miércoles 18 de mayo de 2022
OPINIóN Análisis político
17-12-2021 16:09

Presupuesto 2022: cinco razones para una reforma productiva necesaria

La República Argentina no tiene rumbo ni visión hace muchas décadas. Hemos quedado varados en un limbo de decadencia del que no podemos salir hasta el presente, donde cualquier intento de modificar esta realidad es descartado de plano bajo el pretexto de “no se puede”.

17-12-2021 16:09

Ante el reciente debate que calentó el Congreso durante más de 20 horas, es oportuno analizar por qué terminamos como el perro que se muerde la cola girando en círculos sin poder avanzar.

Un diagnóstico muy conocido

Hace 10 años que nuestro país no crece ni crea nuevos empleos. La caída del PBI en 2020 fue del 9,9%, pero esta podría considerarse del 50% con respecto al año anterior si consideramos que hemos pasado de u$s 445.000 millones a 400.000 millones, pero en términos de dólar paralelo la diferencia es mayor, pasando de los primeros puestos a nivel mundial a comienzos del Siglo XX, a estar hoy en el número 70.

El desempleo es de apenas el 10,2%, esto debido a la incidencia de los planes sociales, lo que podría colocarlo en el 25%. La inflación superior al 50%, la pobreza es del 44% y el 60% de los menores de catorce años son pobres. Estos, y otros indicadores (1) hablan de una situación terminal.

Presupuesto 2022: el dilema opositor

La República Argentina no tiene rumbo ni visión hace muchas décadas. Hemos quedado varados en un limbo de decadencia del que no podemos salir hasta el presente, donde cualquier intento de modificar esta realidad es descartado de plano bajo el pretexto de “no se puede”. Esta falacia esconde los intereses de algunos actores, entre ellos políticos y sindicalistas que, durante añares debido a la crisis devastadora que vivimos se han visto sacudidos en sus cimientos; pero aún así se aferran a intereses un tanto mezquinos.

El país requiere medidas urgentes y contundentes, arriesgándome a decir que todos, en más o menos, sabemos cuales son las mismas, que incluyen: 1) ordenar la forma en la que el Estado obtiene sus recursos mediante una nueva economía formal y una tributación del Siglo XXI, 2) utilizar mejor los recursos obtenidos, 3) fijar nuevas reglas de juego en materia laboral, 4) eliminar regulaciones absurdas que sean un obstáculo para la producción y 5) rediseñar la estrategia diplomática para hacer viables las medidas necesarias, porque como veremos el verdadero problema no es económico, sino político.

El defecto argentino radica en todo lo que hemos dejado de producir ni hemos desarrollado las nuevas formas de hacerlo, ocupando el gasto un lugar de menor intensidad considerando la depreciación de nuestra moneda en los últimos años. Hasta ahora mucho se habló del tema pero nadie se animó claramente, como se dice en la jerga, a ponerle “nombre al borrego”. Por ello nos proponemos explicar sin muchas vueltas en qué lugar estamos, y hacia donde queremos ir.

 

1) Reforma fiscal

En materia impositiva esta demostrado que el peso de los impuestos es una mochila que hoy hace inviable toda la actividad económica. Los números son elocuentes: Hay 42 impuestos nacionales, 41 impuestos provinciales y  83 “tasas y contribuciones” municipales. Total: 166.Este esquema como está planteado actualmente, mete mucha presión al bolsillo de los individuos y las empresas (2); pero al momento de traducirlo en recaudación, el presupuesto nacional arroja un déficit crónico anual que va de los u$s 15.000 a unos u$s 20.000 millones. Es decir, hay muchos impuestos, se produce poco y la evasión es grande.

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Es por ello que resulta imprescindible concentrarnos en los 5 tributos que concentran el +90% de la recaudación, acto seguido reducirlos a una alícuota que sea pagable por la ciudadanía. Es decir, que la regla no sea intentar evadir, sino que el cumplimiento de las obligaciones se torne mandatorio para el contribuyente debido a las facilidades que se le brindan.

Esta nueva puesta en marcha del país, según nuestra visión, requiere solventar el primer año un déficit aproximado de unos 50.000 millones de dólares. Es decir, hace falta un plan creíble por los organismos internacionales y privados de crédito, acompañado por las reformas en materia laboral y burocrática; y el correspondiente apoyo popular a la decisión. En ese contexto de desarrollo, los sectores del “no se puede” cederán ante la fuerte presión de un país que quiere trabajar, producir e invertir.

