Cristina Fernández de Kirchner dijo hace unos días en Río Negro que “el pacto democrático del 83 está roto”. Su vocero, el senador Parrilli aseguró ayer que “no puede haber elecciones con Cristina proscripta”. Más allá del debate sobre el hecho concreto, lo más sorprendente de semejantes declaraciones es el poco impacto político de las mismas. Es como si nadie de la dirigencia política las hubiera tomado demasiado en serio.
Ahora bien, si tenemos en cuenta que al mismo tiempo en la Cámara de Diputados se sigue adelante con el intento de aprobar el juicio a la Corte Suprema de Justicia. Y que el resto del kirchnerismo y La Cámpora no dejan un minuto de hostigar al Presidente, presionando para que desista públicamente de su intención de presentarse como candidato en las próximas PASO. ¿No será que habrá que tomar un poco más en serio semejante embate sobre la institucionalidad democrática de la vicepresidenta y su gente?
Si la Jefa Política de la coalición de fobierno y su grupo más íntimo están “desconociendo” el Estado de Derecho, el resto de la comunidad política debería reaccionar en consecuencia y recurrir a todos los instrumentos legales disponibles para denunciar e impedir que esas amenazas escalen. Las declaraciones y planteos son demasiado graves como para ignorarlos.
Mientras “la política” del kirchnerismo parece promover una suerte de autogolpe que le permita a la vicepresidenta “limpiarse de sus causas judiciales”, la política económica del Gobierno comienza a mostrar todas sus fragilidades, tanto las que le son propias por las inconsistencias de las políticas macroeconómicas implementadas como aquellas que se derivan de las pujas políticas dentro de la coalición de gobierno.
La inflación del 6,6% del mes de febrero y la perspectiva de un 7% en marzo, vino a pulverizar las expectativas de una baja sustantiva del índice de precios que permitiera llegar a las elecciones de agosto con mejores posibilidades. El otrora “superministro” Massa ya no es alto y de ojos azules. Ahora comienzan a aparecer los negociados, como los de Aysa o las entradas al fútbol.
La tremenda sequía que estamos atravesando y los 20 mil millones de dólares de caída en las exportaciones va a implicar una importante baja en los ingresos fiscales por la reducción en los ingresos por retenciones y una fuerte baja en la disponibilidad de dólares que ya viene constituyendo una traba insalvable a la posibilidad de crecimiento durante el año 2023. Si a esto le sumamos la reciente crisis bancaria en Silicon Valley y el impacto que está teniendo en los mercados financieros globales el cartón está lleno.
La situación descripta no puede sino generar una tremenda incertidumbre en la sociedad. Esto se agrava cuando vemos que ninguno de los debates impulsados por las máximas autoridades del Gobierno tienen algo que ver con la brutal crisis que estamos atravesando. La política de gobierno sólo discute con enjundia temas que les preocupan a ellos. La vicepresidenta habla públicamente y no hace ninguna autocrítica ni propuesta vinculada a la crisis en las que nos precipitó su gobierno.
Estamos ante una situación crítica, la pobreza aumenta, la inflación supera el 100% anual, la inseguridad en los Conurbanos no da tregua, la sequía devasta al motor exportador de la economía argentina, las escuelas públicas no tienen clases porque no tienen ni un ventilador, el narcotráfico pone a la ciudad de Rosario de rodillas, el colapso del sistema eléctrico deja sin energía eléctrica a cientos de miles de personas y así podríamos seguir mencionando problemas que hoy no merecen ni un comentario por parte de los máximos dirigentes del oficialismo.
El Presidente de la Nación, por su parte, no quiere asumir en “solitario” la crisis en la que nos estamos sumergiendo y sigue hablando de las bondades de la recuperación económica que significó el 2022, después de la brutal caída del año 2021.
Así estamos hoy en la Argentina. La incertidumbre es total. La sensación en la que vivimos y resulta atemorizante es que “algo tiene que pasar” antes de las elecciones y que si pasara, no sería para nada bueno. Si algo malo ocurriera y afectara nuestra institucionalidad, a 40 años de la restauración democrática, nadie podría argüir que faltaron las señales.
*Analista político especialista en políticas públicas.
