A lo largo de 2020 la discusión del hábitat ocupó la agenda pública en dos momentos precisos. En primer lugar, a raíz del encierro compulsivo bajo la premisa “#quedateencasa”. La incertidumbre producida por la pandemia y un sistema sanitario con las limitaciones propias de un país empobrecido, aconsejaban reducir al máximo la circulación del virus y conseguir tiempo para equiparlo. Las organizaciones populares, la Iglesia y líderes históricos de barrios populares desnudaron sus deficiencias en materia de acceso a servicios básicos y su hacinamiento. El fallecimiento de Ramona Medina (42 años) el 17 de mayo en el Hospital Muñiz, dos semanas después de difundir en redes un mensaje de alarma por la falta de acceso al agua en Villa 31, escaló el problema.
El otro momento tuvo lugar a partir del 21 de julio, a raíz de la toma que unos 1902 grupos familiares y mayores solos hicieron de casi 100 hectáreas en el pequeño y periférico municipio de Presidente Perón, uno de los 40 que rodean la Ciudad de Buenos Aires situado en el extremo sudoeste de nuestra región metropolitana. La toma de Guernica, sin ser la única, es la más importante de las conocidas hasta ahora. No parecería casual que ocurra en un municipio del que pocos recordaremos liderazgos políticos significativos. El 84% de los hogares relevados explicaron su presencia por haber perdido la fuente de ingresos con que pagaban su alquiler.
La toma de Guernica, sin ser la única, es la más importante de las conocidas hasta ahora
Los dos hechos narrados son distintos, casi contemporáneos y están vinculados por dos bienes que compiten entre sí desde la llegada del virus: la salud y la economía. Varios analistas formulaban este interrogante en las primeras semanas de encierro: “¿cuánta pandemia tolera nuestra economía?”
Una nota característica de la pobreza extrema es vivir al día, con lo puesto, sin despensa y con heladeras vacías, que no enfrían más que agua. Esos hogares deshilachados, que no saben a la mañana lo que comerán por la noche, licitan su fuerza de trabajo cada día al mejor postor y confían la alimentación de su prole a comedores comunitarios, una red que articula esfuerzos públicos y privados, y que resulta esencial para afrontar crisis extremas como la que estamos atravesando.
Entre 2001 y 2010 la proporción de inquilinos en la ciudad de Buenos Aires pasó del 22 al 29%. Nada distinto de lo que ocurre en Berlín, Nueva York o Barcelona. Aquí y allá, la tierra ha dejado de ser un bien de uso para transformarse en uno de cambio, una mercancía con la que se puede especular. En la ciudad formal, y sobre todo en países de bajo tenor institucional, como el nuestro, un proceso de desalojo lleva tiempo. En las villas y asentamientos, mercado perfecto -con múltiples oferentes y demandantes-, sin regulación estatal alguna, el desalojo ocurre intempestivamente y no aparece en los medios, como sucede en la ciudad formal. En aquellos barrios jóvenes los “propietarios” de la tierra, sus ocupantes o quienes a ellos compraron el derecho de uso, construyeron pisos altos con la expectativa de una renta futura, siguiendo el paradigma nacional de ahorrar en ladrillos para protegerse de la inflación. Dura es la ley, pero es ley al fin- proclamaban los romanos. Eso que parece impracticable en nuestro sistema político por nuestra característica anomia, es moneda corriente en los barrios populares.
Simplificando, la no circulación de personas establecida a raíz del Covid afectó significativamente el sector de la construcción, las empresas de servicios, el empleo doméstico y todo lo que gira en torno al cuentapropismo (feriantes), exponiendo principalmente a inquilinos de villas y asentamientos al no pago de alquileres y su desalojo compulsivo.
La no circulación de personas establecida a raíz del Covid afectó el sector de la construcción, las empresas de servicios, el empleo doméstico y todo lo que gira en torno al cuentapropismo
Guernica. Tierra para vivir es el título de un cortometraje producido hace días. Una de sus escenas registra de manera patente nuestra decadencia nacional, la africanización de la Argentina, un país en que nos llenamos la boca por nuestra potencial capacidad de alimentar 400 millones de seres humanos. A la puesta del sol, la cámara registra a uno de los ocupantes del gran predio usurpado cocinando unos cuises que acaba de cazar con gomera junto a tres compañeros... Además del alimento, nuestro enorme y despoblado país no es capaz de garantizar el acceso al suelo de sus habitantes. Esos casi 2000 jefes de hogar que soportaron el crudo invierno no están pidiendo casas; solo exigen un pedazo de tierra para vivir. “La idea no es que nos regalen o venir a vivir gratis, sino que nos den la posibilidad de tener algo propio, algo nuestro. Es el sueño de todos, creo. Es eso, es el futuro, es el mañana”, dice una mujer con un niño en brazos. Es la esposa de Blas, el cazador.
A poco tiempo de establecido el encierro, el gobierno dispuso el IFE (Ingreso Federal de Emergencia), pero soslayó los efectos que la parálisis económica provocaría en materia habitacional en villas y asentamientos a raíz de su elevado nivel de inquilinización, cercano al 30/40% en CABA. Las tomas de tierras suscitan encendidas polémicas y producen un efecto imitación si los gobiernos no reaccionan de inmediato. Atravesados por circunstancias sanitarias y económicas inciertas, hogares expulsados de la base de la pirámide social usurparon tierra periférica para refundar su historia.
*Arquitecto. Presidente de la Fundación Tejido Urbano. Ex presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad (CABA). Ex Director Provincial de Integración Barrial en PBA.
