Ya varios gurúes hace tiempo vienen hablando y discutiendo sobre la falta de ética de plataformas y de algoritmos y además de gobierno de sistemas automatizados o decisiones que en verdad se encuentran bajo una burbuja que sólo confirma sesgos, versiones.
Todo esto, lejos de encontrarnos comunitariamente para encontrar verdades temporales que nos acerquen, pareciera que sólo nos diferencia y nos permite conducirnos en caminos personalizados –en el mejor de los casos– o ser perfiles que configuran los administradores de bases de datos –en la mayoría de los casos– muchas veces sin nuestro consentimiento.
Si esto es así, si estos tiempos son de plataformas y aplicaciones en materia de política dura y pura, realista según la corriente, vemos que la pandemia y posteriormente la cuarentena ahondaron esta posibilidad.
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Hoy, estamos nuevamente en pleno ascenso del debate de habilitaciones mediante aplicaciones y parafraseando a uno de nuestros padres constitucionalistas más importantes, estaríamos transitando por una época de habilitaciones y no de libertades. Entendiendo por esto que quien pide permiso para actuar no es libre, quien necesidad de una habilitaciones administrativa no tiene ejercicio pleno de sus derechos y garantías.
En ese escenario, corresponde, de una vez por todas que el Congreso Nacional se enfoque en regular un ley de principios y requerimientos mínimos en donde las aplicaciones que restrinjan derechos estén previamente regladas en sus potencialidades y límites para que no queden a pura decisión pretoriana, administrativa y de un Poder Ejecutivo que avance sobre derechos individuales básicos.
En este sentido, debe aprovechar esta situación para actualizar la Ley de Datos Personales que tiene más de 20 años en pos de incorporar y establecer parámetros que en caso de duda o discrepancia siempre se interpreten a favor de los individuos y no de la administración. Facilitaría el trabajo y resguardo de derechos en caso de que las personas necesiten asistencia de la Justicia para reparar abusos de la administración.
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Los derechos de los que hasta aquí hablamos son, nada más ni nada menos que, derechos de transito, datos sensibles, colisión con derechos religiosos, de libertad de trabajo, de asociación y de resguardo integral de la salud de los individuos, entre otros.
En épocas como las actuales no pueden seguir manejándose bajo criterios de excepcionalidad, de creación arbitraria, cuando se pierde el rumbo por falta de razonabilidad conforme al régimen de valores de la Constitución Nacional. En todo esto, falta siempre el debido consentimiento informado sobre todo lo que se vaya a instaurar en materia de aplicaciones que crucen información, tecnología y seguridad individual. Caso contrario, una época de app-tividades, no es de anonimato ni libertad.
Si vivimos entonces en épocas en donde cada vez más realizaremos actividades mediante habilitaciones y tecnología como soporte entonces corresponde primero enmarcarla o llamarla como una época de app-tividades. En segundo caso, desde el 1 de enero y por decreto, bajo criterios no consensuados ni legitimados por el congreso nacional nos vemos obligados a presentar una habilitación –pase sanitario– para reunirnos en espacios comunes o privados pero que finalmente, son avances sobre los espacios reservados al decisorio personal en el que el Estado no debería avanzar si no hay delito, único límite real a la libertad individual. Aquí uno ve el déficit o inexistencia de la función de la ley que es regular en beneficio de los particulares y su ámbito de actividades.
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Quedará para la sociología entonces reflexionar sobre las implicancias que las #apptividades suponen para que a futuro las aplicaciones no nos limiten por abusos, inexactitudes, sesgos, u otros criterios políticos que no tengan soporte constitucional, el cual es el más importante de todos los soportes sin perjuicio de los cambios tecnológicos que se dan de modo acelerado.
* Javier Adrián Cubillas. Analistas de Asuntos Públicos.