 

¿Cuánto recauda el Estado argentino en impuestos?

El presupuesto del año 2019 indicaba que el gobierno recauda en todo concepto unos u$s 192.000 millones por año. El 59% queda en la administración nacional y el 41% se reparte entre las provincias, lo que conocemos como coparticipación federal e ingresos de los gobiernos locales.

 

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¿Cómo recauda el Estado nacional?

De los 192.000 millones de dólares que el Estado argentino tenía previsto recaudar en 2020, el 94,4% corresponde a IVA, Ganancias, Cuentas Corrientes, Seguridad Social y Recursos aduaneros. Son 5 los rubros que abarcan casi la totalidad de los ingresos, pero el universo de los impuestos argentinos se compone de más de 160. Es un número absurdo, considerando que, las normas y los tributos por regla general deben ser pocos, de fácil compresión y cumplimiento.

¿Cómo se explica entonces semejante voracidad fiscal para que se justifiquen 166 impuestos, tasas y contribuciones, cuando apenas 5 recaudan casi el 95%?

A esta altura los números nos demuestran lo ridículo que es tener tanta carga fiscal, resultando esto en una piedra en el zapato de la vida de las personas y empresas, frente a un Estado que no estuvo presente cuando lo hemos necesitado y que especialmente en estos dos últimos años dio por tierra con todos los mitos del populismo.

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2) Gastamos mucho y mal

Cuando revisamos ese 59% (u$s 113.000 M) de los u$s 192.000 millones de ese total nacional, vemos que el 50% se destina en Seguridad Social (léase planes y jubilaciones). Más adelante veremos que del 41% que se llevan las Provincias, el 50% va a empleo público. En efecto, la mitad del dinero que utiliza el Estado Nacional se utiliza para pagar jubilados y planes sociales, y la mitad que va a las Provincias se gasta en contratos de trabajo (3). Lo cierto en este punto es que la presión impositiva, sumado a las reglas laborales y otras regulaciones no permiten producir, de esta manera es imposible salir adelante.

 

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¿Cómo gastan las Provincias?

Cuando analizamos el gasto público de las Provincias, vemos que esa tajada del 41% (u$s 78.000 millones) de los u$s 192.000 millones, el 58% va destinado principalmente a contratos de empleo con el Estado. En efecto, la mitad de lo que gasta la nación se va en jubilaciones y planes, mientras que las provincias lo aplican en relaciones laborales.

 

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3) La reforma laboral

No queda duda alguna que la actual Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744 votada por el Congreso el 13 mayo de 1974) quedó vetusta, principalmente en la cuestión indemnizatoria. Se está discutiendo hace tiempo una modificación que modernice el régimen indemnizatorio, creando un Fondo Nacional de Cese Laboral – en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social – con el objeto de reemplazar paulatinamente todas las indemnizaciones por extinción de contrato de trabajo previstas por el Título XII de la Ley 20.744 y sus correspondientes modificatorias. El contexto para la modificación nunca fue más propicio: (i) Economía devastada por los efectos de la pandemia COVID-19; (ii) Más del 40% de trabajo informal; (iii) Carencia de inversión de capitales extranjeros y nacionales que impiden la creación de puestos de trabajo genuinos y, (iv) Un régimen indemnizatorio leonino (con doble indemnización –DNU 34/19– y que imposibilita al empleador a despedir sin causa).

El espíritu de la modificación es la creación de fuentes de trabajo y el respeto de los derechos adquiridos por los trabajadores. Sin empleo genuino y registrado no sólo pierde el Estado al no poder recaudar los impuestos y aportes correspondientes al Sistema Único de Seguridad Social, sino también los trabajadores que deben resignarse a laborar en la más absoluta clandestinidad laboral, sin aportes, sin cobertura de una A.R.T., sin Obra Social y ningún otro de los beneficios que da la registrabilidad. En concreto, el proyecto de ley buscar dar estabilidad al sistema laboral, tomando como base el modelo establecido por la Ley 22.250 previsto para empleados de la construcción.

Finalmente, aquellos trabajadores que no se encuentren o estén parcialmente registrados tienen todas las herramientas previstas por la Ley de Contrato de Trabajo (incluyendo las sanciones por incorrecta registración, especialmente Ley 24.013 y Ley 25.323) para reclamar ante los órganos administrativos correspondientes y la Justicia del Trabajo la indemnización que por derecho corresponda. Ergo, los derechos de los trabajadores no serán vulnerados ni socavados por la modificación. A contrario sensu, como el aporte al Fondo de Cese Laboral deberá ser realizado ex-ante por el empleador, tendrá previsibilidad en el cobro de su indemnización sin necesidad de recurrir a la justicia. En este orden de ideas, como complemento de lo dicho, en futuras publicaciones hablaremos de las reformas al sistema de jubilaciones y a la ley de obras sociales, fuente principal del financiamiento de los sindicatos argentinos.

