El Gobierno activó una carrera para transformar activos públicos en divisas frescas. Con el objetivo de mostrar robustez en las reservas del Banco Central, la gestión de Javier Milei aceleró el proceso de privatización y desinversión en tres empresas clave del sector servicios y energía. La meta es recolectar un piso de USD 2.000 millones en el corto plazo para blindar los pagos a los acreedores privados y cumplir con el cronograma de acumulación pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al retirar al Estado de la administración de AySA, de la red de transporte eléctrico de Transener y de la distribución de gas de Metrogas, el oficialismo apuesta a que el mercado valide una nueva estructura de precios relativos donde el usuario absorba el costo real del servicio. En la visión del equipo económico, esta transferencia permitirá una desregulación tarifaria total que alivie el peso de los subsidios en el gasto primario, consolidando el ancla fiscal que sostiene el programa macroeconómico.
AySA: el laberinto del saneamiento
A fines de este mes, el Ejecutivo presentará formalmente el pliego de bases y condiciones para la licitación de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El proceso sufrió dilaciones derivadas de la magnitud patrimonial de la compañía. No se trata únicamente de la distribución en el AMBA, sino de un holding que administra activos inmobiliarios estratégicos y plantas de tratamiento de alta complejidad.
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El plan oficial amparado en la Ley de Bases consiste en ofrecer el 51% de las acciones en una licitación pública internacional, colocar un 39% en la Bolsa mediante una oferta pública (IPO) y reservar el 10% restante para el programa de propiedad de los empleados. Sin embargo, la valuación sigue en disputa. En el mercado circuló una cifra de USD 500 millones (el precio de referencia de la antigua Aguas Argentinas en los 90), pero el Banco Nación trabaja hoy en una auditoría exhaustiva que contempla el pesado pasivo financiero acumulado.
Fuentes al tanto de las negociaciones advirtieron a PERFIL que una de las trabas centrales es que los activos inmobiliarios y las plantas permanecerán bajo control estatal y que “aún no hay un plan” oficial para su destino. La venta se limitará a la concesión del servicio y a la recuperación de carteras de clientes morosos, fondos que deberán reinvertirse obligatoriamente en infraestructura. De hecho, una de las garantías que habilitó el Gobierno el año pasado es el permiso a la empresa para cortar el suministro en caso de deuda.
Pese a las dificultades, el apetito internacional está latente. Entre los grupos que iniciaron sondeos aparecen la brasileña Sabesp, la francesa Veolia y el holding local Roggio. Publicada la licitación, habrá un plazo de 90 días para evaluar la solvencia técnica y económica de los oferentes antes de adjudicar.
Transener
El segundo frente de batalla es Transener, la compañía que controla el 85% de la red de alta tensión del país. El Gobierno ultima una resolución para desprenderse de la participación estatal, hoy operada bajo un esquema de control compartido entre Energía Argentina (Enarsa) y Pampa Energía. El Estado posee el control de Cieltec, dueña del 52,64% de las acciones Clase A de la transportadora.
Aunque el valor bursátil total ronda los USD 900 millones, la subasta de la cuota estatal representa un negocio de USD 200 millones. La cifra final podría elevarse por el carácter estratégico de una red de transmisión que abarca 12.400 kilómetros de líneas y 60 estaciones transformadoras.
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La salida oficial tiene una implicancia regulatoria de fondo: eliminar la intervención del Estado en la determinación de los precios mayoristas. Al habilitar que los privados cierren contratos directos, el Ejecutivo cumple con otra exigencia del FMI: retirar a Enarsa de la gestión energética para fomentar la inversión. Los grupos Central Puerto S.A., Edenor y la alianza conjunta entre Genneia y el Grupo Edison ya manifestaron su interés formal.
Metrogas: YPF acelera la salida
En paralelo, YPF avanza a paso firme para desprenderse de Metrogas. La petrolera que conduce Horacio Marín busca vender su 70% de participación para concentrar su CAPEX (inversión de capital) exclusivamente en el desarrollo de Vaca Muerta. El proceso, coordinado por Citigroup, superó la fase no vinculante con un éxito inesperado tras la presentación de propuestas de 13 empresas.
El objetivo de la petrolera de bandera es obtener unos USD 500 millones y adecuarse a la normativa vigente, que establece un tope del 49% de participación en distribuidoras de gas. En la fase actual de due diligence (donde se accede a los libros contables finos de la empresa), figuran en la lista de candidatos Andina PLC (vinculada a José Luis Manzano), Central Puerto (liderada por Guillermo Reca), la familia Miguens-Bemberg, Eduardo Escasany (titular del Banco Galicia) y Neuss Capital. El atractivo para el "círculo rojo" es claro: se trata de un activo que garantiza flujo de caja en un mercado regulado, pero en vías de dolarización.
La aceleración de estas privatizaciones busca un efecto de choque en Wall Street. En un contexto donde el riesgo país se mantiene volátil, la confirmación de ingresos extraordinarios actúa como una señal de solvencia para los tenedores de bonos soberanos. La tasa de los activos argentinos sigue descontando un escenario de estrés, y el mercado aguarda que estos USD 2.000 millones funcionen como el puente definitivo hacia la recuperación del crédito internacional.
AM/ML
