A mil días de iniciado su gobierno, Javier Milei pronunció quizá el discurso de mayor contenido geopolítico de su presidencia. Y lo hizo sobre Malvinas. No es un dato menor y por ello constituye el mejor parámetro para evaluar la gestión de gobierno en materia de Defensa.
Por primera vez colocó en una misma ecuación soberanía, recursos naturales, poder militar, Atlántico Sur, Antártida y voluntad política. Anunció sanciones contra quienes participen de la explotación ilegal de hidrocarburos, mayores recursos para Defensa, la Base Naval Integrada de Ushuaia y la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional. Es, indudablemente, un paso adelante.
Pero existe una pregunta inevitable: ¿por qué recién ahora? El Cosena –o el instrumento institucional que finalmente adopte el Gobierno– podría haberse creado y convocado desde el primer día. La Base Naval Integrada no nació ayer y lleva años esperando los recursos necesarios para materializarse; todavía en julio el propio Gobierno reconocía que no tenía asegurado su financiamiento. Petrel, pieza decisiva para proyectar a la Argentina hacia la Antártida profunda, tampoco recibió la prioridad presupuestaria compatible con su importancia estratégica.
Más difícil resulta compatibilizar la anunciada voluntad de garantizar nuestros intereses en el Atlántico Sur con una política de Defensa que al día de la fecha ni siquiera ha elaborado su principal documento rector: la Directiva para el Planeamiento de la Defensa Nacional (DPDN), y caracterizada hasta ahora por restricciones presupuestarias severas como la desinversión del Fondef, discontinuación de capacidades, cierre o reconfiguraron de bases e instalaciones estratégicas, desprogramación de sistemas de armas estratégicos como el Super Étendard, déficits críticos de munición, transporte aéreo estratégico, recursos humanos que continúan soportando salarios insuficientes y una obra social detonada.
La estrategia no se declama. Se presupuesta. Y a nivel de conducción nacional, la verdadera jerarquización de un interés estratégico comienza cuando el ministro de Economía recibe la orden de asignarle recursos.
Por eso resulta tan llamativo el giro presidencial. Desde aquel episodio de la bandera argentina durante el Mundial pareciera haberse producido una suerte de epifanía geopolítica. El Presidente que alguna vez habló de respetar los “derechos” de los isleños sostiene ahora, correctamente, que constituyen una población implantada y que no poseen derecho de autodeterminación. El Gobierno que toleró situaciones controvertidas vinculadas con buques asociados al dispositivo británico en el Atlántico Sur anuncia ahora una política mucho más firme.
Bienvenido sea el cambio. En política exterior no constituye pecado modificar una posición cuando los intereses nacionales lo exigen. Lo imperdonable sería anunciar el cambio y después no ejecutarlo.
Existe, además, un interrogante geopolítico que merece atención. ¿Estamos frente a una iniciativa autónoma argentina o ante una estrategia coordinada con Washington? La sincronización con las recientes señales de Donald Trump respecto de Malvinas y la creciente presión norteamericana sobre Londres y Europa obligan, al menos, a formular la pregunta. Si existiera una ventana de oportunidad internacional, aprovecharla sería perfectamente legítimo. La política exterior consiste precisamente en transformar circunstancias externas en ventajas nacionales. Pero la Argentina debe hacerlo en función de sus intereses, no de los de terceros.
Queda además otra prueba. Si se sancionará a empresas petroleras por explotar recursos argentinos bajo licencias británicas ilegítimas, ¿qué ocurrirá con quienes pescan bajo licencias igualmente otorgadas por Londres en las aguas circundantes a Malvinas, por similitud a Sea Lion? ¿Alcanzará la política argentina a empresas y actores vinculados con países como España, Noruega o Corea del Sur? ¿Se adoptará el mismo criterio con las empresas chilenas de transporte aéreo o logística naval? ¿ Qué actitud adoptará el gobierno nacional respecto del radar británico-estadounidense en Tolhuin? Y nuevamente surge la pregunta incómoda: si corresponde hacerlo ahora, ¿por qué no correspondía hacerlo antes? Todos estos interrogantes fueron denunciados hace tiempo y en forma reiterada por organizaciones diversas como el Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional (Ieedn).
La cadena nacional abre una oportunidad. Debe ser apoyada porque Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida trascienden gobiernos, partidos e ideologías. Pero dentro de algunos meses habrá que mirar menos los discursos y más el presupuesto, las obras, los buques, los aviones, la munición, Petrel y Ushuaia.
Para el Gobierno esta decisión puede ser corcho o plomo: puede hacerlo flotar como el gobierno que recuperó una política de Estado o hundirlo bajo el peso de otra promesa incumplida.
Por ahora corresponde acompañar. Hasta que los hechos demuestren lo contrario.
* Exjefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA (Jemco.)
