El bloqueo de Trump por parte de Facebook y Twitter fue festejado por miembros del partido demócrata en Estados Unidos. Claramente el (ex) presidente republicano dio suficientes motivos para despertar el odio de sus opositores. Pero el elevado nivel de polarización que existe en Estados Unidos en los últimos años es el denominador común a la inestabilidad política del gigante del Norte. La polarización ha llegado a erosionar muchos consensos que existían en la sociedad norteamericana: la libertad de expresión es claramente uno de ellos.
Los tuits de Trump fueron bloqueados por incitar a la violencia y difundir información falsa. Difícilmente alguien pueda contraponerse a esto. Ahora bien, ¿cómo llegamos a que una compañía pueda bloquear a un presidente? Y no cualquier presidente, uno de los más poderosos del mundo. Lo que se hace evidente es que el Estado brilla por su ausencia. Si hay algo que debemos llevarnos de este escándalo, es que hay que avanzar en una regulación de los discursos en las plataformas. Los gigantes de la tecnología, que revisten características oligopólicas, han pasado a tener un rol muy grande en la sociedad como para funcionar sin control. Un rol que hasta pareciera incomodarlos.
Twitter, Trump y la libertad de expresión
Varios países han implementado regulaciones a las plataformas sociales por razones de seguridad púbica. Algunos, con el objeto de perseguir discursos opositores. Pero también hay varios que se han quedado con estructuras regulatorias desactualizadas. Estructuras que no logran hacer frente a los cambios que ocurrieron en el mundo de la comunicación. En cambio, Estados Unidos ha implementado regulaciones basadas en concepciones muy naif de la libertad de expresión. La section 230 es la regulación que quita responsabilidad a las plataformas por el contenido que se divulga en las mismas. Sin un Estado regulador para con para controlar los discursos de odio y proteger la libertad de expresión el sistema fracasa. Y esto es lo que evidencia el actual escándalo en Estados Unidos.
Las Big Tech como un nuevo tribunal
La prohibición de Trump resulta insuficiente y llega muy tarde (toolittle, too late). Tras años de permitir contenido discriminatorio de nada sirve ahora las sanciones impuestas a Donald Trump y sus seguidores. Las Big Techs han logrado darles una voz a millones de grupos vulnerables. Pero también, han crecido y se han beneficiado mucho gracias a que difundieron (sin penalidades) contenidos discriminatorios que incitan al odio, al racismo y al caos. Sin ir más lejos, Twitter ha sido la plataforma que más ha hecho crecer la popularidad de Donald Trump. Mucho antes de lanzar su carrera como presidente. También Facebook se vio beneficiada por colaborar con la campaña de Trump, como pudo verse tras el escándalo de Cambridge Analytica.
Las sanciones parecieran buscar desligarse de errores pasados. Probablemente logren lo contrario a lo propuesto. La paz social se verá más amenazada. Los fanáticos de Trump migraran a otras plataformas donde bloquearán a las personas que promuevan otras miradas. La polarización aumentará, habrá más odio y división entre facciones. Triunfa el tribalismo.
El CEO de Twitter, Jack Dorsey, dio explicaciones sobre la prohibición a Trump. Si bien reafirmó que la decisión fue correcta, más bien mostró su preocupación con el precedente que generaron. Incluso, se defendió diciendo que sus usuarios podrían migrar a otras plataformas si lo deseaban. Mientras tanto, un proveedor de servicios de Internet en el estado de Idaho bloqueó a Facebook y Twitter. Como una represalia por sancionar al presidente. No es la primera vez que las Big Tech entran en este tipo de disputas. Anteriormente Google y App store restringieron la descarga deuna red social donde migraban los fanáticos de Trump.
Lo que tristemente deja al descubierto las trifulcas entre las compañías es que el Estado ha dejado en manos de las corporaciones uno de los pilares fundamentales de una república: la libertad de expresión. Y esto esta teniendo grandes consecuencias en la sana convivencia democrática.
Una regulación por la libertad de expresión
Hay dos maneras de concebir la libertad de expresión. Una tiene que ver con la libertad de expresión como un bien en sí mismo. Para esta visión la libertad de expresión se alcanza cuando el estado no se entromete en nada, como si fuese un mercado de competencia perfecta donde una idea triunfa. Para estas ideas la regulación y la libertad son un oxímoron. La regulación norteamericana con la section 230 es un ejemplo de eso.
Otra visión tiene pone a la libertad de expresión como un medio para la democracia. Esta visión reconoce que el estado debe estar presente para lograr que todas las voces se escuchen, sobre todo las más silenciadas. El Estado debe restringir aquellos discursos de intolerancia que son potenciales amenazas a un debate robusto y abierto. Discursos que perjudican la connivencia sana y pacífica de la vida democrática. Pese a que la Corte de los Estados Unidos solía interpretar la primera enmienda de Estados Unidos reconociendo esta idea, se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo.
Creer que los contenidos en las plataformas pueden organizarse como se hacía los debates en la plaza es equivocado. Los algoritmos que privilegian contenidos sobre otros y la velocidad de difusión que tienen entre otros fenómenos de estas plataformas son una revolución. Auditar los algoritmos, observar de cerca los contenidos como lo hacen varios países de la Unión Europea debe ser un ejemplo a seguir. Y sobre todo ejercer los controles de libre competencia.
Twitter, Trump y el dilema que nos plantean las redes sociales
El paradigma de la intervención mínima ha mostrado su fracaso. Las sanciones de las corporaciones perjudican la libertad de expresión, incrementa el tribalismo y el caos. Las corporaciones no deben cargarse con la responsabilidad de promulgar un debate plural y abierto. Incluso, como afirma la jurista Daphne Keller, las Big Tech están mostrando una obediencia anticipada a lo que sería una regulación. En definitiva, para eso está el Estado.
