Recientemente, Andrés Malamud (Universidad de Lisboa), expresó en el diario La Nación con mucha claridad que: "Un golpe de Estado es la interrupción inconstitucional de un jefe de Gobierno por parte de otro agente estatal y en Bolivia se interrumpió el mandato del presidente, no hubo destitución parlamentaria sino una renuncia forzada por una "sugerencia" y las fuerzas armadas fueron las que terminaron de definir la situación. Además, el accionar militar no se justifica por las irregularidades detectadas por la OEA porque Morales ya había acatado el informe y convocado nuevas elecciones. Los golpes de Estado pueden ser: restauradores, moderadores, burocrático-autoritarios o revolucionarios y Bolivia podría responder a la primera o la segunda opción, en función del régimen que lo suceda. El restaurador busca reconstruir un orden anterior, pre-democrático, generalmente conservador y excluyente. El moderador busca regenerar una democracia herida".
A partir de esta exposición teórico-práctico, aquí sostendremos primero que es cierto y claro que en atención a los hechos acaecidos hubo un golpe de Estado en Bolivia. No hay dudas de ello.
A partir de esto, lo segundo que sostendremos, es la necesidad de discutir la naturaleza de lo que podemos denominar un neo golpe de Estado. Este neologismo se vuelve necesario, al decir de Santiago Leiras (UBA) quién twitteó (@Leiras2C) oportunamente: "Tenemos un gran desafío: crear lenguaje de siglo XXI para explicar procesos de quiebre institucional de siglo XXI. El último golpe clásico probablemente haya sido el del año 2002 en Venezuela".
Por esto, proponemos que en Bolivia el neo golpe de Estado bien podría reformularse en los siguientes términos: Un neo golpe de Estado es aquel comunicado de carácter indirecto, mediático y con fines a la restricción parcial o total del uso de los atributos del poder presidencial.
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Este neo golpe de Estado perpetrado en Bolivia fue un mensaje indirecto (en clave de sugerencia) del líder de las fuerzas armadas, Williams Kaliman Romero, quien configuró simbólicamente un acto verbal de potencial agresión física efectiva (enmarcada dentro de una semántica que los actores políticos y sociales interpretaron como real) y que no hizo más que trasladar la responsabilidad de los hechos –políticos, jurídicos, sociales y militares- posteriores al propio presidente, de acuerdo a la reputación ya instalada (valores morales e institucionales) respecto de Evo Morales, quiera es visto como un actor político que fraguó su legitimidad y legalidad por el fraude electoral señalado tanto desde los apoyos internos como de la OEA.
La respuesta de Morales, por su parte, a esta versión de neo golpe de Estado fue claramente no responder asumiendo la responsabilidad trasladada por el líder militar Kaliman sino devolverle el manejo de la situación de crisis asignándole toda la responsabilidad del conflicto sobreviniente imputándole retroactivamente y prospectivamente la reputación que ya estaba instalado en el sentido común (histórico) de las sociedades de América Latina: Las fuerzas armadas son golpistas.
Como bien explica Luciano Elizalde (Universidad Austral), en estos escenarios se puede ver cómo se configuró claramente un ordenamiento que permitió ver que: “Donde aparece el líder, la información circula. La aparición del líder en situaciones complejas genera una mimesis y copia de lo que se dice y hace. El líder es más importante, como medio de comunicación, que los medios internos” (2017). De este modo se entiende las la importancia radical de los sujetos en su dimensión comunicativa y las dinámicas grupales que se sucedieron detrás de los posicionamientos de Morales y las fuerzas militares.
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Así, el disenso quedó plasmado en su máxima expresión en tanto los principales liderazgos funcionaron como los principales medios de comunicación del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas exponiendo un enfrentamiento en grado de escándalo ascendiente hasta la crisis, en donde las responsabilidades finalmente fueron asumidas de modo diverso: Uno -el militar- atenuó el escalamiento del conflicto y el otro -el político- evadió la responsabilidad de la administración del conflicto. De ahí, que continúan en curso dos estrategias discursivas y versiones sobre los hechos en oposición irrestricta hasta el momento bordeándose la fractura de la sociedad.
Lo que nos queda en este punto por discurrir es si este neologismo es útil o no a los efectos de poder capturar el comunicado de las fuerzas militares y analizar sus efectos acaecidos sobre el sistema político.
Finalmente, como tercer punto a dilucidar, en atención a la imposibilidad sobreviniente de diálogo real y consensos institucionales mínimos factibles de llevarse a cabo por parte de los precitados actores, y que la oposición también mantiene una posición irrestricta amenazante ante toda crítica o divergencia en las figuras de los liderazgos de Mesa, Camacho y principalmente la auto proclamada presidenta Jeanine Añez, nos queda por analizar desde una óptica político comunicacional que estamos presentes ante un gobierno de baja legitimidad, dudosa legalidad y de carácter transitivo (si fueran finalmente sus únicos fines) con la responsabilidad fáctica de sortear la crisis o bien ingresar en una dinámica que podríamos denominar, parafraseando a un término acuñado por Guillermo O` Donnell, como al juego imposible del Bolivia.
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El país hermano, inmerso en esta dinámica de bloqueos continuos simbólicos y/o reales, potenciales o actuales entre los principales actores de gobierno y administración podría transcurrir en este caso en un juego imposible si no se alcanza el resultado esperable de pacificación y ordenamiento social e institucional por vía de sus actores representativos habilitándose entonces a actores militares, no representativos o excluidos, para que influyan con su apoyo y marquen nuevas reglas de juego y soluciones con fines a dotar de un nuevo equilibrio y estabilidad al sistema político.
El desafío ya está en curso mediante la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio que realiza la convocatoria a la conformación de un nuevo Tribunal Supremo para la realización de nuevas elecciones generales en el país, pero a los que ni Morales ni García Linera podrían presentarse como candidatos, en atención a los mandatos consecutivos ya ejercidos en el Poder Ejecutivo.
Todo esto entonces, como caldo de cultivo, expone una condición clave de las democracias constitucionales actuales. Marcelo Escolar (UNSAM) explica que esta condición clave sirve para entender una importante paradoja democrática, en cabeza de los órganos electorales de gobierno, quienes tiene que dar certidumbre al proceso electoral pero nos tienen que asegurar a todos por igual (gobierno y oposiciones) de un resultado de la votación final nada menos que incierto, es decir, asegurarnos la incertidumbre del ganador.
Es decir, la gobernanza electoral tiene como finalidad en verdad asegurarnos una incertidumbre. Nadie debe saber, ni determinar, ni asegurar de antemano, el resultado en una elección. La real libertad política entonces se pone en juego en la libre elección y decisión ciudadana sin coerción ni coacción alguna, menos de los que gobiernan. Este es el desafío actual a concretar por el gobierno de transición y la oposición.
Las preguntas y escenarios están planteados. Esperemos que las respuestas y resultados sean lo más civilizados y fructíferos para la estabilidad y pacificación social en pos de superarse las imágenes de neo golpes de Estado, oposiciones radicalizadas, conflicto social, gobierno de facto y un nuevo juego imposible en Bolivia.
* Analista de Asuntos Públicos.
