El Gobierno denunció a los periodistas Ignacio Salerno y Luciana Genua por haber grabado en los pasillos de la Casa Rosada sin autorización. La presentación fue realizada por el jefe de la Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ibáñez, bajo el argumento de que se vulneraron normas de seguridad y que se pudo haber expuesto información sensible vinculada al funcionamiento del Poder Ejecutivo.
Esto es grave. Muy grave. Y no solamente por el hecho en sí, sino por algo que empieza a resultar más inquietante: la naturalización. En Argentina y también en otros países se empieza a convivir con episodios que tienen que ver con la presión sobre la prensa como si fueran una amenaza y no lo son. O, al menos, no deberían serlo.
Hasta ahí, hay un punto discutible, pero discutible al fin: si hubo o no una infracción a las reglas que regulan la tarea de los periodistas acreditados. El problema empieza cuando la respuesta pierde proporción. Porque no se trata de una advertencia o una sanción administrativa. Se trata de una denuncia con implicancias mayores, en un terreno que roza cuestiones como la seguridad o incluso el espionaje. Y ese salto es el que genera preocupación.
En paralelo, el presidente Javier Milei no solo respaldó la medida, sino que además utilizó un lenguaje particularmente agresivo al referirse a los periodistas, a quienes calificó como “basuras”, “inmundos”, “repugnantes” y “delincuentes”.
El lenguaje no es un detalle. En política, y sobre todo desde la Presidencia, construye sentido. Y cuando la descalificación reemplaza al argumento, lo que aparece es un deterioro del clima institucional.
No es un fenómeno exclusivamente argentino. En otros contextos, gobiernos como los de Viktor Orbán o Vladimir Putin han avanzado sobre la prensa a partir de una lógica similar: presentar al periodismo crítico como un actor hostil. La diferencia, claro, está en hasta dónde se avanza.
Por eso el punto central no es el episodio en sí mismo, sino lo que expresa. Una tendencia a responder de manera cada vez más dura frente a la crítica, y a perder de vista el equilibrio en el uso de las herramientas del Estado.
Porque cuando una falta, si es que existió, deriva en una reacción desmedida, el problema deja de ser puntual. Pasa a ser institucional. Ahí es donde conviene detenerse. Porque lo que está en juego no es solo la situación de dos periodistas, sino algo más amplio: la relación entre el poder y la prensa en una democracia.
