Jair Bolsonaro llegó a la presidencia de Brasil en 2019 prometiendo terminar con el “toma lá, dá cá”, la vieja y casi siempre efectiva costumbre de intercambiar votos en el Congreso por cargos y fondos. Dos años después tenía a un dirigente del Centrão como jefe de la Casa Civil, había apoyado a Arthur Lira para presidir la Cámara de Diputados y repartía enmiendas a través de un mecanismo que la prensa bautizó “presupuesto secreto”. En julio de 2021 lo dijo sin vueltas: “Yo soy del Centrão”. La gestión puede ser cruel.
Algo parecido empieza a insinuarse en la Argentina. Javier Milei avisó antes de asumir que la obra pública iba a bajar a cero, y casi cumplió. Entre enero y julio de este año las transferencias discrecionales a las provincias cayeron 83% real frente al mismo período de 2023. Julio fue el peor julio desde 2005. Hace apenas un año, después del triunfo de octubre y del fracaso de Provincias Unidas, todo indicaba que los gobernadores, sin caja y sin alternativa, no tenían más remedio que atarse a La Libertad Avanza.
Hoy el cuadro luce bastante distinto. El Presupuesto 2027 llegó al Congreso con obras viales, acueductos y plantas potabilizadoras reclamadas por gobernadores aliados y dialoguistas. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, abrió una ronda de reuniones con mandatarios provinciales para pedirles apoyo. Ellos, a su vez, exigen un aval firmado y más recursos antes de votar la eliminación de las PASO. Un diputado lo resumió con sorna: vuelven los kilómetros por votos.
¿Qué cambió? En primer lugar, la aritmética. El oficialismo creció en el Congreso pero sigue sin mayoría propia, y los legisladores que le faltan responden a quienes arman las listas en sus provincias. Ningún decreto modificó esa regla. En segundo lugar, la escasez juega a favor de quien vende. Cuando el Tesoro repartía con generosidad, siempre aparecía un gobernador dispuesto a ofrecer su apoyo más barato que el vecino. Con la caja seca, cada voto cuesta más. Y un gobernador que lleva casi tres años viviendo de migajas aprendió a gobernar sin la Nación y le debe bastante poco. La amenaza de cerrar el chorro pierde fuerza cuando el chorro ya está cerrado.
Hay un tercer factor: el calendario. Los gobernadores también juegan su elección en 2027. Kicillof evalúa si desdobla mientras sus intendentes lo presionan, y cada mandatario calcula cuánto le conviene aparecer cerca de Milei y cuánto le conviene diferenciarse. Nadie quiere quedar pegado a un ajuste en el año en que se juega su propio sillón. Cuando un presidente necesita votos en el último año útil antes de una elección, el precio sube.
Nada de esto es demasiado nuevo. El menemismo sostuvo buena parte de su ajuste en los noventa con el apoyo de las provincias chicas, sobrerrepresentadas en el Congreso y relativamente fáciles de satisfacer. Milei apostó a hacer el suyo pagando ese peaje lo menos posible, y durante un tiempo pareció lograrlo. Pero el federalismo argentino tiene una paciencia notable. Ya condicionó a gobiernos de todos los signos, casi siempre con la misma herramienta: la capacidad de los gobernadores de convertir votos en el Congreso en recursos para sus provincias.
La ironía es evidente. Un presidente que llegó para terminar con la casta descubre que, para aprobar un presupuesto, necesita a la casta más antigua del país, la que sobrevivió a la hiperinflación, a la convertibilidad, al 2001 y al kirchnerismo. Quien gobierne a partir de 2027 (incluido el propio Milei, si consigue la reelección) va a encontrarse con gobernadores más pobres y, paradójicamente, más caros.
Bolsonaro tardó dos años en admitir que era del Centrão. Milei todavía no dijo nada parecido. Pero el Presupuesto 2027, con sus obras para los aliados, habla por si solo.
* Director Ciencia Política y Gobierno y Estudios Internacionales (UTDT).