 

4) Eliminar regulaciones absurdas

Los gobiernos de la nación, las provincias y los municipios no pueden ser obstáculo para la producción mediante normas disparatadas. Esa pared a la producción que son las 69.000 regulaciones existentes deben disminuir al nivel mínimo necesario, entre ellas trabas al comercio exterior y un absurdo régimen de sustitución de importaciones que se ha extendido hasta el 2038. El Estado debe ser un aliado para el crecimiento, no una barrera para el desarrollo.

En tal sentido, el país lidera en la región el índice de mayor complejidad para cumplir con las regulaciones comerciales, además Argentina está cuarta entre los 84 países con más dificultades para cumplir con las reglamentaciones. En efecto, quien produce deber sortear barreras como los controles de precios o bien que la Secretaría de Comercio Interior los intime a quienes “poseen la mayor solvencia económica” a operar hasta el máximo de su capacidad instalada mientras dure la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, bajo amenaza de aplicarles la Ley de Abastecimiento a las que no cumplan.

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5) Política exterior

Quienes ejercen roles en la administración pública normalmente están acostumbrados a gastar recursos y tener una agenda meramente local, pero cuando se llega a la primera magistratura, éstos toman verdadera noción que desde el primer día de mandato por lo menos la mitad de su rol se vuelve internacional. Es por ello que el Estado Federal debe optimizar los recursos del Servicio Exterior de la Nación a través de una reestructuración de la presencia argentina en el exterior, con un marcado énfasis en el área de promoción comercial y la atracción de inversiones. Ello implicaría una redistribución de las sedes diplomáticas, como así también, de la dotación y el perfil de su personal.

Asimismo, uno de los ejes de la política exterior debería concentrarse en la negociación, conclusión y ejecución de tratados de libre comercio con países con mercados complementarios así como también otros de menor alcance que involucre a las Pymes. La internacionalización de la economía argentina resultaría clave para la generación de las tan necesarias divisas. Para alcanzar los objetivos de política exterior resulta imprescindible reconocer a los aliados que realmente se ajusten a los intereses nacionales, en base a la democracia y el desarrollo humano, lo que implica una de las mayores tareas: generar confianza, previsibilidad y liderazgo.

En resumen, hemos visto a muy grandes rasgos en que consiste cuanto y como recauda el gobierno nacional, en que gastamos y como lo distribuye entre a las provincias, y cual es el déficit anual dentro de este esquema. Entonces, llegó la hora de convertir ese rojo fiscal crónico en un modelo de país viable, productivo y pujante.

 

 


(1) El riesgo país alcanzó los 1816 puntos, alcanzó el nivel más alto en 14 meses. La caída del PBI en 2020 fue de 9,9%, pobreza 40,6%, el 60% de los menores son pobres y en el conurbano bonaerense ese número llega al 70%. La presión fiscal en torno al 45% sobre la actividad productiva. Hay control de precios y congelamiento de tarifas. Amenazas de sanciones de organismos como Afip y permisos para exportar e importar. Las multinacionales que dejaron el país en 2020 son 20, y los valores de las locales están en los más bajos de los últimos 10 años. Este cóctel que en el pasado fue explosivo, como ocurrió en 1989 y 2001; hoy podría ser un paso más en la destrucción del aparato productivo al mejor estilo chavista.

(2) En un ranking elaborado por www.datadriven.com, la presión fiscal a las empresas en Argentina lidera tristemente la región con el 106,3%, seguida por: Bolivia con el 83,7%, Venezuela con el 73, Colombia con el 71, Brasil con el 65,1%, México con el 55,1%, Uruguay con el 41,8%, Panamá con el 37,2% , Perú con el 36,9%, Paraguay con el 35% (promedio mundial 40,5%).

(3) Dato de interés: El Estado Nacional es el principal evasor de la Ley de Contrato de Trabajo y el Principio de Estabilidad Laboral de los empleados estales. Ello, con la instrumentación de figuras ajenas a las previstas en la Ley 20.744, como el monotributo y la sub-contratación.

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