“Va a durar lo que deba durar", señaló el Presidente Fernandez, quien insistió en que "el problema de la economía no es la cuarentena, sino la pandemia”. Casi simultáneamente, el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti opinó que la cuarentena debe tener un límite temporal y que con las medidas para combatir la pandemia "los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales", enfatizando (sin hacer una expresa alusión al gobierno nacional) que "hay un riesgo de autoritarismo a nivel mundial si la emergencia se prolonga en el tiempo".
Al cabo de más de dos meses, se está asistiendo, conjuntamente con un lento proceso de desacatamiento de la rigurosa cuarentena, a una eclosión de manifestaciones reclamando más apertura, que no son caprichosas, sino que responden a la imperiosa necesidad de medidas para evitar la destrucción de las economías, no solo globales, sino individuales, y que afecta en muchos casos a la propia supervivencia.
Claro está que hay un sector de la población que no protesta: es aquel que depende en forma directa o indirecta de las arcas públicas o de aquellos que por la presión sindical no ven afectados sus ingresos a pesar de no trabajar (por ejemplo, empleados del Estado, docentes, judiciales, etc.)
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El derrumbe económico en la Argentina es enorme: en el primer trimestre la caída anualizada supera el 17%, deteriorando fundamentalmente a los sectores más vulnerables, a quienes se alega defender.
La cuarentena no solamente afecta a las finanzas familiares, sino a las públicas. La caída excepcional de la recaudación, que se compensa con una emisión monetaria sin precedentes, masa de dinero que se inyecta en la economía, explica la desconfianza en una inexistente moneda nacional y por ende la expectativa de una devaluación, que alimenta la brecha cambiaria entre el dólar oficial, y el único al que la mayoría puede acceder, el llamado blue.
Adicionalmente la Argentina se encuentra en un virtual default, que de no resolverse en las próximas semanas agravaría aún más el escenario económico. Sus consecuencias pueden ser gravísimas, no sólo porque el crédito al erario nacional desaparezca, de hecho ya no existe, sino porque haría imposible la financiación internacional al único motor potencial de una recuperación económica, que son las empresas privadas.
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Es en este contexto que el Presidente Fernández planteó que no planea convocar a economistas, relegando al anunciado en los albores de su gobierno, el Consejo Económico y Social.
Innegable es que hasta el presente, desde el punto de vista sanitario, la conducción del proceso de la pandemia ha obtenido resultados satisfactorios. No obstante, a esta altura de su desarrollo, y atento lo señalado anteriormente, se hace imprescindible atender a un triple vector: el sanitario obviamente, pero además el económico y también el psicológico, considerando el cansancio que la duración del encierro genera a la población. Ya no basta sólo con un comité de expertos en salud.
Este múltiple enfoque requiere un urgente abordaje, que excede a las posibilidades no sólo del Presidente, sino de un unilateral grupo de expertos sanitaristas.
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Frente a la enorme complicación que esta pandemia genera, sería arrogante afirmar que la solución a los problemas sea fácil y esté al alcance de la mano. Todo lo contrario.
Es por eso, que se requiere la concurrente opinión de expertos en las distintas áreas para ayudar a su formulación. No se está diciendo en estas líneas el QUÉ hacer, sino el CÓMO acercarnos a paliar los problemas y encarar la pospandemia.
Pensar que una persona o un reducido número de ellas atienda esa búsqueda, sería algo cercano a la soberbia.
