en el comunicado a la prensa engrosó el resultado sumando la participación alcanzada en el canje de enero (sobre los vencimientos de marzo), dejando entrever que esperaba algo más. De todas maneras, el canje, aunque no conlleva fondos frescos, implica una descompresión de la estrechez financiera que enfrenta el fisco y, por ende, es una invitación a menor disciplina y mayor déficit fiscal. Y el déficit es la madre de todas las bombas. La escasez de dólares, la abundancia de pesos, la fragilidad del balance del BCRA, la concentración y el costo de la deuda y la inflación son consecuencia del déficit fiscal. Y si bien la herencia que le deja este gobierno al próximo está llena de dinámicas comprometedoras, la inexorablemente necesaria eliminación del déficit fiscal aparece como el objetivo más desafiante de todos. Porque cualquier programa que se proponga estabilizar y generar un cambio de régimen económico sustentable deberá tener como eje el equilibrio de las cuentas públicas.
En este punto es donde convergen los dos grandes temas del debate público de los últimos días. La cuestión de la deuda (que siempre es sinónimo de déficit), y el debate, en la oposición, en torno a la estrategia política que tiene mejores chances de ganar las elecciones primero y gobernar, haciendo lo que hay que hacer, después. No hay estabilización ni cambio de régimen posible sin una profunda reforma, entre otras, del sector público. Y reforma y cambio implican conflictos, y si estos son generalizados y duraderos el miedo a no poder gobernar puede llevar al inmovilismo y a la entronización del statu quo. La oposición debe tejer sus estrategias electorales y de gobierno entre dos grandes riesgos/temores: el de ver bloqueadas sus iniciativas por grupos de interés afectados por el ajuste fiscal y las reformas estructurales, de un lado; y el de frustrar nuevamente las expectativas, por quedarse cortos (por hacer lo que se puede y no lo que se debe), del otro. El camino del diálogo y el consenso aparece como alternativa para reducir el riesgo de bloqueo, pero deja flotando la duda de si no es el camino más seguro a quedarse cortos, a ser poco ambiciosos y a moverse exclusivamente en el terreno de lo que, a priori, genera el menor conflicto posible.
En su libro Deconstruir el populismo, Fabio Quetglas sostiene: “Evitar las dificultades es el primer peldaño a toda frustración. Tal vez el verdadero dilema del Gobierno que asuma en 2023 sea ese; el país debe decidir entre el esfuerzo por evitar los desafíos o el esfuerzo por enfrentarlos”. Será quien resulte electo presidente quien finalmente elija hacia dónde y cómo dirigir los esfuerzos. Pero si queremos que nuestra historia reciente no sea un espejo de su futuro, está claro que patear, una vez más, para adelante el conflicto inherente a la solución de los desequilibrios macro y estructurales que arrastra la Argentina no parece ser el mejor camino.
*Economista, director de Perspectiv@s Económicas.
