El domingo El Salvador dio inicio al calendario electoral latinoamericano, que se completará con las elecciones presidenciales en Panamá, Guatemala, Bolivia, Argentina y Uruguay. Según los datos del Tribunal Supremo Electoral la participación fue del 44% sobre un total de 5.268.411 millones de salvadoreños habilitados para votar, por debajo de los niveles registrados en las elecciones presidenciales de 2014.
En la sexta elección presidencial luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, el candidato del Partido GANA Nayik Bukele logró la mayoría del 53,%, logrando ser elegido como presidente para el periodo 2019-2024, en primera vuelta. Por su parte el candidato de ARENA, Carlos Calleja quedó en segundo lugar con un 31,77%, seguido por el ex canciller Hugo Martínez por el oficialista FMLN con un 14,41 %.
La victoria de Nayib Bukele, exalcalde de San Salvador quien habiendo pertenecido al FMLN se presentó a esta elección por fuera de los partidos tradicionales, con gran presencia en las redes sociales; no dista de las últimas experiencias electorales en las cuales candidatos “Outsiders” encuentran un fuerte respaldo como canalizadores de las demandas insatisfechas de sociedades descreídas de la clase política.
Este escenario se puede explicar, en parte, por la crisis de representación que atraviesa la región. Tal como refleja el Informe Latinobarometro 2018 los niveles de confianza han caído en América Latina y hay una pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas. En el país centroamericano solo el 11% se siente satisfecho con la Democracia, bastante por debajo del 24% que representa la media regional.
Hay una percepción instaurada en las sociedades latinoamericanas de que los gobiernos no actúan para el bien del pueblo, sino “para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”. En el caso de El Salvador esta creencia es sostenida por el 86% de los ciudadanos. Ésta tendencia negativa es compartida por la mayoría de los países de la región, donde el desplome de la aprobación presidencial encuentra su punto más bajo desde 1995 cuando comenzó a realizarse el estudio.
El aumento de la desconfianza no se da únicamente en el Ejecutivo, sino que también encuentra correlato en los otros dos poderes del Estado. En el caso del Legislativo, la confianza hacia el Congreso tiene una media regional del 21% que en El Salvador desciende al 10%. Lo mismo sucede con el Poder Judicial que obtiene un nivel de confianza del 24% en la región, y en el país centroamericano cae al 14%.
Los partidos políticos tampoco escapan a dicha realidad y se enfrentan a serios desafíos que explican los resultados del domingo y genera interrogantes hacia su función más elemental: ser intermediarios entre la ciudadanía y el Estado. En el plano regional, obtienen una confianza del 13%, y en El Salvador se reduce al 5%, uno de los más bajos. Lejos de pensar que la salida se encuentre en la ausencia de estas instituciones vitales para la Democracia, lo necesario es que se acerquen a los ciudadanos y respondan satisfactoriamente sus demandas.
El 1 de junio es la fecha acordada para que asuma el presidente electo de El Salvador. No hay dudas que la cuestión de la seguridad y el abordaje de las pandillas será la gran demanda ciudadana que deberá afrontar el nuevo gobierno El Salvador tiene una tasa de homicidios en torno a 51 cada 100.000 habitantes y en su territorio operan varias pandillas, entre ellas la Mara Salvatrucha MS-13.
Si de gobernar se trata, no menor será la necesidad de trabajar en acuerdos legislativos que garanticen la gobernabilidad. El partido GANA solo cuenta con 10 de 84 diputados, lo que le exige generar consensos con los partidos tradicionales, especialmente con la derecha que domina el actual Congreso, en funciones hasta el 2021.
(*) Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (COPPPAL). Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador.
