Los derechos humanos son fundamentales para alcanzar una sociedad justa y equitativa. Por eso, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU utiliza el Examen Periódico Universal (EPU) para evaluar cada cuatro años y medio el progreso de los Estados miembros en esta materia y recibir sugerencias y comentarios de otros países.
El gobierno argentino se presentó el 30 de enero a su cuarto Examen para responder a más de 200 recomendaciones del ciclo anterior, que se centraban en la protección de los pueblos indígenas, la designación de los defensores de niños, niñas y adolescentes y del defensor del pueblo, nuevas leyes contra la discriminación contra el colectivo LGBTIQ+ y las condiciones de detención.
En su Informe, el gobierno se congratuló por algunos avances institucionales, como la designación de los defensores de niños, niñas y adolescentes, la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el reimpulso de juicios y políticas por memoria, verdad y justicia y la sanción de leyes como la de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la ley Micaela y la del Cupo Laboral Travesti Trans. Hasta allí, el documento de un gobierno que vive en la ilusión de la autoafirmación y carece del valor de autocrítica alguna.
Sin embargo, lo inaceptable resultó el último apartado en el cual el gobierno se quejó de los discursos de odio, que circunscribió a los espacios políticos y medios de comunicación opositores y a las redes sociales. Además, criticó los "procesos fraudulentos" por corrupción que se siguen contra la vicepresidenta Cristina Fernández, atribuyéndolos al "lawfare" de estos actores y del Poder Judicial contra referentes políticos "populares".
Este oportunismo de utilizar marcos trascendentales para la defensa y promoción de los derechos humanos como el Examen Periódico Universal simboliza la manipulación y apropiación de una causa noble para fines políticos. El prestigio internacional ganado por nuestro país por su rol histórico a favor de los derechos humanos no puede verse afectado por intereses coyunturales de una facción política y mucho menos por la cálida bienvenida que se pretendió dar simultáneamente a un dictador acusado por la ONU de violaciones sistemáticas como Nicolás Maduro.
Para prevenir estos usos indebidos en el futuro, podría considerarse la adopción de un mecanismo similar al de Brasil, donde la promoción de los derechos humanos no es una cuestión de principios, sino un mandato constitucional. Allí, se creó un Comité de Derechos Humanos y Política Exterior compuesto por miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, la Oficina del Fiscal General para los Derechos de los Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, que supervisa el cumplimiento de la política exterior brasilera en la materia.
De cara a los 40 años de democracia ininterrumpidos en la Argentina, tiempo en el cual se logró convertir a los derechos humanos en una política de Estado, es necesario exigir que se honre este compromiso de forma sincera y auténtica y que ningún interés político atente contra éste.
(*) El autor es docente e investigador en Derechos humanos (UBA)
