El gobierno nacional, por decreto como es su costumbre, pretende modificar la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, aprobada en 2010 tras una larga lucha de organizaciones sociales, movimientos ambientales y algunos sectores políticos. La Ley prohíbe la explotación minera y petrolera en los glaciares y las áreas circundantes o periglaciares, esenciales para la conservación de los mismos. La explotación minera consume millones de litros de agua, sustrayéndola de la naturaleza, la agricultura y las poblaciones, en regiones de nuestro país mayormente semiáridas; contamina los glaciares y los ríos y lagos que estos alimentan; sus instalaciones, infraestructura y caminos los dañan o destruyen, y el polvo que levantan se deposita sobre su superficie haciendo que se calienten y derritan más rápidamente.
Uno de los posibles motivos de la escasa o nula incidencia de las cuestiones ambientales en el debate político, la cobertura periodística y la opinión pública de nuestro país puede deberse al hecho de que aportan magro alimento a las disputas partidarias. El caso de la Ley de Glaciares bien puede funcionar de caso testigo: fue votada por ambas Cámaras en 2008 y vetada por Cristina Fernández de Kirchner (“veto Barrick Gold”); aprobada en 2010, se intentó modificarla por decreto en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, y también en la Ley Ómnibus de Javier Milei, iniciativas que no prosperaron. Ahora el gobierno de éste vuelve a la carga. Muchos gobiernos provinciales han apoyado y siguen apoyando estas iniciativas, envalentonados y avalados ahora por un Presidente que hace de la protección del medio ambiente no ya un deber penoso, o un compromiso de la boca para afuera, sino una de las tantas “aberraciones” de las que prontamente habrá de liberarnos. Que estos diversos intentos de modificar –de mutilar– la Ley hayan sido solidarios entre sí, no debería sorprendernos demasiado, ya que todos han sido dictados por los abogados de la Barrick Gold y demás corporaciones mineras transnacionales, y siempre con el mismo objetivo: permitir la explotación en las áreas periglaciares y limitar la protección apenas a los glaciares de más de una hectárea (lo que abre la posibilidad de aplicación fraudulenta de la ley: si decido que un glaciar de diez hectáreas no es un glaciar sino once glaciares de 0,9 hectáreas, puedo destruirlos “dentro de la ley”). También se procura dejar sin protección a los glaciares de escombros, que por ser subterráneos y mezclados con roca, no son tan vistosos ni visibles como los glaciares blancos.
Quienes promueven estos cambios argumentan que la Ley de Glaciares estorba el desarrollo productivo del país o de la región, aun cuando el área protegida por ésta alcanza como mucho el 1% del territorio nacional: al parecer la megaminería no le alcanza con el 99% restante. Se argumenta que ésta generará fuentes de trabajo y réditos para las provincias; pero en la actualidad la industria minera no ocupa más que el 0,15% del trabajo privado registrado nacional. Las provincias que no permiten la megaminería, como Mendoza, no parecen sufrir un tremendo atraso económico frente a las que la fomentan, como San Juan, Catamarca o Jujuy. En Chile, en Perú, en Bolivia, en nuestro país, las zonas entregadas a la megaminería son las más pobres y atrasadas. Por cada 100 dólares que se lleva, la Barrick Gold apenas le deja 1,6 al país.
Son tantas las áreas que soportan la acción destructiva del actual gobierno, como las jubilaciones, la educación pública, los derechos laborales, la cultura en todas sus formas, la investigación científica, los derechos de las mujeres, de las minorías, de los pueblos originarios, que la indignación nos ahoga y nuestra capacidad de reacción se paraliza. Pero en todos estos casos nos queda el consuelo de que un nuevo gobierno podrá revertirlas y reparar lo dañado. No es ese el caso del medio ambiente. Los bosques talados o quemados y entregados a la explotación ganadera o sojera no vuelven a crecer. No es posible recongelar los glaciares derretidos, y los glaciares contaminados seguirán enviando los desechos de la minería río abajo durante décadas.
Y, sin embargo, los temas ambientales apenas inciden en la conciencia de los argentinos. No fueron parte de los debates en las elecciones nacionales y las actuales, ni tampoco en los debates de la calle. La prensa los recoge esporádicamente. Como suele decirse, “no mueven el amperímetro”. No tenemos Partido Verde, ni diputados ambientalistas (hubo uno, Fernando “Pino” Solanas: no sólo nuestros glaciares están retrocediendo). Ni uno solo de los actuales legisladores nacionales fue elegido por su agenda verde. No hay, en la actualidad, grandes marchas por el medio ambiente (las ha habido: la más ejemplar, la de Mendoza en 2019, que puso freno a la intentona del entonces gobernador y la Legislatura provincial –incluyendo a buena parte de la oposición– de abrir la provincia a la megaminería).
Tratándose de otro gobierno, sería irónico que se proponga recortar la Ley de Glaciares en 2025, declarado Año internacional de la Conservación de los Glaciares por la ONU, pero no debería sorprendernos en uno que eligió justamente el Día Internacional de la Mujer para eliminar el Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno, en 2024, y aprovecha todos los 24 de marzo para reivindicar la dictadura y regatear el número de desaparecidos. Lo que sí sorprende es que se les haya pasado lanzar su propuesta el pasado 21 de marzo, Día Mundial de los Glaciares.
Es propio de los gobiernos de ultraderecha negar el cambio climático, aunque no de todos: muchos de los europeos han incorporado la agenda ecológica a su programa. Pero el Brasil de Bolsonaro, los EE.UU. de Trump, y ahora la Argentina de Milei proponen la destrucción del medio ambiente como una meta y un triunfo: “Drill, baby, drill!” (“¡Perfora, nene, perfora!”) es el grito de guerra con el que Trump arenga a sus seguidores, y los ideólogos de la “batalla cultural” señalan al ambientalismo como un nuevo artilugio o a una venganza de una izquierda supuestamente derrotada, y acuñaron el lema: “Green is the new red” – “Los verdes son los nuevos rojos”.
En los lineamientos del secreto Plan de Inteligencia Nacional para 2025, revelados por el periodista Hugo Alconada Mon el pasado 25 de mayo, hay una sección especial que pone en la mira aquellos actores “con capacidad de incidir en la toma de decisiones y en la obstrucción de proyectos ligados a la exploración y explotación de recursos naturales… que en el marco de posturas restrictivas de organismos internacionales sobre la gestión de efectos del cambio climático, busquen condicionar la explotación de recursos naturales… que propician proyectos relacionados con el desarrollo de energías renovables en detrimento de la posible comercialización de recursos hidrocarburíferos.” El actual gobierno no sólo entrega a la destrucción nuestra naturaleza y nuestros recursos naturales, vendiendo el futuro de nuestros hijos y descendientes, sino que destina los recursos del Estado, que tanto dice cuidar, a espiar e intimidar a quienes sí la protegen...
*Escritor.
