El área metropolitana de Buenos Aires ha sido siempre objeto de interés y preocupación política. En su conjunto reúne a más de 17 millones de habitantes, aunque en los 33 distritos urbanizados del conurbano bonaerense habitan más de 15 millones de personas. La región constituye un sistema social que no representa al país federal, pero en buena medida el presente y del futuro del país real se dirime en esta compleja, conflictiva e ingobernable área metropolitana.
Una matriz social desigual, atravesada por déficit acumulativos: barrios cerrados, complejos residenciales, villas y asentamientos invivibles; autopistas, calles asfaltadas y terraplenes de tierra; quintas privadas, clubes sociales y basureros a cielo abierto; nuevas clases medias, otras empobrecidas, pobres con aspiraciones y una extendida marginalidad estructural; sistemas de salud y escuelas de primera, segunda y tercera; nuevas empresas globales, junto a pequeños y tradicionales negocios de barrio, talleres de todo tipo, cooperativas, bandas clandestinas, narcotráfico y trata de personas; todo lo cual y más se monta sobre un singular collage de municipios con identidades políticas, caudillos y actores sociales difíciles de confederar.
Antes del escenario Covid-19, en este conurbano la pobreza afectaba a 40% de la población, entre los cuales 10% era indigente. Es decir: malnutrición, hambre frecuente, enfermedades crónicas, abandono, depresión y ansiedad; con más del 50% de sus infancias, adolescentes y jóvenes deteriorados en sus capacidades de desarrollo humano; inseguridad, narcomenudeo y explotación humana. Al menos, el 12% de la población habitando en asentamientos precarios, en viviendas hacinadas, sin agua potable, cloacas o baño. Todo lo cual se hace más visible en tiempos de pandemia, pero nada de esto es nuevo.
Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, el impacto Covid-19 y las políticas de aislamiento social, no sólo tienen a su población en vilo sanitario, sino sobre todo en estado de pandemia socioeconómica. Más de una decena de miles de pequeñas empresas cerradas y negocios de subsistencia abandonados han generado que 5 de cada 10 trabajadores hayan dejado de trabajar, y que 1 de ellos haya pedido definitivamente su empleo. Este aumento de la desocupación con pérdida de ingresos laborales habría elevado la pobreza a más del 50% de la población y la indigencia al 15%. Junto con ello, mayor demanda de viandas en todos los comedores escolares y comunitarios; también un aumento de la inseguridad entre los pobres y no pobres.
Pero ello a pesar de que la región concentra más del 50% de la protección social. Desde la Asignación Universal por Hijo, el Ingreso Familiar de Emergencia, las ayudas por programas de empleo, las pensiones no contributivas, la tarjeta Alimentar, el programa Progresar, etc. etc. Un sistema que sin duda logró crear un piso más alto de protección para la población pobre. La situación económica para ellos habría sido mucho peor. También, sin duda, el clima político y social en esa compleja trama antropológica que forma el conurbano profundo. Pero sí bien estos sectores lograron una mínima contención, no ha sido ese el caso de los trabajadores cuenta propia, obreros o empleados y pequeños comerciantes, ahora nuevos pobres, que gobierno tras gobierno aspiran a progresar a través de su trabajo, sin ayudas ni beneficios especiales. Una clase media en descenso social que, aunque se siente sola y atemorizada, aprieta los dientes y sólo espera poder seguir trabajando para sobrevivir.
*Investigador Conicet-UBA. Director del Observatorio de la Deuda Social Argentina-UCA.
