La Organización Mundial de la Salud estima que el 16 % de la población mundial vive con alguna discapacidad. En la Argentina, ese porcentaje es del 10,2 %. Más allá de la frialdad de las cifras, lo que se revela es un sistema de apoyos frágil, insuficiente y muchas veces inaccesible para las familias más vulnerables. Y aunque abundan las declaraciones de compromiso, la brecha entre los derechos consagrados y su cumplimiento efectivo sigue siendo demasiado grande.
En este contexto, el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha intentado posicionarse como motor de cambio. Acciones, congresos y reformas normativas buscan mostrar avances en la construcción de un sistema judicial inclusivo. Sin embargo, la pregunta obligada es si esos pasos alcanzan para transformar de manera real la vida de las personas con discapacidad o si corremos el riesgo de quedarnos en un ejercicio de autocomplacencia institucional.
El Congreso Internacional “Discapacidad en la Justicia: Derechos y Garantías”, realizado el 2 de septiembre en la Facultad de Derecho de la UBA, fue una muestra de esa tensión. Con más de 200 participantes, incluidos representantes de la ONU, legisladores, jueces e investigadores, se analizaron barreras de todo tipo —actitudinales, comunicacionales, sociales y edilicias— y se propusieron soluciones innovadoras. Pero lo cierto es que buena parte de esas barreras persisten desde hace años, y todavía no logran desarticularse en la práctica cotidiana de los tribunales.
Es innegable que hubo avances. Desde este año, el Poder Judicial porteño cumple con el cupo constitucional del 5 % de empleabilidad de personas con discapacidad. La creación del Observatorio de la Discapacidad, formalizado en 2022, también significó un paso en la dirección correcta: dictámenes, informes y asesoramiento con perspectiva inclusiva. Y reformas como la Ley N.º 6.791 —que permite la participación plena en juicios por jurados— o la Ley N.º 6.647 —que reconoce a proveedores que promuevan la inclusión— son señales de un cambio cultural en marcha.
El problema es que la distancia entre la norma y la realidad sigue siendo abismal. Las personas con discapacidad todavía encuentran serias dificultades para acceder al sistema judicial en condiciones de igualdad. Lenguaje claro, accesibilidad edilicia, apoyos técnicos y acompañamiento profesional suelen quedarse a mitad de camino, dependiendo más de la voluntad personal de un juez o de un funcionario que de una política sostenida del Estado.
En definitiva, no se trata de desconocer lo logrado, sino de asumir que el desafío es mucho mayor. Reconocer la diversidad funcional exige más que reglamentos: demanda voluntad política, recursos y una mirada crítica sobre lo que falta. De lo contrario, los congresos y las leyes corren el riesgo de convertirse en vitrinas de buenas intenciones sin impacto real en la vida de quienes más necesitan justicia.
El encuentro del 2 de septiembre debería ser recordado no solo como un espacio de reflexión académica, sino como un llamado urgente a pasar del discurso a la acción. Porque la defensa de los derechos de las personas con discapacidad no puede ser esporádica ni protocolar: tiene que ser un compromiso permanente y tangible. La justicia, si no es accesible para todos, termina siendo privilegio de unos pocos.
* Secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
