Una de las formas de poder acceder a la Corte Suprema de Justicia para que ésta como último y máximo intérprete de la Constitución revise una sentencia es mediante el recurso de queja. Su interposición no suspende la tramitación de la causa la cual sigue su curso, pero existen casos en donde la Corte Suprema al advertir que puede haber una manifiesta violación de los derechos invocados resuelve suspender el trámite durante la resolución de recurso de queja mediante una decisión fundada o bien con la firma de dos jueces solicita el expediente principal para analizar si "abre" el recurso de queja y en los hechos la solicitud tiene efectos suspensivos por cuanto mientras está el expediente en la órbita del tribunal la causa no puede seguir tramitado. Usualmente la Corte Suprema actúa cuando previamente se dictó una sentencia definitiva, pero a lo largo del tiempo como excepción, fue estableciendo casos en los cuales a pesar de no verificarse la existencia de una sentencia definitiva igual operaba su jurisdicción; especialmente en situaciones donde aquello que se resolvía excedía el interés de las partes y afectaba a la comunidad en su conjunto.
En la causa "Vialidad" la Corte Suprema, ante el planteo realizado por las defensas respecto de la violación del debido proceso mediante la interposición de un recurso de queja, dos opciones: la primera era esperar que en el juicio oral se dicte una sentencia condenatoria confirmada por la Cámara de Casación, y posteriormente, resolver los planteos de nulidad por conculcación del derecho de defensa. La segunda era suspender la tramitación del proceso, resolver los planteos y evitar una eventual revocación de la sentencia. Entre las dos consideró que frente a la demanda de transparencia de la sociedad era más idónea la segunda alternativa. El problema fue que equivocó la vía procesal. En lugar de dictar una resolución explicando claramente su postura, decidió pedir el expediente al tribunal oral federal mediante una simple providencia sin ningún fundamento.
El temor a la pérdida de legitimidad democrática producto de la reacción social irradiada por distintos medios y redes llevó a la Corte Suprema a emitir un inédito "comunicado con contenido normativo" a partir del cual es posible que ocurra una situación anómala. Por un lado, la tramitación de un juicio oral que puede terminar en una condena penal, y paralelamente, la revisión de la Corte Suprema de lo resuelto en materia probatoria por las instancias inferiores, que de ser admitido, implicaría la nulidad del juicio en trámite.
Junto a lo jurídico la Corte Suprema también pretendió enviar un mensaje político en torno a la no contaminación del proceso electoral que se avecina mediante la evitación del juicio oral que comenzará el 21 de mayo. Si bien el rechazo social lo impidió, la Corte Suprema se guardó como as en la manga resolver el recurso de queja interpuesto en el tiempo que estime conveniente, y de esta forma, ubicarse nuevamente entre lo jurídico y lo político.
*Doctor en Derecho (UBA). Profesor de derecho constitucional (UBA-UNLPam).
