Hace poco más de un mes los Derechos de Exportación (DEX) cumplieron 20 años de vigencia continua, luego de haber sido eliminados en la última década del siglo pasado. Esto permitió que desde hace más de dos décadas distintos gobiernos insistan en cobrar este tributo que acentúa el sesgo antiexportación de la economía argentina.
Al igual que un zapato que te aprieta a lo largo del día, el debate de la conveniencia de los mismos solo lo perciben los productores sobre los que recae este impuesto. Mientras que el resto de la sociedad parecería creer que a ellos no les afectan, y por lo tanto ha caído en un costumbrismo del que solo se puede comprender desde un enfoque económico sistémico e intertemporal.
Desde una mirada amplia, los DEX tienen más consecuencias adversas que favorables para la economía nacional. Disminuyen el valor que recibe el productor por sus ventas; impactan en sus posibilidades de capitalización, uso y aplicación de tecnología; desalientan la producción; distorsionan la competencia; deterioran el federalismo al disminuir la base imponible del impuesto a las ganancias y otros tributos, y aceleran el impacto de situaciones extraordinarias como sequías o variaciones de precios internacionales.
Así, hace dos décadas que Argentina se destaca en el ranking mundial por ser el país que más castiga a sus productores agropecuarios. Esa discriminación originada por las DEX y las restricciones a las exportaciones, se agrava aún más por los efectos de la brecha cambiaria. Así lo demuestra el trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), que compara el nivel de apoyo que cada país otorga a sus productores agropecuarios.
Sin embargo, a varios políticos este escenario no les hace ruido. Intentan justificar la decisión con una mirada ensilada, cortoplacista y cerrada a la perspectiva temporal, pensando que gran parte de lo obtenido por el productor son ganancias extraordinarias. Más aún en un contexto de un aumento de precios internacionales que los productores no aprovechan, y que por el contrario buscan ser captados por el Estado para gastarlos en burocracia, transferencias o subsidios. Todo esto en lugar de dejar que los productores puedan reinvertir la ganancia y así hacer crecer la riqueza del país, generar más inversiones y trabajo.
El agro es capital dependiente y responde a incentivos de precios, con un mayor grado de inversión en tecnología, maquinaria agrícola, semillas, uso de fertilizantes, prácticas y manejos agronómicos, obras hídricas y de riego, transporte y logística, servicios financieros y seguros, entre otras actividades.
Según Aacrea, el 70% de lo que un productor gasta e invierte cada año lo hace en el lugar donde produce. Es por eso que los DEX constituyen un verdadero desincentivo a la producción y crecimiento de todos estos sectores asociados, afectando el arraigo a lo largo y ancho de nuestro país.
Alcanza con ver la evolución de la producción agrícola de Argentina y Brasil para medir cómo funcionó este desincentivo en la producción nacional. (Fuente: MAG y P, BCBA, BCR y Conab).
Durante un período de diez años –entre 1990-91 y 2000-01– no existieron DEX en Argentina y ambos países crecieron en forma similar a una tasa efectiva anualizada del 5,6%. Pero desde que nuestro país reimpuso este tributo, se observa que la tasa efectiva anual de crecimiento de Brasil fue un 60% más alta que la tasa de crecimiento local, durante los 21 años transcurridos entre 2000-01 y 2021-22. Además, pasamos a crecer al 3,0% anual mientras que Brasil lo hizo al 4,8%. Brasil duplicó su producción en 15 años, al tiempo que Argentina, luego de 21 años, no ha podido replicar el nivel de producción que tenía en 2002.
El acceso a nuevas tecnologías permite obtener una mayor producción con menos recursos, e incorporar nuevas superficies del planeta al sistema productivo con prácticas sostenibles. Esto constituye un desafío doble para los productores argentinos, porque a causa de este impuesto quedamos relegados en el mapa de países relevantes. Prueba de esto es que en la campaña 2000/01, toda la producción de la Argentina equivalía al 67% del total de la producción de Brasil, y en la última campaña agrícola alcanzó el 46% de la producción carioca.
Se estima que las exportaciones de cereales y oleaginosas alcanzarían en esta campaña unos U$S 46.300 millones, lo que equivale a U$S 5.600 millones más que las exportaciones de la campaña pasada. Eso generará U$S 10.700 millones en DEX, lo que representa U$S 1.700 millones adicionales. Se trata de uno de los valores más altos en la historia.
Desde 2002 se acumularon ingresos fiscales por DEX de U$S 130 mil millones, cifra equivalente al Plan Marshall, a través del cual el gobierno de Estados Unidos puso U$S 132 mil millones a valores actuales en un plan de asistencia financiera, para reconstruir la infraestructura y las economías de los países europeos luego de la Segunda Guerra Mundial.
Estos recursos, que en 2021 alcanzaron al 9% del gasto del sector público nacional, no solo no han logrado mejorar la condición competitiva de nuestro país con mayor inversión pública en obras de infraestructura, conectividad y reformas estructurales. Sino que al contrario, a lo largo de estas dos décadas se priorizó su inyección en programas de consumo, transferencias y subsidios, consolidando y profundizando el estado de precariedad social de la población en los grandes centros urbanos. A pesar de los recursos dispuestos los niveles de pobreza lejos de mejorar, aumentaron, visto que durante el 2º semestre de 2021, la pobreza en el GBA fue un 37,3% más alta que en octubre de 2001, año en que según Indec alcanzó el 35,4%.
El sector agroindustrial tiene una función esencial en las cuentas externas. Según datos del BCRA, en 2021 contribuyó con US$ 43 mil millones en divisas netas, lo que permitió compensar el déficit de U$S 28 mil millones netos que generan el resto de las actividades económicas de Argentina, y sumar U$S 15 mil millones para equilibrar la cuenta corriente total.
Por cada punto de crecimiento en la economía, se requieren tres puntos de aumento en las importaciones, lo que señala la gran dependencia que tienen el resto de los sectores económicos de las divisas que genera el campo. Para crecer necesitan importar bienes de uso intermedio, y es en ese punto donde un sector agropecuario con mayor dinamismo sumaría más posibilidades de expansión.
En un mundo interconectado, las reglas de juego instrumentadas por los Estados tienen una relevancia determinante para atraer inversiones. Constituye un mal precedente que se sigan descontando los DEX al productor, cuando a comienzo de año se vencieron las facultades que el Gobierno tenía para establecerlos tras la no aprobación del Presupuesto 2022. Dicho proyecto contemplaba la posibilidad de que los mismos se cobraran hasta finales de 2024.
Por todos estos motivos, se puede afirmar que la falta de una perspectiva sistémica llevó a la inconsistencia permanente de nuestra economía. Los DEX in eternum terminaron limitando las fuentes de creación de empleo e inversión, además de impulsar empobrecimiento general. Su permanencia profundiza su anemia económica, quita toda posibilidad de impulsar el federalismo, limita la modernización y acelera la pérdida de relevancia en el concierto global.
Es momento de probar una nueva estrategia para desencallar la economía argentina.
*Economista Jefe del IEE y NI de la SRA.
