El sistema previsional está en la mira hace tiempo. Se ha transformado en un problema estructural para cualquier gobierno y de cualquier orientación ideológica. Hasta ahora, el sistema político no lo quiere resolver de manera integral.
Las jubilaciones y pensiones representan el 54,5 % del gasto público primario. Para algunas miradas, esta situación es inviable desde el punto de vista fiscal. Para otros el problema no es el impacto fiscal, sino que el país no crece ni se desarrolla.
No faltan tampoco los que plantean urgentes reformas (parches): achatamiento de la pirámide (a contramano de los fallos de la Corte Suprema de Justicia), cambios de la fórmula de movilidad de haberes, ampliar la edad jubilatoria, licuar progresivamente los ingresos de los que no hicieron aportes en tiempo y forma, separándolos del resto de los jubilados y hasta los que quieren cambiar el sistema de seguridad social, progresivo y equitativo en manos del estado. Esto último parecería más difícil dado los antecedentes escandalosos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
En diciembre de 2017, la gestión de Mauricio Macri modificó la fórmula de actualización de haberes. Luego de una fuerte oposición social y política, se convirtió en ley. El costo político para el gobierno de entonces fue muy alto y representó un quiebre con la sociedad.
En ese marco, estábamos quienes sosteníamos que se trataba de un ajuste a los jubilados, pensionados, excombatientes y beneficiarios de la AUH. La realidad nos daría la razón (ver cuadro).
Comparación de las Fórmulas de Movilidad Jubilatoria
Como se puede ver en el cuadro anterior, elaborado por la Diputada Nacional Graciela Camaño, en la comparación de las fórmulas de movilidad los jubilados y pensionados perdieron un poco más de 50 mil millones de pesos en un año. Un ajuste al sistema previsional que significó menos consumo, medicamentos, servicios.
Mientras esto ocurría con los jubilados, la Argentina vivía en el atajo fácil de la especulación financiera y fuga de capitales, que iba hipotecando a la Argentina.
- Emergencia y suspensión de la formula de movilidad
En diciembre de 2019, el nuevo gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández manda al Congreso Nacional la denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, conocida como Ley de Emergencia. Tras un debate exprés, se sanciona. Y entre otros temas, se suspende el régimen de movilidad jubilatoria.
Luego de las multitudinarias marchas del año 2017 en contra del cambio de la fórmula de movilidad de los haberes, pasamos en diciembre de 2019 a no tener ninguna fórmula de movilidad y solo el compromiso que el presidente de la Nación propondrá una nueva en 180 días de sancionada la Ley. Mientras tanto, habría aumentos de los haberes por decretos.
La Argentina pendular se ve en este tema de manera muy clara.
Los recientes aumentos por decreto no garantizan un aumento para todos los jubilados del 11,56%, que hubiera correspondido con la anterior formula, y deja mucha incertidumbre por el aumento del 13% para el próximo mes de junio, según hubiera correspondido con la formula suspendida.
Queda claro que la suspensión de la fórmula de actualización de haberes -sin que se proponga ninguna alternativa-, significa un ajuste del sistema previsional y del gasto primario. No es que sea virtuosa la fórmula que diseñó el gobierno de Macri. Como demostramos más arriba esa fórmula les sacó a los jubilados más de 50 mil millones de pesos de sus bolsillos en un año y ni hablar si sumamos indirectamente el impacto de las tarifas, precios de medicamentos, alimentos, inflación, etc.
Producto del cambio de contexto macroeconómico los jubilados iban a recuperar poder adquisitivo, que en años anteriores con la misma fórmula habían perdido. Recordemos que el cálculo estaba compuesto por una suma que contemplaba el 70% de la variación trimestral registrada por el índice de precios del INDEC y el 30% de la evolución que en igual período haya tenido un índice salarial llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
El debate pendiente
La política está en deuda con nuestros jubilados. El sistema previsional hace agua por todos lados. Se crean fórmulas de actualización de haberes que siguen un crecimiento económico para un país que decrece. Se proponen fórmulas de aumentos que siguen a la inflación, en un país inflacionado que inflaciona todo el sistema.
Con un mercado laboral informal, pauperizado, con desempleo, cambio permanente de reglas de juego y alta carga impositiva, no se puede sustentar por sí mismo el sistema de ahorro previsional en manos del Estado. Tampoco se sustentó el sistema privado porque el sistema financiero se llevó la tajada más importante de las jubilaciones.
Estamos ante una dinámica en el cual estamos debatiendo todo el tiempo -según pasan los gobiernos- y no resolvemos el problema de fondo.
Urge la definición de una política previsional estructural para ir hacia un sistema que esté a la altura de las circunstancias y de nuestros viejos. Tal vez, el desafío es generar las condiciones que nos permitan combinar diferentes tipos de ahorro: privado del individuo, una pensión básica universal del Estado y componentes de aportes del trabajador activo, dentro de un país normal.
