Había una vez un país en el cual los padres trataban con respeto a las señoritas de guardapolvo blanco, en quienes depositaban la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. Un país donde el sueño de “mi hijo el doctor” podía hacerse realidad. Hoy la opresiva realidad ha eliminado del imaginario colectivo aquel sueño.
A lo largo de casi 10 años he realizado diversas propuestas tendientes a modificar esta realidad. Dado el proceso electoral que estamos transitando es tiempo de recrear una de ellas: la imprescindible modificación del Artículo 97 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, a los fines de generar las condiciones para que sean los mismos padres de los niños y jóvenes afectados por la tragedia educativa que vive nuestro país quienes exijan soluciones concretas.
El mismo establece que: “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.
¿Quién puede tener más derechos qué los propios padres a conocer el nivel educativo de las instituciones a las que concurren sus hijos? Hoy los padres son invitados de piedra de un conflicto cargado de intereses políticos, que afecta significativamente el futuro de sus hijos y agiganta la desigualdad de oportunidades.
La tragedia educativa es responsabilidad del Congreso
Al respecto, el 5 de junio pasado, la Academia Nacional de Educación hizo pública una Declaración titulada “La Educación es una prioridad.” Ella señala que: “En el contexto de la actual crisis educativa, la Academia Nacional de Educación exhorta a los partidos políticos y a los candidatos en las próximas elecciones a incluir en sus plataformas la prioridad de la educación detallando las políticas públicas que se comprometen a aplicar si resultan electos”. Para ello considera ineludibles once prioridades. Una de ellas consiste, justamente en: “Dar a conocer a las familias y a los alumnos los resultados obtenidos en las pruebas nacionales que revelan el nivel de los aprendizajes, para lo cual deberá derogarse el art. 97 de la ley 26.206”.
¿Estigmatización? Por supuesto se debe preservar la identidad de los alumnos y docentes, pero no así de las instituciones educativas. La educación de nuestros niños es lo que está en juego.
¿Cuántos analfabetos está produciendo nuestro sistema educativo?
Al impedir la publicidad de los resultados de cada colegio lo que se está haciendo es sustraer del debate público el elemento de juicio principal para saber si el actual sistema educativo satisface la principal inquietud de cualquier padre: que sus hijos aprendan en el colegio al cual concurren.
¿Cómo habrían de involucrarse los padres si desconocen la realidad que afecta a sus hijos? Muchos de ellos tienen en su imaginario la fantasía que la educación argentina se encuentra en crisis, pero que la educación que reciben sus hijos en el colegio al cual concurren es adecuada. El hacer público el resultado de las evaluaciones a nivel escuela despertaría a los padres, les haría ver la verdad y los haría reaccionar. Su indignación los movilizaría y le daría al nuevo gobierno el apoyo para enfrentar a los sindicatos docentes, los más acérrimos defensores del statu quo.
Es difícil encontrar una evidencia más clara de este hecho que la proporcionada por la reapertura de las escuelas durante la pandemia. Sin el incansable accionar de organizaciones como Padres Organizados, exigiendo el retorno a la presencialidad, la mismo se hubiese llevado a cabo mucho más tarde, dada la oposición de los sindicatos docentes. Recordando a Winston Churchill, “nunca tantos debieron tanto a tan pocos”.
Por ello, si deseamos revertir la difícil situación que transita la educación argentina y que afecta mucho más a aquellos niños y jóvenes de las familias económicamente más desfavorecidas, son nuestros representantes en el Congreso quienes deben asumir su responsabilidad y tomar la iniciativa.
Las evaluaciones son la llave del reino, pero los resultados a nivel de escuela deben ser de conocimiento público. Modificar el artículo 97 de la Ley 26.006 es imprescindible.
