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OPINIóN / OPINION
viernes 12 octubre, 2018

Los días más difíciles del Fujimorismo

El Juez considera que Keiko Fujimori tendría el dinero y los contactos en Estados Unidos y Japón como para intentar huir de Perú.

Carolina Salvatore*

La policía investigará a las agentes que se fotografiaron con Keiko Fujimori tras su dentención. Foto: Twitter

Algunos todavía no pueden creer que Keiko Fujimori líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori esté detenida, aunque sea de momento, por diez días de manera preliminar. Este recurso es utilizado por la justicia peruana para investigar algunos puntos inmediatos y por los cuales necesita que la persona esté detenida.

Pero, como si esta situación no fuese suficiente, en las últimas horas el Poder Judicial ha dado un revés para los investigados por lavado de activos durante la campaña presidencial 2011 entre los que Keiko se encontraba postulando.  La prisión preliminar de diez días podría transformarse en prisión preventiva de hasta 36 meses luego de que la Corte Suprema declarara infundado el recurso interpuesto en casación por Fuerza Popular para anular la solicitud del fiscal y así que se frente la investigación bajo la Ley contra crimen organizado.

La investigación del caso que vincula directamente los aportes con la empresa constructora Odebrecht, se llevó adelante  por un grupo reducido de personas entre las que se encontraba el propio Juez Richard Concepción Carhuancho que ahora tendrá el poder de decidir el futuro de la líder fujimorista. La intención de proceder de esta manera fue para que no se filtrara información de la causa y así evitar un posible riesgo de fuga.

Entre los fundamentos de la justicia para realizar las detenciones se tuvo en cuenta la declaración de Jorge Barata quien fuera hombre fuerte de Odebrecht en Perú. Él habría dado información de un aporte de más de un millón 200 mil dólares para el partido de Fuerza Popular, que por ese entonces se llamaba Fuerza 2011. Entre las pruebas presentadas, el fiscal habría comprobado que esto se realizaba bajo la metodología del “pitufeo” que corresponde a pequeños montos hechos por distintas personas para disimular el gran aporte. Vale decir que muchas de ellas ni siquiera existirían y habrían sido inventadas para justificar la maniobra delictiva.

Con la supuesta comprobación de estos hechos, el Juez Richard Concepción Carhuancho habría evidenciado un posible riesgo de fuga de alguno de los implicados de la “organización criminal que habría sido constituido al interno del partido Fuerza Popular cuyos fines eran obtener poder político y por consecuencia, influir e interferir en el Poder Legislativo y Judicial” tal cual figura en la acusación.

El Juez considera que Keiko Fujimori tendría el dinero y los contactos en Estados Unidos y Japón como para intentar huir del país.

Además sobre ella pesa el antecedente de no haberse presentado a declarar cuando el Ministerio Público la citó, aduciendo que tenía compromisos al interior del país pero sin poder documentarlo. El Juez considera que Keiko tampoco “tiene trabajo conocido” por lo que su detención preliminar y posible preventiva estarían justificadas.

Lo que sería una diligencia judicial terminó en su detención. Cerca de las doce y media (hora argentina) del día miércoles, Keiko Fujimori asistió junto a su marido Mark Vito al Ministerio Público con la intención de prestar declaración en la causa de lavado de activos a través de los aportes realizados en la campaña presidencial del 2011 y que tendrían vínculo estrecho con la constructora brasileña Odebrecht.

Fujimori sólo pudo ingresar y a los pocos metros la estaba esperando un grupo de policías vestidos de civil quienes le informaron sobre su inmediata detención preliminar. Esta era la tercera vez que era citada y la última que contempla el código penal antes de ser declarado “reo contumaz” lo que representaría estar fugado de la justicia. En las dos oportunidades anteriores no había asistido aduciendo que tenía compromisos relacionados con su partido político.

Además de Keiko Fujimori, otras 19 personas también fueron capturas y detenidas. Algunas de ellas muy cercanas a la líder política  y con un ron trascendental para el partido durante aquellos años.

Los integrantes de Fuerza Popular aseguran que todo se trata de una persecución política que se mantiene desde hace 18 años y que se habría intensificado con la anulación del indulto humanitario a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien debería volver a prisión cuando  supere una descompensación que lo mantiene internado en una clínica local luego de conocer la decisión que tomó la justicia en su caso.

 

* Desde Perú.


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