La movilización feminista del pasado miércoles a los Tribunales de todo el país a raíz del femicidio de Úrsula pone el foco sobre uno de principales eslabones de los déficits de la respuesta estatal ante los hechos de violencia de género: el Poder Judicial. Desde la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ) estamos promoviendo una iniciativa que consideramos puede aportar territorialidad y descentralización para acercar espacios de escucha, atención, orientación y denuncia a quienes sufren violencia de género, a través de equipos interdisciplinarios especialmente formados a tal fin. Se trata de que los CAJ (Centros de Acceso a la Justicia), que tienen presencia e inserción territorial en todo el país, se amplíen y pongan a disposición sus equipos profesionales para dar una respuesta integral ante las consultas, denuncias, y requerimientos en situaciones de emergencia en violencia de género. Proponemos crear la Oficina de Protección Integral en materia de Género (OPIGe) en el ámbito de los CAJ.
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La iniciativa plantea ampliar, redireccionar y territorializar -adaptando a las circunstancias, demandas y lenguajes actuales-, lo mejor de la experiencia de un dispositivo existente desde el 2006 que se propuso justamente el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género: la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la actualidad la OVD funciona fundamentalmente en el ámbito metropolitano-porteño, aún cuando la Corte tiene recursos en exceso para ampliar su inserción, si así lo decidiera.
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En las OPIGe la persona consultante será atendida por un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales del derecho, del trabajo social y la psicología. Se indagará de modo prioritario sobre la existencia de agresiones (visibles o no, como puede serlo una agresión sexual) que requieran tratamiento médico urgente y se procederá en primer lugar en resguardo de su salud física y mental. Además se evaluará la necesidad de realizar medidas urgentes de carácter jurisdiccional (por ejemplo, una denuncia penal, medidas cautelares protectorias), se elaborará un informe de riesgo vinculante judicial y ejecutivamente que contemple las múltiples dimensiones del conflicto integralmente -la dimensión social, económica y habitacional de la violencia- y, de ser necesario, se elaborará un informe médico de modo de articular con los servicios de salud locales.
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Con particular atención a los requerimientos de la persona consultante y en función de la naturaleza del conflicto que se aborde, se evaluará la posibilidad de gestionar la conflictividad emergente a partir de mecanismos de resolución de conflictos alternativos a la judicialización, siempre y cuando no medien disposiciones de orden público que lo impidan. Y en caso de judicializar el conflicto, servirá la labor profesional y sus informes de prueba documental respaldatoria. El equipo se pondrá en comunicación con las dependencias públicas u organismos que continuarán con las gestiones asumiendo la representación legal de la persona agredida, conforme las características de cada jurisdicción y/o el marco de acuerdos interinstitucionales que se lleven a cabo con ese fin. Se establecerá que la OPiGe se convierta en en referencia articuladora de la intervención, por su accesibilidad, cercanía y proximidad para dar seguimiento a la persona requirente, superando los mecanismos de revictimización que producen las intervenciones yuxtapuestas del mismo Estado cuando no logran arribar a reparaciones concretas, que conducen a la frustración y fracaso de la intervención en sucesivos casos, exponiendo aún más las circunstancias de vulneración de derechos de la víctima.
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Con esta propuesta apuntamos a promover herramientas eficaces, articuladas, integrales y ágiles en el territorio entre los tres poderes del Estado, las jurisdicciones y los niveles de gobierno ante las situaciones de violencia, con equipos dedicados específicamente a esta problemática. Los Centros de Acceso a la Justicia cuentan con el despliegue e inserción territorial para abordar la violencia de género y un recorrido en procurar respuestas sin la lógica del trámite y el “expediente numérico” sino desde la del conflicto y la restitución de derechos. Contamos con más de 90 oficinas en todo el país para comenzar a operativizar esta propuesta, en simultáneo a que se establezcan los bienes y recursos necesarios para su ejecución, mediante la normativa que promoveremos en consonancia.
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Tenemos un país con normativa constitucional, nacional, provincial y local para atender el flagelo de la violencia de género. Existen dispositivos de los tres poderes del Estado, incluyendo un Ministerio nacional, que dan cuenta de un grado de institucionalización importante en la materia. Pero el olfato popular no falla y existe un descontento creciente: a las mujeres nos siguen matando y no hay protocolos, perimetrales, observatorios, consejos, gabinetes, interministeriales, Zooms, capacitaciones o nuevas leyes que sean suficientes. Necesitamos dispositivos públicos eficaces para dar respuestas resolutivas a este drama colectivo. Los gobiernos son recordados y echan raíces en la memoria popular no por sus intenciones y enunciaciones, sino por sus resultados concretos. Con esta iniciativa, ponemos la política pública de Acceso a la Justicia a disposición de un objetivo fundamental: Ni una menos.
* Gabriela Carpineti. Abogada. Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
