En la ciudad más rica de la Argentina, cada vez más personas duermen a la intemperie. Y, sin embargo, la respuesta política dominante sigue oscilando entre el gesto espasmódico de invierno, la foto del operativo y una narrativa de “orden” que confunde el drama social con una molestia urbana. Cuando un gobierno mira la situación de calle como un asunto de limpieza, circulación o control del espacio público, deja de ver a la persona y empieza a administrar el síntoma.
Jorge Macri eligió hablar de vivienda y de personas en situación de calle con una combinación preocupante de simplificación ideológica y cálculo político. Primero cuestionó la urbanización de barrios populares y habló de “viviendas nuevas y regaladas”, como si el acceso a un techo digno fuera un privilegio inmerecido y no un derecho básico. Después insistió con una idea todavía más delicada: avanzar hacia un esquema que “impida” vivir en la calle, aun cuando el propio Estado no ofrece una salida habitacional suficiente, sostenida e integral. Cuando la política pública abandona el lenguaje de derechos y adopta el del disciplinamiento, la pobreza deja de ser una urgencia social y pasa a ser tratada como una infracción.
Los datos desmienten cualquier intento de minimizar el problema. El relevamiento oficial de la Ciudad contabilizó 5.176 personas en situación de calle en noviembre de 2025, contra 4.049 en noviembre de 2024: 1.127 personas más en apenas doce meses (un salto del 27,8%). Y el propio informe desagrega algo clave: 1.613 personas estaban efectivamente en la vía pública, 3.546 en Centros de Inclusión Social y 17 en un dispositivo de primer acercamiento (REPSIC/IDECBA).
Incluso tomando la cifra oficial —que las organizaciones sociales consideran inferior a la real por metodología— el crecimiento es demasiado fuerte como para seguir respondiendo con dispositivos de emergencia y frases de ocasión. Si una ciudad con recursos extraordinarios naturaliza este salto, entonces ya no estamos ante una falla de gestión menor, sino ante una orientación política.
La situación de calle nunca empieza en la calle, sino que empieza mucho antes. En el alquiler que se volvió impagable, en la pieza de hotel o pensión que ya no se puede sostener, en el trabajo informal que se cae, en la ruptura familiar, en un problema de salud mental sin atención, en un consumo problemático sin abordaje, en la ausencia de una red que contenga antes del derrumbe. Por eso es tan regresivo reducir todo a la escena final del cuerpo durmiendo sobre un cartón. Lo que aparece en la vereda es el último eslabón de una cadena de expulsiones.
La Ley nacional 27.654 es clara: las personas en situación de calle —y quienes están en riesgo de caer en ella— tienen derecho a una vivienda digna de carácter permanente, a la identidad, a la salud, al trabajo y al acceso no discriminatorio a los servicios y al espacio público.
En CABA, el censo porteño confirmó un récord de personas en situación de calle
Y la Ciudad, además, se dio su propia definición y obligaciones a través de la Ley 3.706, que incluye tanto a quienes pernoctan en calle como a quienes usan o no la red de alojamiento nocturno. No hablan de persecución. No hablan de expulsión. No hablan de esconder la pobreza. Hablan de derechos, prevención y abordaje integral. Y esa integralidad exige algo que hoy no aparece con la contundencia necesaria.
Los paradores, los Centros de Inclusión Social y los dispositivos de día son necesarios. Sería absurdo negarlo: salvan vidas en la emergencia, sobre todo en invierno. Pero también es evidente que no alcanzan por sí solos. Un parador no reemplaza a una política de vivienda. Una cama por una noche no sustituye la reconstrucción de un proyecto de vida. Un operativo no suple el trabajo territorial, interdisciplinario y sostenido que requiere cada caso. Y un Estado serio no puede conformarse con administrar el tránsito entre la vereda y el refugio.
Mientras crece la población sin techo, el Presupuesto 2026 prevé que los recursos para organismos de vivienda representen apenas el 0,94% del gasto total y, según el análisis de ACIJ, esa asignación implica una caída real del 22,9% respecto de 2025, el nivel más bajo en al menos 14 años. A la vez, dentro de los programas vinculados a situación de calle, el sesgo sigue favoreciendo la emergencia por sobre una salida estructural.
La discusión no puede quedar atrapada entre dos caricaturas: de un lado, la indiferencia meritocrática que sugiere que alguien “elige” vivir en la calle; del otro, una mirada asistencial que apenas contiene, pero no transforma. La salida exige una tercera posición mucho más seria: prevención, cuidado, vivienda y reinserción. Eso supone trabajar antes de que la persona llegue a la calle y, al mismo tiempo, ofrecer respuestas diferenciadas para quienes ya están ahí.
La Ciudad necesita ampliar los subsidios habitacionales y actualizarlos al costo real del alquiler, para que dejen de ser un puente roto hacia ninguna parte. Fortalecer equipos territoriales interdisciplinarios con presencia estable en comunas y barrios populares, no solo en las zonas más visibles para las cámaras. Crear dispositivos específicos para salud mental y consumos, con articulación real entre Desarrollo Humano, Salud, Educación y Trabajo. Relanzar una política de vivienda social y de alquiler protegido, con cupos para personas en situación de calle y en riesgo habitacional. Abrir mesas permanentes de coordinación con organizaciones sociales, clubes, parroquias, universidades y redes comunitarias, que hace años sostienen donde el Estado llega tarde o no llega.
No son “ocupantes” del espacio público: son ciudadanos y ciudadanas a quienes el sistema económico y la desprotección estatal empujaron al borde. El lenguaje no es un detalle. Cuando un gobierno habla de “orden” sin hablar con la misma fuerza de integración, vivienda y cuidado, termina legitimando la idea de que el problema son las personas visibles y no las estructuras que las expulsan.
La Ciudad de Buenos Aires puede elegir otro camino. Puede asumir que la calle no se barre: se previene. Que la emergencia no alcanza. Que un Estado moderno no es el que corre a los pobres de la vista, sino el que evita que caigan y los ayuda a levantarse. Y puede entender, de una vez, que ninguna sociedad se “ordena” de verdad si acepta que miles de personas duerman sin techo mientras se discute si merecen o no una vivienda.
La medida de una ciudad no está en su marketing, ni en sus slogans, ni en la dureza de sus declaraciones. Está en el modo en que trata a quienes peor están. Los problemas sociales no son fracasos individuales: expresan desigualdades acumuladas y decisiones públicas. Y la manera de resolverlos, si es en serio, siempre es colectiva. La Ciudad de Buenos Aires necesita menos crueldad discursiva y mucha más política pública.
