Uno de los debates que ha disparado el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires es el de la coparticipación y la noción de federalismo, traducido de manera simple, la discusión entre la Nación y las provincias por el destino de los recursos públicos. No estamos aquí frente a un problema de cálculo o negociación política, que los hay, sino a una cuestión de dinero.
Puede decirse que a una de las bisagras de esta primera etapa de la gestión de Javier Milei la impusieron los gobernadores. Hay que retroceder a comienzos de julio, cuando reunidos en el Consejo Federal de Inversiones de la Ciudad, el ámbito donde interactúan, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño acordaron impulsar en el Congreso iniciativas para normalizar el flujo de recursos a las provincias tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno nacional. Así se convirtió en ley el reparto automático de los llamados Aportes del Tesoro Nacional. Además, obtuvo media sanción en el Senado el reparto del impuesto a los combustibles líquidos. Como están las cosas, su sanción podría ser sólo una cuestión de tiempo.
A esa tensión con las provincias se superpuso, desde luego, la agenda parlamentaria que empujó desde entonces la oposición y a la que los gobernadores se sumaron, con mayor o menor compromiso. En la larga sucesión de derrotas oficialistas que siguió en el Congreso sobresalen la ley que declara la emergencia en discapacidad, con el rechazo del veto presidencial incluido; el aumento en las jubilaciones y el bono a las mínimas, la emergencia pediátrica, con epicentro en el conflicto en el Hospital Garrahan, y el financiamiento universitario, estas dos últimas vetadas este martes. Todas cuestiones, como sostiene Eduardo Fidanza, que impactan en símbolos (el maestro, el médico) de una sociología tan particular como la argentina, y que han gravitado negativamente estos últimos meses en el diálogo entre el Presidente y la clase media. Y como la caída en la imagen de Milei ha dejado en evidencia.
Javier Milei vetó la ley de distribución de ATN que pedían los gobernadores y la devolvió al Senado
El recorte de fondos a las provincias tiene traducción en las urnas, como se vio en la elección del domingo. El dato sobre el derrumbe en las transferencias de recursos de Nación destinados a la obra pública explica de algún modo la baja presencialidad, la derrota de los candidatos de Milei y el triunfo inusual del peronismo en algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires donde, por caso, el estado de las rutas es vital para el transporte y comercialización de la producción agropecuaria.
El economista Ricardo Delgado detectó que, de enero a agosto de 2023, último año de gobierno de Alberto Fernández, la Nación le transfirió, a cifras de hoy, $1,5 billones (millones de millones) a la provincia. Aun contemplando que fue un año impar, es decir, con elección nacional, y que incluyó el “plan platita” de Sergio Massa, la diferencia con los $104 mil millones que envió Nación a agosto de este año y los 95 mil millones del mismo período de 2024 es elocuente: las transferencias se redujeron más del 90%. “La obra pública se ubica en niveles mínimos históricos: en los primeros siete meses del año su gasto cayó 47,7% interanual medido a pesos constantes”, dice Delgado en el Monitor de Gasto Primario de su consultora Analytica.
Veto
La cuestión de la obra pública y su impacto en el campo estará presente con bastante probabilidad en la agenda de los gobernadores de Provincias Unidas que se reunirán temprano este viernes en Río Cuarto, Córdoba, un escenario ideológicamente significativo para el Presidente. Participarán el anfitrión Martín Llaryora; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Gustavo Valdés, de Corrientes; Carlos Sadir, de Jujuy, y Claudio Vidal, de Santa Cruz. Ignacio Torres, de Chubut, faltará con aviso: el miércoles firmó con el ministro de Economía Luis Caputo un acuerdo de reducción de deudas de la provincia. Al encuentro en Córdoba, al que se sumarán intendentes, le seguirá una reunión con la comisión de la Sociedad Rural de Río Cuarto más la mesa de enlace de productores provincial y nacional, en la sede de la Rural local.
El espacio de gobernadores independientes amenaza ser una caja de resonancia de la decisión de Milei de vetar la ley de reparto equitativo de los ATN. El acercamiento a las provincias que encarna el upgrade de Lisandro Catalán a ministro del Interior encuentra un obstáculo natural no solo en la debilidad objetiva hacia la que ha derivado la figura de Javier Milei (dicen que hasta debió llamar a Mauricio Macri). Los gobernadores están en campaña para la elección nacional de octubre y en muchos casos sus candidatos son adversarios de los candidatos que Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, brazos del armado político de Karina Milei, seleccionaron para, precisamente, vencerlos. No debe haber un triángulo más dañado en este momento en el oficialismo.
“No hay manera de querer entablar una mesa de diálogo si para empezar nos reciben con un veto. Hay mucha desconfianza. El Gobierno no parece entender la posición de debilidad en la que se encuentra”, coincidían anoche voceros del grupo de gobernadores de Provincias Unidas. En ese espacio se le recrimina a Milei la falta de compromiso para establecer un diálogo verdadero con las provincias, que reúna primero equipos técnicos, secretarios, ministros, que conozcan los temas, elaboren propuestas y lleguen a acuerdos para finalmente juntar a los gobernadores con el Presidente para la firma. “Pero como odian al Estado, no lo gestionan, los problemas se acumulan y estallan”, decían portavoces de Llaryora.
En contraste, ayer la flamante “mesa federal”, del Gobierno, con Guillermo Francos a la cabeza, reunió, en el Salón de los Escudos de Interior, con foto de rigor, a gobernadores que han sido hasta ahora aliados incondicionales de Milei: Leandro Zdero, radical, de Chaco; el mendocino Alfredo Cornejo, también radical, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, macrista. ¿Se enteraron allí del veto? Dicen que sabían. Pero hay una evidente falta de correspondencia entre ambos hechos, la convocatoria a los gobernadores y la impugnación a la ley. Otra asincronía: los mismos tres acordaron meses atrás alianzas electorales con La Libertad Avanza en sus provincias (dos de esas alianzas llevan el color púrpura y la sigla LLA). El escenario era otro.
Zdero, Cornejo y Frigerio les pidieron a Francos, Catalán y al ministro Caputo que convoquen a una instancia de negociación con las provincias “aliadas y dialoguistas” sobre el veto a la ley ATN, previa a la discusión en el Congreso, donde como ocurrió con la emergencia en discapacidad, tiene destino manifiesto de rechazo. Además quieren discutir la modificación del impuesto a los combustibles, con media sanción en el Senado, y el Presupuesto 2026, que el Gobierno debería mandar el lunes al Parlamento. Milei gobierna a discreción con el Presupuesto 2023, el último que votó el Congreso. Gobernaban Alberto Fernandez y Sergio Massa.
ML
