La grieta se replica nuevamente. No resulta ilógico pues ha sido la estrategia política que utilizaron ambos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri para aumentar su caudal electoral, a lo largo de los años en los que les tocó gestionar los destinos de la Nación. Curiosamente, coinciden en atacarse mutuamente sobre cuál de los dos gobiernos fue el que más presionó a la justicia. Trágicamente, nadie pelea en la Argentina por un Poder Judicial independiente. Hagamos un repaso sobre la cuestión:
Trágicamente, nadie pelea en la Argentina por un Poder Judicial independiente
Pocos días han pasado desde la realización de una nueva denuncia que apunta a evidenciar las injerencias que sufriera la justicia por parte del Poder Ejecutivo. En esta oportunidad, la denunciante fue la Dra. Cristina Fernández quien aludió a las declaraciones de la Dra. Ana María Figueroa, relativas a las presiones sufridas por funcionarios de la gestión “macrista”. Como consecuencia, el diputado nacional del Frente de Todos Martín Soria, denunció una sistemática metodología que tenía por objetivo lograr fallos afines y en particular respecto de la causa que entiende en la legitimidad o improcedencia del “Memorandum de entendimiento con Irán”. Esta acción, se suma a las reiteradas críticas sobre las prisiones preventivas aplicadas contra varios ex funcionarios, referentes sociales y empresarios cercanos entre los cuales se encuentran: el ex Ministro de Planificación y Servicios Públicos Arq. Julio De Vido, el ex Ministro de Hacienda Lic. Amado Boudou, la dirigente social de la agrupación “Tupac Amaru” Milagro Sala, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, entre otros. El núcleo duro kirchnerista coincide en que se estaba retrocediendo a tiempos oscuros en los cuales la existencia de presos políticos era moneda corriente; consideran que aquellas detenciones tampoco podrían haber sido de no estar en un escenario caracterizado por el “lawfare”.
El primer gobierno de CFK abrió una etapa en la que los distintos actores de la oposición repudiaban la intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito judicial condicionando el accionar de jueces y fiscales. La prescripción, la demora o inacción en resonantes denuncias como la que apuntó al financiamiento electoral por parte del Estado venezolano, la relativa a la adquisición del ex Ministro de Economía Amado Boudou de la imprenta “Ciccone Calcográfica” o los diez procesos que se mantienen abiertos con el objeto de determinar si existió direccionamiento de la obra pública, lavado de dinero, pago de coimas, defraudación al Estado, etc., que apuntan directamente a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, son algunos de los ejemplos más notorios. La reinterpretación de “la prisión preventiva” que devino en la liberación de varios detenidos por las mencionadas causas sumada a las últimas acordadas de distintas instancias del Poder Judicial para liberar presos en el marco de la pandemia causada por el Covid-19 les provocaron suspicacias respecto del independiente accionar de la justicia.
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La desconfianza sobre la justicia no surge únicamente de la política; la sociedad civil también padece del descreimiento de su derecho a la justicia desde hace por lo menos dos décadas; las encuestas dan cuenta de ello. La injusticia genera desigualdad ante la ley y una concentración de poder favorable a intereses privados perjudiciales para el bien público. Para tener una genuina República, es imprescindible un Poder Judicial independiente e idóneo. Estas máximas serán de imposible cumplimiento toda vez que la República Argentina siga padeciendo la configuración actual de su Consejo de la Magistratura. Éste órgano colegiado ejerce la toma de decisión tras las votaciones que se dan en su plenario, el cual está integrado por: un representante del Poder Ejecutivo, dos abogados, tres diputados, tres senadores, tres jueces y un miembro de la academia. En resumen, el oficialismo cuenta con cinco de los trece integrantes debido a que cuatro legisladores lo representan, acompañados por el representante del Poder Ejecutivo; un porcentaje que asciende a un 38,46% del total del plenario. El Consejo se encuentra facultado para: confeccionar ternas destinadas a la cobertura de las vacantes producidas en juzgados y tribunales inferiores, imponer sanciones disciplinarias o iniciar los procedimientos de remoción a magistrados que incurrieran en faltas, cometieran ilícitos o desconocieran el derecho. Su mal funcionamiento permite el ejercicio de jueces parciales favorables a intereses espurios que tienen como consecuencia la injusticia.
En este sentido, es importante destacar que en la actualidad, gracias a la reforma que impulsara Néstor Kirchner durante su gobierno, la influencia de los oficialismos de turno es hegemónica. ¿Qué quiere decir esto? El partido gobernante tiene un porcentaje de participación que está en condiciones de bloquear las decisiones de todo el arco opositor en conjunto: el porcentaje que detenta, mayor al 33%, obstruye el accionar del resto de los consejeros debido a que jamás alcanzarán el 66% restante. El equilibrio exigido por la reforma constitucional de 1994 fue vulnerado; su reinterpretación, basada en términos políticos partidarios, acerca a los gobiernos a nombrar y defender a jueces amigos y a castigar jueces enemigos. Al no entender que la justicia, tal como decía Alexis de Tocqueville, debe asumir un rol contra mayoritaria para estar en condiciones de defender inclusive a las minorías, las condiciones estructurales para una administración judicial eficiente continuarán ausentes en una Argentina que se gobierna con falaces rasgos republicanos.
La controversial interpretación plasmada en la Ley 26.080, modificatoria de la composición original del Consejo de la Magistratura estipulada por la Ley 24.937, fue judicializada y hoy duerme en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia desde hace 5 años. Lo penoso de esta realidad, es que al parecer, ni a la máxima instancia del Poder Judicial le interesa realmente que se haga justicia.
*Politólogo y consultor en administración judicial.
