Con la inflación en 3 dígitos, la moneda argentina ha dejado de funcionar como instrumento de ahorro dando lugar a un regresivo impuesto inflacionario.
La indeterminación del valor del dinero hace que además se diluya el valor de la información que transmiten los precios para las decisiones de consumo e inversión. Ello equivale a un shock negativo sobre la productividad del conjunto de sectores de la economía.
Las políticas de estabilización requieren acuerdos inter partidarios para alcanzar el equilibrio presupuestario inter temporal o, como mínimo, asegurar la sostenibilidad de la deuda. Los gobiernos no quieren pagar los costos políticos de hacer un ajuste porque además de comprometer su popularidad, dados los rezagos en los resultados, los beneficios redituarán al próximo.
Así se trasladan las (inevitables) medidas impopulares a la siguiente administración; el ganador de la elección, a su vez, suele hacer anuncios que desestabilizan los mercados de la administración saliente.
Los países con monedas estables mantienen acuerdos explícitos o implícitos para evitar los excesos presupuestarios. Hay 93 países que observan algún tipo de regla fiscal inter temporal; de ellos un 40% permite ajustar la meta fiscal en función del ciclo económico. Chile, con una meta de balance estructural (entre +/- 1% del PBI), es un buen ejemplo.
Ello permite acumular activos en tiempos de bonanza y utilizarlos en forma contra cíclica en tiempos de crisis. Recientemente Chile introdujo además una restricción de endeudamiento prudencial (45% del PBI).
En la Argentina la historia reciente sugiere que, aun si hubiera un acuerdo inter partidario, su cumplimiento enfrentaría problemas de credibilidad. Solo el tiempo, en la medida que los hechos avalen los compromisos, permitirán recuperarla.
Por ello, la convergencia hacia una economía con estabilidad de precios será- en el mejor de los casos - gradual. La inercia inflacionaria está incorporada en las expectativas de inflación que se manifiestan en remarcaciones defensivas de los precios de productores, comerciantes y trabajadores.
La resultante volatilidad de precios relativos, agravadas por distorsiones de precios (tarifas y tipo de cambio) aumentan la incertidumbre de precios relativos; esta da lugar a una prima de incertidumbre que se suma como un factor de costo adicional en la determinación de precios.
Las estrategias ortodoxas de estabilización han fallado cuando la austeridad fiscal no acompañó la restricción monetaria. Esto dio lugar a fuertes subas de la tasa de interés desplazando el costo del ajuste del sector público al sector privado - poniendo en cuestión la legitimidad del programa de estabilización.
Las políticas heterodoxas a su vez incorporan controles de precios y salarios con la intención de coordinar expectativas inflacionarias a la baja. Dicha tarea de coordinación se complejiza por distorsiones de precios iniciales y porque, previo a los controles, suele haber remarcaciones preventivas. La inconsistencia monetaria-fiscal termina derribando esos planes también.
Estrategias de transición para recuperar la moneda
La crónica (histórica) debilidad del peso, asociada con la huida hacia el dólar como reserva líquida de valor, ha sido otro factor de desestabilización recurrente.
Un programa de estabilización debería tener los siguientes elementos:
- un pacto de convergencia fiscal entre partidos-coaliciones trascendiendo el horizonte de planeamiento de un gobierno
- una restricción monetaria conmensurable con la fiscal
- un sendero consistente de unificación cambiaria y normalización tarifaria
- reformas estructurales orientadas a sostener el programa presupuestario, profundizar la integración comercial y restablecer incentivos a la actividad privada formal
- coordinación de la trayectoria de precios y salarios consistente con el programa de reformas fiscales, cambiarias, monetarias y tarifarias asociadas al plan de estabilización.
Durante la transición, para mitigar la pérdida de utilidad de la moneda como unidad de cuenta, se podría habilitar la opción de indexar algunos precios con la evolución del Índice CER (índice de ajuste diario calculado por el BCRA basado en el Índice de Precios al Consumidor). El CER se podría aplicar a depósitos bancarios, préstamos y bonos; contratos de servicios, alquileres, locación de obras y servicios en redes (incluyendo tarifas); a la compraventa de bienes e insumos que requieren procesos de producción extendidos en el tiempo; a la compraventa de activos como inmuebles, etc.
Ello permitiría sustituir un sistema de precios que incorpora expectativas subjetivas de inflación e incertidumbre de precios relativos por un sistema expresado en unidades de CER con precios relativos más estables – contribuyendo a reducir las primas de incertidumbre implícitas en los precios.
Los beneficios, además de permitir que el sistema de precios vuelva a brindar información para decisiones de ahorro-inversión eficientes, incluyen: estabilización de las finanzas públicas (las tarifas dejarían de padecer el crónico atraso); extensión del plazo de los contratos; sustitución del dólar como unidad de cuenta en la venta de activos incluidos los inmuebles (reduciendo la volatilidad del valor de los activos en relación con los ingresos del comprador-vendedor); y una opción de ahorro más segura que el dólar (que no tiene ajuste por inflación)permitiendo de paso reducir el costo local del señoreajedel dólar emitido por la Reserva Federal.
Existen costos/riesgos también, pero estos son mitigables o menores. La extensión del uso del CER como unidad de cuenta podría generar inercia inflacionaria; pero esto depende de cuánta indexación implícita reemplace.
Como argumentamos, la indexación implícita es elevada en el contexto actual. Otro riesgo es la falta de credibilidad del instrumento; por eso la ampliación del uso legal del CER debe ser aprobada por ley.
La extensión del uso del CER como unidad de cuenta también podría generar inercia inflacionaria
En la Argentina la inflación ha funcionado como el principal mecanismo de ajuste fiscal cuando el gasto público no está indexado. Más indexación implica menos oportunidades de licuación. En todo caso, la licuación por inflación no es un sistema eficiente de ajuste fiscal.
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Otro riesgo de indexación del gasto público es que – debido al rezago en el ajuste - genera un incentivo perverso a aumentar la inflación para reducir el gasto real. Esto se podría remediar ajustando el gasto en función de la inflación corriente.
En resumen, el proceso de estabilización requiere un acuerdo fiscal inter temporal entre las principales fuerzas políticas e instituciones representativas del sector empresario y del trabajo. Implica renunciamientos a intereses y sobre todo privilegios sectoriales; se debe persuadir a las partes que el sacrificio será temporario y que será compensado por un mejor funcionamiento del sistema.
En particular, el desarmado del sistema de controles (cepo, protección y tarifas) permitirá desactivar privilegios crónicos con mejoras importantes para el bienestar social.
Tras la normalización de precios relativo -y en la transición hacia un régimen de baja inflación- se podría extender el uso del CER como unidad de cuenta para reducir el elevado costo económico que implica la incertidumbre de precios relativos asociada a la inflación.
Una negociación conjunta de gobierno y oposición con el principal acreedor externo de la Argentina – el FMI – daría una señal importante del proceso de estabilización. Las excepcionales condiciones adversas derivadas de la sequía y la proximidad de las elecciones darían una perfecta excusa para dicha iniciativa.
*Doctor en Economía por Universidad de Oxford, Ex Economista Líder Banco Mundial, Ex Gerente Análisis Monetario y Financiero BCRA, Desarrollista Inmobiliario.
