Piquetes, cortes de rutas, acampe el plena Avenida 9 de Julio, graves disturbios en la Provincia de Chubut, entre otros acontecimientos que suceden en Argentina expresan la ira que padece una sociedad muy golpeada por recurrentes crisis económicas, decepciones con sus gobernantes, pérdida de empleos, cierres de comercios, industrias y el sector de las PyMEs totalmente arrasado por la actual coyuntura.
El trabajador sobreviviente soporta una presión fiscal extrema, la cual, según los expertos, se traduce con el siguiente ejemplo: “una persona debe trabajar seis meses para el pago de sus impuestos, mientras que los ingresos de los restantes seis meses son aplicables para la subsistencia anual propia y la de su grupo familiar”.
A todo esto, algunos padres -cuyos ingresos así lo permiten- envían a sus hijos a escuelas privadas, a fin de asegurarse que cumplirán el ciclo lectivo anual y que acudirán a clases con normalidad, obligaciones básicas y elementales que el Estado no garantiza, a pesar de la presión fiscal existente.
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En Salud, en algunas localidades del Conurbano como también en ciertas provincias, la gente debe permanecer desde la madrugada haciendo largas filas en un hospital -muchas veces sorteando las diversas inclemencias climáticas- en procura de un turno médico y muchas veces no lo consigue o se lo fijan para un mes después. Por esta razón, algunos ciudadanos poseen medicina prepaga abonando altísimos costos mensuales. El Estado no les responde, a pesar de la carga tributaria que afronta.
La crisis no sólo afectó a los más necesitados, sino que tuvo sus implicancias en los sectores medios de la sociedad. Nadie puede subsistir con tasas superiores al 100% anual que percibe un Banco por financiar compras con las tarjetas de crédito que, en la mayoría de los casos, son gastos de comida y/o de productos de primera necesidad y/o pagos de tarifas, lo cual se tradujo en la caída en recesión por pérdida del poder adquisitivo de la población.
El Congreso sancionó la Ley de Emergencia Alimentaria, como consecuencia que un sector de nuestra Argentina padece “hambre”, lo cual no es producto de un discurso opositor, sino que es la lamentable realidad resultante de una política económica que falló y cuyas secuelas están a la vista.
Estos antecedentes terribles para toda la ciudadanía (sin nombrar otros como la inseguridad, la inestabilidad cambiaria, los tarifazos, etc.) son los causantes de la denominada “ira social”.
El argentino está enojado con todo y con todos, ya sea el que trabaja, el desempleado, el que no le alcanza el dinero, el comerciante que cerró su local, el ciudadano que se va del país, etc.
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Ante esto es deber ineludible de toda la dirigencia política argentina establecer pautas en lo inmediato a fin de morigerar los estados de ánimo de la población.
Desde el reciente resultado de las elecciones PASO se han tomado medidas económicas que son paliativas, pero lo concreto es que no se las pueden calificar como decisiones de fondo, toda vez que, visto en perspectiva, nada ha cambiado en lo sustancial.
Entiendo que llegó el momento de dejar de lado especulaciones electorales y gobernar con el objetivo de llegar a diciembre con el menor impacto social que esta coyuntura económica es potencialmente apta de generar.
